Guerra contra las libertades
Marco Rascón


Aunque Osama Bin Laden es un producto netamente estadunidense, el ataque del 11 de septiembre sirvió para hacer girar las armas contra Irak… pero también contra los derechos de los ciudadanos de Estados Unidos.

Gracias a la "guerra contra el terrorismo", la presidencia de ese país pasó de la ineptitud a la arrogancia; del cuestionamiento a los poderes excepcionales. Todo el Congreso se subordinó a las prioridades militares fijadas en la declaración de guerra de George W. Bush, quien, surgido del fraude en Florida, se convirtió junto con Rudolph Giuliani en el símbolo de la defensa patriótica y los valores occidentales. Bush pasó del discurso defensivo al ofensivo, a la guerra del bien contra el mal, y si no estabas con ellos estabas contra ellos.

Derivado de esto, los medios fueron censurados y autocensurados; la crítica fue reglamentada y declarada complicidad con el enemigo: la mediocridad tomó el poder en el mundo. El arte, el cine, la cultura, todo fue afectado. Las alertas, las amenazas de virus, ataques con ántrax, muros en la frontera sur, resurgimiento del racismo y poderes extraordinarios de las policías para espiar, allanar domicilios y torturar se legitimaron. Del miedo infundido surgió el patriotismo para movilizar la industria de la guerra y hacer de los más pobres, los indocumentados, maras y pandilleros de los suburbios, una nueva versión de los soldados mercenarios a cambio de obtener estatus de ciudadanía y pensiones. Mientras se negaba y restringía el acceso a la seguridad social, el ejército ofrecía todo a los soldados de la fortuna.

George W. Bush dijo al mundo que su objetivo era detener a Saddam Hussein y liberar a Irak de su dictador. El resultado significó en la realidad la destrucción del país; no encontraron las armas atómicas ni biológicas que sirvieron de justificación para la invasión, y sí bombardearon pueblos y ciudades; deshicieron su economía, y en uno de los pocos estados laicos, donde convivían en su parlamento chiítas, sunitas y kurdos, se fomentó de nuevo el odio separatista y religioso. Mediante una misión policiaca para detener a uno se usaron recursos de guerra contra todos los iraquíes.

La invasión a Irak dejó de preocuparnos al resto del mundo, pues fueron prohibidas las imágenes cruentas para evitar otro Vietnam, dados los efectos del napalm y el comportamiento de los soldados estadunidenses.

La "guerra contra el terrorismo" tomó como rehén a un país con petróleo, porque los objetivos no eran la seguridad de nadie, sino la defensa de los grandes intereses económicos de los países participantes en la rapiña.

El asunto no se ha terminado, porque siguen tirando bombas y torturando en Guantánamo (leer los testimonios recientes sobre "Anita"); la diferencia es que ahora han vuelto la vista al sur, donde hay condiciones de exportar la guerra y llevarla a Colombia, Venezuela o Cuba.

México es también un mercado de guerra y el flujo de armas no cesa. La "guerra contra el crimen" con su violencia gradual, planificada, de intensidad crónica, expande su economía y contrae la nuestra. La violencia en espiral y sin explicaciones destruye la unión federal y el que era nuestro próspero norte ahora se remata. ¿Quién lo está comprando? ¿Qué mejor muro que la violencia en la frontera sur? ¿Qué mejor justificación para criminalizar a los indocumentados?

Una vez desestabilizada la población rural por el abandono, las opciones para miles de jóvenes campesinos es la migración o el sicariato. En tres años, miles de mexicanos han matado a otros miles y eso deja una huella profunda entre gobierno y sociedad, en cada pueblo, barrio y regiones enteras, que será difícil cerrar en años. ¿Quién declarará el final de la guerra? ¿Cuando acabe el narcotráfico?

Por otro lado, el modelo Bush es excelente para contener y desarticular todo ascenso de masas por libertades democráticas y derechos. La "guerra contra el crimen organizado" ha metido en cintura al Poder Legislativo, al Judicial, al Ejército, a las empresas telefónicas, a los medios de comunicación, a las minorías y mayorías, a las fuerzas vivas, al empresariado, a los sindicatos.

