De la insurgencia a la subordinación ciudadana

Marco Rascón

El pasado domingo se eligieron los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos en el Distrito Federal.

Bastaría un poco de memoria (que ya no existe) para que, al comparar este proyecto de participación y representación ciudadana con lo que fue el viejo Consejo Consultivo de la Ciudad de México, a través del cual –durante años– el PRI manipuló la representación vecinal, se demostrara que quienes gobiernan actualmente la ciudad en nombre "de la izquierda", por conducto del PRD, no cumplieron la asignatura de una verdadera reforma de participación y representación ciudadana.

La forma y convocatoria a elegir los llamados Comités Ciudadanos son del tamaño del miedo y claudicación al proceso de democratización que reivindicaban los movimientos sociales y democráticos para la ciudad.

La estructura piramidal, carencia de autonomía frente a los gobiernos delegacionales y manipulación de conflictos, serán los mismos en estos comités que en los del viejo Consejo Consultivo, que empezaba desde la elección de jefes de manzana, luego colonia y de ellos delegacionales para acabar con un presidente de los ciudadanos amigo o compadre del regente de aquellos años.

La insurrección urbana y de los barrios (1987-1997), protagonizada centralmente por la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México tras el sismo de 1985 y otros movimientos populares, fue factor en el proceso de democratización y estimulación de la participación ciudadana y su gestión frente a las autoridades. En 1987, más de 700 barrios, colonias y pueblos del Distrito Federal constituyeron la base de grandes cambios y fueron en parte raíz de los actuales gobiernos surgidos del PRD.

Recordar simplemente las luchas de resistencia inquilinaria posteriores al sismo; la demanda de suelo urbano para la construcción de vivienda popular que reconstruyó, después de los programas de damnificados, más de 50 mil viviendas; la incorporación de esta insurgencia al caudal de movimientos que en 1988 derrotaron al PRI; la Convención del Anáhuac, que agrupó miles de propuestas para conquistar los derechos políticos, cívicos y sociales de los habitantes de la ciudad desde los barrios, pueblos y colonias; la oposición a la manipulación priísta con el lema "Saca al gusano de tu manzana"; las propuestas para regenerar el Centro Histórico de la ciudad; la oposición a las reformas inquilinarias de Carlos Salinas (posteriormente aprobadas por el PRD en la Asamblea Legislativa), y su incorporación organizada y autónoma al Plebiscito Ciudadano de 1993, que demandaba la formación del estado 32, dieron lugar al fortalecimiento de la conciencia cívica de los derechos ciudadanos, pues fueron movimientos altamente politizados y con objetivos claros de democratización en la vida vecinal y ciudadana. Derechos, cultura, participación, democracia y representación independiente fueron la agenda de esa insurrección urbana en aquellos años, integrada por movimientos que no sólo pensaban por sus demandas aisladas, sino por una ciudad democrática.

Esos movimientos fueron referencia y ejemplo en todo el continente. Aquí vinieron y se fue a dejar experiencias en Río de Janeiro, Caracas, Los Ángeles, Cuba, Santo Domingo, Buenos Aires, Perú y otros muchos países y ciudades. Su influencia llegó a movimientos similares en Filipinas, Holanda, España y Turquía.

Paradójicamente las viejas burocracias partidarias de la izquierda, en su habitual sectarismo, prefirieron la complicidad con las regencias y, en alianza con el final de los gobiernos priístas, terminaron sofocando y dividiendo la organización autónoma, reconstruyendo el viejo clientelismo y corporativismo priísta bajo las siglas del PRD. Hoy eso no se cuestiona ni se recuerda, pues ya están juntos.

