AMLO: eliminar a Marcelo
En pocos años, López Obrador cometió parricidio político con Cárdenas, mató políticamente a Rosario Robles y a todo ese grupo...
Ricardo AlemánEn realidad, el objetivo de ese escándalo político y mediático —que exhibe la grosera cultura antidemocrática de los amarillos— es aplastar las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard, a quien torpedean, desde distintos flancos, los grupos políticos y mediáticos que están dispuestos a todo para quitarlo del camino de López Obrador.
Entre los grupos radicales de la llamada izquierda, que a toda costa intentan imponer la candidatura presidencial de López Obrador —y al mismo tiempo eliminar a Marcelo Ebrard—, están los grupos políticos encabezados por la pareja de Dolores Padierna y René Bejarano, dueños de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN); Martí Batres, de Izquierda Social (IS), y la Red por la Unidad de las Izquierdas (Runi).
Esos grupos crearon un poderoso bloque que no sólo busca acabar con las aspiraciones presidenciales del jefe de Gobierno —para despejarle el camino a AMLO—, sino que pretende apoderarse de la sucesión de aquél en la Jefatura de Gobierno del DF. No es todo, ya que en ese mismo bloque también están el Partido del Trabajo y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano), partidos familiares que usan todos sus recursos políticos y económicos no sólo para apoyar a AMLO, sino para derribar a Marcelo.
Pero, además —y por si no fuera suficiente—, también son parte de los propagandistas de AMLO y de los sectores que apuestan por dejar fuera de la llamada izquierda radical a Marcelo, el diario La Jornada y el semanario Proceso: dos poderes mediáticos que olvidaron por completo su tarea periodística, para convertirse en propagandistas de López Obrador y de su proyecto político-electoral. Pero también hacen el papel de golpeadores de Marcelo y de los adversarios del tabasqueño.
Sin embargo —y a pesar de lo evidente—, nadie se atreve a explicar las razones por las que todo un bloque de la llamada izquierda se propuso tirar a Marcelo Ebrard de la contienda presidencial. Las razones las explicamos ayer en este espacio: lo quieren fuera de la contienda porque Marcelo Ebrard es el único precandidato presidencial capaz de encabezar una alianza PAN-PRD contra el PRI de Enrique Peña Nieto. En realidad la embestida del pasado domingo contra el jefe de Gobierno es un nuevo capítulo de la alianza AMLO-Peña Nieto, que se coaguló para impedir la alianza PAN-PRD en el Estado de México.
Y seguramente muchos fanáticos del tabasqueño —acólitos que no razonan, sino que, ciegos, sólo insultan— tienen dudas sobre el “filicidio político” que intenta AMLO contra su hijo político, Marcelo Ebrard. Bueno, si no creen, vale la pena que recuerden que desde enero de 2000 López Obrador inició una estrategia para eliminar electoralmente a su padre político, Cuauhtémoc Cárdenas.
Si recurrimos a la memoria, recordaremos que, en pocos años, AMLO cometió parricidio político con Cárdenas, mató políticamente a Rosario Robles y a todo ese grupo, y escapó sin rival rumbo a Los Pinos. Si no lo creen, pueden consultar el Itinerario Político del 19 de diciembre de 2001, titulado “PRD: ¿parricidio político?”, en donde detallamos la forma en que López Obrador destruyó a sus adversarios políticos, con tal de convertirse en candidato presidencial.
La historia se repite hoy. López Obrador ya decidió eliminar a su hijo político y, si para ello es necesario destruir al PRD, lo hará, sobre todo porque ya tiene garantizado su lugar en la boleta electoral de julio de 2012, sea por el PT, sea por Convergencia. Lo curioso del caso, sin embargo, es que si AMLO destruye al PRD —desde su cómoda posición de jefe de facto del PT y Convergencia—, y si nadie es capaz de recordarle o reclamarle, que si ya duerme en otra casa y otra cama, ya perdió sus derechos de pernada en el PRD es porque, en realidad, AMLO es intocable.
Pero que nadie se sorprenda, todos saben que AMLO es intocable, no sólo entre la izquierda, sino en el IFE y en el Tribunal Electoral. Por lo pronto, sólo resta preguntar si Marcelo Ebrard aguantará los obuses lanzados por su otrora padre político o si, de plano, un día de estos aventará la toalla y le dejará el camino seguro al locuaz tabasqueño. Y para los que aún dudan de la hipótesis, sólo sigan la pista a los beneficiarios de que Marcelo se retire de la contienda. Se llaman AMLO y Enrique Peña Nieto. Al tiempo.