La guerra gubernamental se ha convertido ya en una ofensiva contra las libertades ciudadanas y no hay oposición coherente contra este proceso en marcha. No hay buenos y malos, sólo fuego cruzado y una sociedad civil que busca refugiarse en la neutralidad. La histeria y el miedo van en ascenso; es encontrarnos con un país violento, lleno de retenes, y mientras los marinos andan en tierra, el país se ahoga cancelando sus demandas por libertades, derechos, reformas sociales y economía justa.

Los medios ya no reportan luchas sociales, sino forman en cada mexicano un policía que investiga quién es el asesino. Son clases masivas, didácticas y mediáticas mientras se va controlando el derecho a la radio y televisión comunitarias, al uso de la Internet y la telefonía celular.

La guerra gubernamental es fundamentalmente contra las aspiraciones de transformación del pueblo mexicano.

http://www.marcorascon.org

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Soldados asesinos
Ricardo Rocha
Editorial: El Universal

Martes 13 de abril de 2010



Síntesis de mi entrevista con Cinthia Salazar, de 28 años, madre de Bryan de cinco y Martín de nueve que el sábado 3 de abril fueron asesinados por soldados en un retén militar cuando viajaban de Nuevo Laredo a la playa de Matamoros, Tamaulipas:

“Íbamos de vacaciones… mi esposo Martín, que venía manejando nuestra troca, mis cinco hijos —tres niñas y dos niños— mi hermana embarazada, mi hermano y una vecina… Entonces vimos un retén de militares; nosotros pensamos que nos iban a hacer la parada, bajamos velocidad, bajamos los vidrios… Pero no nos pararon, no nos dijeron nada, ni un señalamiento… Nada… Así que nosotros pasamos despacio… Cuando empezamos a sentir los primeros disparos por atrás… Luego más… Y ya de plano nos empezaron a balacear y nos tiraron granadas… Luego mi esposo cayó porque le destrozaron su brazo y su mano… Entonces me salí con una toalla a gritarles a los soldados “¡No nos tiren… no nos tiren… llevamos niños!” —¿Antes que ustedes había otros coches en el retén? —No, no, la carretera estaba completamente sola —¿Está usted segura que no les hicieron señal de pararse? —Sí claro que sí, mire nosotros ya sabemos qué hacer en los retenes, si ellos quieren revisar ponen conos, sacan banderas rojas, se ponen en medio… No, ellos nos dejaron pasar y nos dispararon… Andaban drogados, no sé… Pero fue cuando entre los balazos alcancé a cargar al más pequeño, Bryan y fue cuando me lo mataron y luego luego se me desvaneció todo pa’ tras… Y vi a mi marido salir todo ensangrentado y se lo di como pude y fui a buscar a Martín, el de nueve… Como que quiso salir de la troca y lo mataron de un balazo en la espalda —¿Y las niñas?

—Gracias a Dios no estaban heridas y pudimos huir corriendo hacia el monte.

La familia Almanza Salazar logró llegar a un hospital. Ahí, un sargento Hernández les pidió su domicilio y media hora más tarde cinco vehículos militares llegaron ahí y la casa fue saqueada. Desde entonces han sido vigilados, interrogados e intimidados por los soldados que no respetaron ni el funeral de los niños que ellos mataron.

Cinco días después del crimen, el secretario de Gobernación dijo en un comunicado oficial que “Un grupo de sujetos armados atacaron a elementos del ejército quienes repelieron la agresión en una carretera… y derivado de esos enfrentamientos lamentablemente fallecieron dos menores Bryan Almanza Salazar de cinco años y Martín de nueve”.

¿Usted a quién le cree, a Cinthia Salazar o a Gómez Mont?

PD. No empleé ni un solo adjetivo. No hizo falta. Ni en el título.


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Immigration adviser faces fraud charges

RCMP say clients paid $2K to $100K

By Frances Willick,
Source: The Windsor Star


A Windsor man working in the field of immigration consulting has been charged with 11 counts of fraud after allegedly bilking clients of up to $100,000.

