Se dispara petición de asilo de mexicanos en EU

- Aumentaron 168% de 2010 a 2011, según el Servicio de Ciudadanía y Migración de EU. La mayoría se hizo en puertos de entrada, en zonas afectadas por la violencia como Ciudad Juárez

Lunes 07 de noviembre de 2011
Fuente: El Universal



En menos de dos años las solicitudes de mexicanos buscando asilo en los Estados Unidos se han incrementado, al pasar de 254 en 2009, a 2 mil 973 en 2010 y a casi 5 mil hasta septiembre de este año, la mayoría como resultado de la violencia provocada por los cárteles del narcotráfico, indican datos del Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos.

La información menciona que la mayoría de las solicitudes de asilo— a las que se conoce como “defensivamente”, porque se realizan en la zona fronteriza— se efectuaron en los puertos de entrada de los estados de Texas y California, especialmente de lugares como Ciudad Juárez, en Chihuahua.

El gobierno de Estados Unidos tiene establecidas dos vías para solicitar asilo: una es en territorio estadounidense, lo que se conoce como “afirmativa”; y otra, acudiendo a la frontera por lo que se le conoce como “defensiva”. Sin embargo, la recepción de las solicitudes no implican el otorgamiento de la misma, por lo que en el año 2010 sólo a 49 mexicanos se les dio el asilo.

En el año fiscal 2011, que va de 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011, llegaron casi a 5 mil las solicitudes de mexicanos buscando asilo en EU, la mayoría fueron realizadas en la frontera, e implicaron un incremento de 168% con relación a las registradas en 2010, detalla.

De las casi 3 mil solicitudes de asilo hechas por mexicanos en el año fiscal 2010, un total de 2 mil 320 fueron efectuadas en territorio estadounidense, y en 653 de los casos se trasladaron a la frontera, lo que implicó un incremento de mil 170% en un año, se indica.

Comentó que en el año fiscal 2009 —que abarca del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009—, el número de solicitudes de asilo que realizaron mexicanos dentro de territorio estadounidense fue de 192; otros 62 connacionales lo hicieron en la frontera. Esto contrasta con los casi 3 mil mexicanos que lo solicitaron en el año fiscal 2010, que cubre del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010.

Información del Servicio de Ciudadanía y Migración señala que en 2008 el número de solicitudes de asilo dentro de Estados Unidos fue de 176; en 2007, 103, en 2006, 84; en 2005, 85; en 2004, 53; en 2003, 35, siendo la cifra más baja de la década; en 2002, 36; en 2001, 52, y en 2000, 42.

Menciona que hasta este momento el gobierno de EU no ha concedido alguna protección temporal a algún mexicano, lo cual es conocido en el sistema estadounidense como “TPS”.

A partir del año 2010, la administración del presidente Barack Obama permite que los solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos mientras que sus peticiones son procesadas.

La información indica que no se puede informar de las razones por las que cada mexicano solicitó el asilo, ya es confidencial, pero en 2009, durante una audiencia con un subcomité del Congreso sobre México, John Leech, director en funciones de la Oficina Antinarcóticos de Departamento de Seguridad Interna, dijo que al incrementarse la violencia al sur de la frontera se ha observó un aumento en las solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos.



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Company fined $36,000 for illegal workers

Owner put Mexican men to work before paperwork processed

By Ryan Cormier,
Source: Edmonton Journal October 26, 2011

An Edmonton drywall company was fined $36,000 in provincial court Monday for using illegal foreign workers in 2008.

Barry Stewart Campbell appeared in court on behalf of his company, Empire Drywall, to plead guilty to charges under the Immigration and Refugee Protection Act. Stewart admitted he put four Mexican men to work at the company before they were officially legal to work in Canada.

During an interview, Stewart told investigators that he "gambled he wouldn't be sitting here," when he allowed the men to work before their paperwork was processed, according to an agreed statement of facts.

In 2008, tradespeople were in high demand in Edmonton and employers began recruiting workers from other countries.

According to the act, employers must prove they were unsuccessful in hiring Canadian workers, as well as have a defined employment schedule and approved wage and travel payments ready for a worker from outside Canada.

Jose Sanchez, a Mexican man who interviewed with an international hiring firm, entered Canada legally in 2008 and began working for Empire Drywall after his work permit was complete.

Sanchez later contacted friends in Mexico and said there was work in Edmonton. The four flew to the city on June 2, 2008.

The four men briefly did yard work for Stewart before he spoke to them about working for Empire Drywall.

"Once the medicals were complete and the paperwork had been started, Campbell spoke to the four men and told them that he thought the paperwork would only take a few weeks," the agreed facts read. "He offered then work at Empire until the permits came through."

The men began work on June 27, 2008, and worked illegally until September 2008.

Then, two of the men received their work permits. They drove to the United States border, left Canada, then immediately pulled a U-turn to re-enter Canada so they could present their work permits.

"If Empire Drywall had followed the proper process the foreign workers would, in all likelihood, have been approved," the agreed facts state.

A third man received his work permit while visiting family in Mexico.

The fourth was questioned by immigration officials at the Edmonton International Airport where he was picking up passengers. He told the investigators about his illegal work with Empire Drywall.

