Municipio, fisco y violencia

Marco Rascón

Ha sido en los municipios, exactamente en la base de las formas de gobierno, en la más abandonada y la más injustamente tratada por las políticas, de participaciones fiscales, presupuestales, políticas y de gobierno, donde el orden del país se ha roto. La crisis del municipio libre es palpable, siendo una de las banderas de justicia de la Revolución Mexicana.

Toda la obra de la Independencia y la Revolución ha sido destruida por los contemporáneos, llámense de derecha, centro e izquierda, partidos y gobiernos que no entendieron a cabalidad la importancia del municipio y menos de una hacienda pública para su fortalecimiento; por eso hay que refundar el país entero desde la base, aislando en todos los bandos a los demagogos, los perversos, los inquisidores, los profesionales de la manipulación, los salvadores creadores del hartazgo.

El país está en guerra, lo metieron ahí para resolver con violencia y militarismo lo que no han hecho con política, con visión de estadistas ni con obras.

Por eso nadie cree en ninguno de los bandos en guerra y porque la fuente y la espiral de la violencia no tiene rostro y es de una misma familia, que convivía en paz y ahora se disputa los mismos territorios. Si Genaro García Luna dice que los criminales organizados pagan 15 mil millones de pesos al año a los policías municipales, eso significa que existe un Estado dentro del Estado. Eso significa que nos hemos balcanizado, que las definiciones de "guerra" y "terrorismo", nos acercan a la aplicación de la "limpieza étnica", las fosas comunes, el genocidio y, por tanto, al paramilitarismo sin rostro, que surge de una guerra basada en el aniquilamiento.

De la declaración de Genaro García Luna sobre la influencia financiera del crimen organizado sobre las policías municipales se desprenden consecuencias de fondo para el Estado mexicano y la Federación, esqueleto de la República. No sólo la pérdida del control territorial, de la información básica para instaurar políticas de seguridad, de las comunas y los gobiernos locales, sino las que se relacionan con la hacienda pública y el fisco, como base de la representación política.

A 200 años del inicio de la Independencia, un balance bicentenario es que nunca ha existido realmente la hacienda pública con impuestos equitativos y justos. La visión criolla ha subordinado la hacienda pública para favorecer el saqueo y por ello, el financiamiento estatal proviene de la explotación de los minerales, los bosques, las materias primas, el petróleo, la expoliación de los pequeños productores, el impuesto al trabajo, la exoneración y el subsidio a los acumuladores de riqueza. Los enredos fiscales de hoy, segregan al territorio.

La pérdida de los municipios a manos del poder surgido de la ilegalidad en la venta de drogas, convierte en justicieros a los que protegen en los municipios a los ciudadanos, de las políticas fiscales absurdas, enredadas, complicadas. El crimen legaliza la evasión creados por las leyes fiscales injustas e inequitativas.

Hoy la guerra se financia con petróleo, deuda, gasto corriente que debería servir para la educación, la alimentación, el fomento productivo, la investigación, la modernización y la salud. La guerra del gobierno contra la estructura municipal perdida (sin contar los recursos que fluyen a otros niveles de funcionarios judiciales estatales y federales) es negocio para los vendedores de armas al mismo tiempo que inhibe la actividad productiva y contribuye a la recesión. Lo dicho por García Luna implica que el gobierno federal y los gobiernos estatales han perdido a miles de causantes que en estos municipios subsidiados por el narcotráfico se han liberado del impuesto sobre la renta, IETU, prediales, tenencias y hasta impuestos a las gasolinas, pues se dice que en el Golfo existe un mercado paralelo a Pemex que vende petróleo al menudeo y más barato.

Si esto es así, con base en el dato de García Luna, la guerra no sólo se extiende, sino que nos remite a imágenes del porfiriato como "los colgados", el bandidaje de los salteadores de caminos al estilo de los de Río Frío y que hoy se dan hasta en las autopistas.

La desatención a toda la estructura municipal del país, por todas las fuerzas políticas, se refleja porque siempre han sido vistos como fuente de votos, clientelas y no de propuestas de buen gobierno. Todos van a los municipios a sacar y no ha llevar, y por ello, están arrebatados por las fuerzas de la ilegalidad con recursos que provienen y se agrandan paradójicamente de la ilegalización de las drogas y la persecución que le ha dado más valor. Es importante recordar que no se trata de legalizar, sino despenalizar.

En cada municipio del país hay una raíz de la historia nacional. Haber perdido el control de la seguridad básica sólo demuestra la perversidad de quienes han utilizado la hacienda pública, los presupuestos y los recursos sin distribuir equitativamente. De un país construido crónicamente en la injusticia y que ahora se destruye, se enfrenta y se desborda.