Francesco Salvatore (Sam) Burgio, 45, of Amherstburg, is facing two counts of fraud over $5,000 and nine counts of fraud under $5,000.

An RCMP investigation found that clients of Burgio and Associates had paid the firm between $2,000 and $100,000 to submit applications to Citizenship and Immigration Canada on their behalf, but that the firm allegedly failed to file those documents.

While the yearlong investigation has yielded 11 alleged victims so far, the RCMP believes there may be others. Officers said victims may have been reluctant to come forward out of fear that their immigration status could be compromised, or out of embarrassment at having been allegedly defrauded.

Roughly 30 small claims lawsuits have been filed against Burgio or his firm dating back to the 1990s. Lauree Pasqualitto took Burgio and Associates to court in 2005, claiming that the company failed to file U.S. citizenship applications for her son after she paid Burgio US$1,500 to do so. "He kept telling me to be patient," she said in an interview last fall. "He always said, 'Don't worry. The applications are in.' (He had) every excuse in the book. I should have known the guy was a scam right from Day 1."

Pasqualitto said she repeatedly called the U.S. Department of Homeland Security to ask whether the documents had been filed, and was told the government had no record of the application. When she confronted Burgio, he had even more excuses, Pasqualitto said. "(Burgio) would say they're lying. He even said to me, 'Did you get the man's name so I can have him reprimanded?'"

According to court documents, though Burgio eventually acknowledged the firm had failed to process the application in a timely manner, the court dismissed the case because Pasqualitto was not able to prove damages.

Pasqualitto has reported her story to the RCMP, but isn't sure whether her case is included in the criminal charges announced Thursday. She said she was "just ecstatic" to hear of the charges against Burgio. "Hopefully he will get what is coming to him because it was years of aggravation for me and my family."

In another small claims court case, a University of Windsor student claimed she paid Burgio and Associates $6,250 to help her gain employment authorization and permanent residency status. Originally from China, the woman claimed Burgio's firm failed to file an appeal on her behalf, even though her contract with the company obligated it to do so.

While Burgio obtained a doctorate of law from the University of Detroit, he is not a licensed immigration lawyer nor a licensed immigration consultant. The Canadian Society of Immigration Consultants, which regulates the consultancy industry, revoked Burgio's membership on May 5, 2006.

But Burgio tells a different story, claiming he voluntarily withdrew from the association because he was "quite offended" by the group's English language writing test requirement. During an interview last November, Burgio also claimed he withdrew because he found the delays and standards in the Canadian immigration system to be "totally unacceptable."

Since Burgio is not legally permitted to practise law or consultancy in Ontario, he says he hires licensed lawyers to work for him. "I say this confidently: I've been successful over the years that I can afford to pay lawyers to work for me."

When confronted about the civil cases against him, Burgio admitted it's possible his firm had wronged some clients. "I'm sure there's always one or two clients that maybe we did do wrong," he said. "We simply have to accept that and we have to compensate that person or deal with it in some other way."

He blamed the application delays on the slow Canadian immigration system and on mistakes made by his paralegal employees. Burgio said the economy, too, likely contributed to the number of civil cases against him, as clients facing tough financial times tried to recoup their legal fees through the court system.

Burgio gestured around his opulent office to point out the number of gifts that have been given to him by former clients as a token of their appreciation. "I hate to say this, but I find that oftentimes, an engineer is known for the bridge that fell down and not for the bridges that he designed successfully. That's the same with me. The overall picture -- I've helped a lot of people along the way. And there have been a few blemishes, and we try to reduce them as we go along."

Burgio will appear in court today for a bail hearing. The maximum sentence for convictions of fraud over $5,000 is 10 years in prison. Convictions of fraud under $5,000 carry a maximum prison term of two years.

The RCMP are asking anyone who may have been victimized by Burgio to contact the Windsor RCMP at 519-948-5287.

fwillick@thestar.canwest.com or 519-255-6806