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Pactar con los narcos, más allá del PRI
Jorge Fernández MenéndezEditorial: Excelsior
Y es verdad: no sólo existe esa tentación entre algunos políticos, sino también entre distintos sectores sociales. En la misma nota del NYT se dice que, en alguna plática privada, el presidente Calderón habría dicho que Enrique Peña Nieto, si llegara a la Presidencia, sería débil con el crimen organizado y que el sentido de su declaración al periódico giraba en torno a ello.
La verdad es que no recuerdo a Peña Nieto diciendo que cambiaría la actual estrategia de lucha contra el crimen organizado. El único documento firmado por el ex gobernador sobre el tema se publicó en The Financial Times hace ya varios meses y en los hechos lo que se planteaba era prácticamente lo mismo que tenemos ahora, haciendo hincapié, sólo, en que la estrategia tendría que ser obligatoria para estados y municipios.
Es verdad que en el priismo hay quienes no quieren ni hablar de continuar el enfrentamiento al crimen organizado en los términos en los que los ha planteado la actual administración. Ahí está, aunque no haya sido reproducida con total fidelidad, aquella declaración del ex gobernador Sócrates Rizzo de los pactos de los gobiernos priistas con el narcotráfico, o los evidentes acuerdos, aunque fueran tácitos, de muchos gobernadores con el narcotráfico. Apenas este viernes el Presidente hizo acusaciones muy serias al ex gobernador Fidel Herrera, en Veracruz, al que acusó de permitir la entrada de Los Zetas a la entidad e incluso de ocultar el número de víctimas y de eventos criminales: hasta se ejemplificó con la declaración del gobierno estatal de que en Veracruz no había secuestros al mismo tiempo que el ex gobernador se vanagloriaba de haber pagado seis rescates de personas secuestradas.
Pero el problema entonces es doble: primero, porque son muchos, también en el PAN y en el PRD, los que están pidiendo pactos. En el PAN el ex presidente Fox, en cada foro que se le presenta, insiste en que se debe pactar con el narcotráfico e incluso propuso la idea de crear una suerte de Cocopa para negociar con él. Acaba de decir que México debe abandonar los esfuerzos para impedir que ingrese la droga a Estados Unidos. En el otro extremo, el padre Solalinde y el movimiento de Javier Sicilia han terminado demandando que se les pida “perdón” a Los Zetas. Y, López Obrador, de una u otra forma, lo viene diciendo desde 2006. Incluso en las encuestas esa posición ha crecido: la gente, ante la violencia y la inseguridad, termina aceptando pactar con el narcotráfico (como termina aceptando la pena de muerte).
Si el presidente Calderón analiza el tema del pacto con el narcotráfico a partir de variables electorales o de partidos, se equivoca. El tema trasciende y cruza los partidos y es precisamente eso lo que lo hace peligroso y lo que obliga a romper con una inercia creciente que golpea todo el proceso de destrucción de las bandas criminales. El pacto con los grupos criminales, primero, es imposible, inviable por la definición de esas organizaciones: no son disidentes políticos, son criminales. Segundo, por la creciente pulverización de las mismas (en Guerrero operan, por ejemplo, 17 grupos diferentes, en la mayoría de las ocasiones enfrentados entre sí). Tercero, porque no tendría el menor sentido ético y generaría un deterioro moral de la administración que lo realizara (es en realidad una puerta abierta para la corrupción).
Pero más allá de todo eso, lo importante es convencer de que la sola idea del pacto con los grupos criminales es una suerte de rendición del Estado mexicano en varias de sus responsabilidades esenciales, comenzando por la de garantizar la seguridad de sus habitantes.
Y nadie, con sentido común, puede permitirlo, sobre todo, desde el escalón más alto de la escalera del poder. ¿Hay una receta para evitar esa tendencia?
Sí y es lo que realmente cambió las cosas en Colombia: comenzar a detener y juzgar a todo funcionario público, de cualquier partido, que se compruebe que tenga relación con el crimen organizado. En Colombia, por lo menos 80 legisladores, y muchos más funcionarios partidarios y de gobiernos federal y locales terminaron en la cárcel. Eso rompió la narcopolítica y le demostró a la gente que no se podía pactar con el narcotráfico. En nuestro caso los pocos que son detenidos pagan 15 mil pesos de fianza y se van a su casa.
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