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El debate sobre la legalización de la mariguana

Javier Flores

 

La aceptación del licenciado Felipe Calderón Hinojosa de que se abra un debate acerca de la legalización de la mariguana, tiene la virtud de que muchos funcionarios, personajes de la vida pública y sectores de la sociedad, que permanecían callados ante un tema considerado tabú, de pronto se sientan liberados para expresar sus puntos de vista sobre lo que podría ser vía para resolver de raíz un problema que ha sido convertido en el principal reto para la seguridad pública en México.

Aunque hubo luego una aclaración oficial, pues en un comunicado emitido por la presidencia de la República, se dijo que Calderón está contra la legalización de la mariguana, pero que acepta abrir el debate al respecto. Esta precisión obliga, al menos a los miembros de su gabinete, a los funcionarios de su gobierno, a la Secretaría de Salud y a los integrantes del Partido Acción Nacional –no hay que olvidar que una legalización tendría que pasar por el Congreso–, a mantenerse en la postura que ya de por sí tenían contra la despenalización. Como quiera que sea, se trata de un movimiento muy interesante, pues con todas las limitaciones que se le quieran ver, introduce un nuevo elemento que marca, así sea sutilmente, un cambio en la estrategia de la guerra contra el narcotráfico. Es un mensaje para alguien.

Nunca ha estado claro cuál es el objetivo de haber declarado una guerra al narcotráfico. Y yo no creo que se trate sólo de un problema de comunicación. En un primer momento, el propósito era salvar a los jóvenes mexicanos del infierno de las adicciones, a lo que Calderón se ha referido como “… la esclavitud de siglo XXI”.

De pronto, ocurrió algo, a lo que a mi juicio no se ha prestado suficiente atención: En una entrevista con la cadena CNN realizada el 28 de marzo de 2010, Calderón Hinojosa afirmó: Mi objetivo principal no es acabar con las drogas ni eliminar su consumo. Eso es imposible. Entonces, el propósito se convierte en algo confuso, pues se trataría de terminar con algo con lo que es imposible acabar. Es evidente que en el más alto nivel del gobierno federal se producen oscilaciones en las ideas sobre el narcotráfico, la fármacodependencia y cómo enfrentarlos.

En diciembre de 2008, en una entrevista realizada por el periodista Óscar Mario Beteta, que fue difundida ampliamente por la sala de prensa del gobierno federal, Calderón se opuso tajantemente a la idea de legalizar las drogas. Pero resulta interesante una de las razones que expresó en ese entonces para justificar su postura; la falta de un consenso a escala internacional, en particular con Estados Unidos, lo que convertiría a México en una especie de paraíso para los narcotraficantes: “… entraríamos al peor de los mundos”, dijo.

Sin embargo, resulta que nuestros vecinos están avanzando en la discusión para legalizar la producción, el transporte, distribución y consumo de la mariguana, al menos en California, y en otros estados ya es legal en ciertas condiciones, como su empleo con fines medicinales. Al primero que yo escuché advertir sobre esta contradicción, hace ya varios meses, fue al ex canciller Jorge Castañeda. Tiene razón, pues México estaría haciendo el ridículo poniendo los muertos para evitar que la droga llegue a manos de quienes han decidido tenerla. Lo anterior muestra que los escenarios internacionales sobre los que basa el gobierno la oposición a legalizar la mariguana han ido cambiando.

Es cierto que el tema de legalizar la mariguana no es algo sencillo e involucra muchos factores. Uno es el de la violencia y otro es económico. En la primera sesión del Diálogo por la Seguridad, realizada la semana pasada, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, presentó algunos datos que permiten atisbar el rostro de esta guerra.

Ahí se dio a conocer el número oficial de muertos: ¡28 mil!, así como las detenciones, decomisos de droga, acciones de policías y soldados… en fin, los cuadros de la violencia. Sin embargo, lo que no se dijo, es cuánto representa esta decisión –tomada unilateralmente–, en términos económicos. Yo no cuento con los datos precisos (y estoy seguro de que muy pocos los tienen), pero tengo la impresión de que es una pesadilla que nos está saliendo muy cara.

Estos recursos bien podrían ser empleados en la prevención y el tratamiento de las adicciones en especial en el grupo de menores de 15 años. Y esta es la dimensión que me parece la más importante, pues la despenalización puede verse también como una herramienta para enfrentar un problema de salud pública. En México, hay alrededor de 450 mil farmacodependientes.

Lo que me parece sorprendente es que se afirme, como lo hace el Secretario de Salud de México, que la legalización de la mariguana provocará el aumento del consumo y, en consecuencia, el del número de adictos. Afortunadamente la ciencia ha superado las etapas de los arúspices, magos y adivinadores.