The investigation then began. The workers were not mistreated and were paid appropriately, court heard.

While working illegally, the Mexicans were not covered by Alberta Health Care or the Workers' Compensation Board.

Court heard that Empire Drywall saved $19,577 by not following the proper procedures for foreign workers.

The $36,000 fine represented a $9,000 fine for each of the four workers.

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Armas para desestabilizar a México
Jorge Fernández Menéndez
Fuente; Diario Excelsior

Cuando el agente John Dodson de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, por sus siglas en inglés, puso al descubierto hace poco menos de un año el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual entraron unas dos mil armas de alto poder a México con el beneplácito de esa misma agencia desde su base de operaciones en Phoenix, se estaba exhibiendo una operación que, pese a todos los intentos realizados hasta ahora para acotarla, y de la que conocemos apenas la punta del iceberg, revela los datos elementales de algo que trasciende las malas políticas de seguridad y que se adentra en la corrupción y los intentos desestabilizadores.

¿Por qué antes no había los grados de violencia que observamos hoy en México? Por varias razones, pero dos son determinantes: por una parte, la ruptura de las estructuras de los cárteles y los enfrentamientos que comenzaron a darse entre ellos a partir de 2004, pero esas divisiones, que siempre existieron, alcanzaron un nivel inédito de violencia porque desde ese mismo año la administración de Bush derogó la ley de armas de asalto, que prohibía su venta pública, una ley de la época de Clinton. Con ese armamento los grupos criminales comenzaron una feroz lucha por controlar sus territorios y se sintieron, además, con capacidad de desafiar al Estado, sobre todo en el ámbito local, porque muy rápidamente comprendieron que podían equiparse con más y mejor armamento que las policías locales.

Se podrá argumentar que esa fue una decisión de política interna de EU que tuvo efectos colaterales en México. Pero no es así. Ahora sabemos que desde 2006 y durante todo 2007 la administración de Bush, a través de la misma ATF y de la misma oficina en Phoenix, autorizó la primera entrada masiva de armas a México, unas 600, con el beneplácito de las autoridades. La operación se llamó Receptor Abierto, instrumentada exactamente cuando se agudizaba la violencia en México y la administración de Calderón había comenzado la ofensiva contra los cárteles. No deja de ser por lo menos asombroso que, simultáneamente, en lugar de buscar debilitar a los cárteles y cuando la mayoría de los grandes capos que estaban detenidos en México habían sido enviados, en enero de 2007, a EU, se decidiera enviar cientos de armas de asalto a los grupos de criminales. Y no es menos asombroso que con Receptor Abierto se haya perdido el rastro de esas armas y que no hay ni un detenido entre los vendedores y los compradores, ni tampoco algún oficial responsable de ese fracaso.

Pero todo resulta aún más sospechoso porque inmediatamente después de que asume la presidencia Barack Obama se vuelve a repetir desde la misma oficina y con parte de los mismos oficiales de la ATF la misma operación, sólo que ahora con otro nombre, Rápido y Furioso. Ahora sabemos que en esta nueva etapa se introdujeron hasta diciembre de 2010 dos mil armas y que el operativo continuó en los primeros meses de este año. Y no fue una sola operación: se acordaron por lo menos once operaciones de tráfico de armas a México con autorización de la ATF. Y en las once se perdió el rastro, se perdieron las armas y, salvo un par de casos, no hay detenidos ni responsables. Se puede aceptar que se pierda el rastro de algunas armas; que un primer operativo tenga errores, pero que hayan fracasado en 2006 y 2007; que inmediatamente después volvieran a realizar el mismo operativo en once ocasiones, y que en todas hayan fallado suena a una mentira descarada. Pero además, que ahora diga el fiscal Lenny Breuer que “no se percató” de que el operativo Rápido y Furioso era la continuación de Receptor Abierto y que por eso “no subió las escaleras” y les advirtió a sus jefes, resulta inverosímil.

En toda esta cadena de incongruencias, un informe de inteligencia estadunidense dice que advirtieron de los operativos al gobierno mexicano a través del entonces procurador Eduardo Medina Mora. El ahora embajador en Londres, como antes el presidente Calderón, desmintió terminantemente la información y dijo que nunca supo ni dio autorización para un operativo de ese tipo. Y, como dijo Medina Mora, la razón de fondo es sencilla: ese operativo no sólo violaba la ley; sencillamente es absurdo. A quién se le ocurre dotar de armas a los cárteles para saber a dónde van. Ningún procurador ni ningún gobierno sensato lo hubieran autorizado. Y quienes lo implementaron, tanto en la administración de Bush como en la de Obama, lo sabían.

Por eso lo hicieron en forma clandestina y lo trataron de encubrir hasta que uno de los agentes involucrados, por diferencias internas en la ATF, lo divulgó a los medios. Y hasta hoy siguen tratando de encubrirlo porque no hay forma de explicarlo. Sólo se admiten dos hipótesis: fue una forma de corrupción, de agentes que hicieron su agosto con ese comercio a través de un operativo mal realizado conscientemente, o se trató de echar gasolina al fuego de la violencia en México con intereses políticos inconfesables.