Prueba de ello fue la pésima Ley de Participación Ciudadana de 1999, que acabó siendo una nueva estructura de control de las sectas del PRD que ya para la elección presidencial de 2000 se vanagloriaban de haber "ganado" y controlar esta estructura vecinal. Lo que vino fue peor: 11 años con la misma representación ciudadana y vecinal, que terminó como apéndice de los gobiernos delegacionales para justificar clausuras de establecimientos, extorsionar y manipular demandas. Más trágico aún es que a estas estructuras "ciudadanas" vacías y sin representación se les dieron facultades extraordinarias y sirvieron de máscara de los gobiernos delegacionales para manipular conflictos entre los que viven y los que trabajan en el mismo territorio.

Este domingo, con una campaña silenciosa, organizada por el IEDF pero sancionada por los partidos políticos, la elección arrojó un apabullante abstencionismo y en la escasa participación aparecieron los mismos vicios que se dan en las elecciones internas del PRD.

En resumen: la fuerza democrática ciudadana que dio lugar a detonar las grandes reformas políticas y urbanas para la ciudad, que le dio mayoría al PRD y respaldo a sus gobiernos, hoy es una estructura a la cual se le retribuye en pago manipulación, clientelismo y simulación de inspiración priísta.

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Exigen ONG frenar el genocidio de jóvenes y niños en Ciudad Juárez

- Demandan la intervención de ONU e instancias internacionales

- Culpan al Estado de la "política de muerte" en la frontera norte

- Los juvenicidios deben atenderse con una estrategia diferente, señalan

Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos del país y de Ciudad Juárez solicitaron la intervención de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer para detener el "genocidio" contra los jóvenes y niños en Ciudad Juárez. Responsabilizaron al Estado de la política de muerte que prevalece en las ciudades de la frontera norte del país.

En conferencia de prensa, integrantes de Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Organización Popular Independiente Ciudad Juárez, Red por la Infancia de Juárez, Ririki Intervención Social, Frente Cívico Plural, Incide Social, entre otros, asentaron que con ello buscan salvaguardar el derecho a la vida.

Tras los recientes asesinatos en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, los integrantes de las ONG insistieron en que las autoridades federales, estatales y municipales no se han comprometido con el principio de no repetición de los constantes asesinatos de los jóvenes e incluso menores de edad. “Estamos frente a juvenicidios que deben atenderse con una estrategia diferente a la actual. Ciudad Juárez se está vaciando de actividades sociales, públicas y de negocios por el terror en la población.”

Nashiely Ramírez, de Ririki Intervención Social, dijo que el gobernador César Duarte debe tender un vínculo con el gobierno federal para atender la catástrofe en Ciudad Juárez. "No es posible que se sigan aplicando los mismos programas sociales que en otras entidades; urge un diálogo con la sociedad juarense para construir una estrategia integral basada en un trabajo colonia por colonia, barrio por barrio y no en programas pensados por funcionarios que sólo llegan a encerrarse en los hoteles. No se puede seguir actuando con muy buena fe y sin resultados".

En enlace vía Internet a Ciudad Juárez, Julián Contreras, del Frente Cívico Plural, asentó: "La única forma de detener la barbarie es con la movilización y por eso este viernes habrá una caminata contra la violencia. La seguridad no es sólo imponer retenes policiacos, aumentar el número de uniformados, militarizar la zona, restringir horarios, sino garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos".

Mientras, Clara Gabriela Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, apuntó: "¡Ya basta de esta situación absurda y abyecta!, donde mujeres, jóvenes, hombres y ahora niños son blanco de los asesinatos; esto parece más una lucha contra la sociedad que contra el narcotráfico. Hasta septiembre se habían registrado mil 200 menores de edad asesinados en Ciudad Juárez".

“Desde el Estado se está creando una violencia contra los jóvenes al llamarlos ninis (ni estudian ni trabajan), pero es el gobierno el que ha minado la política educativa y de empleo. Su política es no atender a la población”, dijo.

En la presentación del informe Perseverancia del testimonio, integrantes del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos hablaron de la falta de voluntad política del gobierno para atender la demanda de protección a los derechos humanos. La violencia en el país se está disparando porque el Ejecutivo y los operadores de justicia no toman acciones contundentes, dijo Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, definió: “Estamos en un narcoestado policiaco-militar”.