Fuerzas armadas: reforma indeseable

Editorial de La Jornada / Nov 19, 2010

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, envió ayer al Senado de la República un proyecto de reforma a las leyes Orgánica y de Ascensos y Recompensas de las Fuerzas Armadas para que el personal de servicio adscrito al Ejército y la Fuerza Aérea –ingenieros, arquitectos, médicos, veterinarios, administradores, abogados, entre otros profesionistas con formación militar, así como el personal de intendencia y de transporte– pueda ser "reclasificado" al manejo de armas e incorporarse a las tareas de combate contra la delincuencia organizada.

Aunque el propio Calderón señaló que la intención de esta medida es "mantener la operatividad de los organismos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana", es de suponer que, en caso de prosperar, la iniciativa tendrá el efecto contrario: el debilitamiento de los pilares técnico, administrativo y logístico de las fuerzas armadas; la introducción del desorden y el caos en la institucionalidad militar, y el riesgo de una dislocación mayúscula en su funcionamiento.

El argumento de que la "reclasificación" del personal de servicio ahorrará tiempo y recursos al Estado, "toda vez que ya cuenta con formación militar", resulta cuando menos cuestionable: si bien es cierto que quienes se dedican a las tareas mencionadas tuvieron que recibir entrenamiento castrense alguna vez, si la modificación referida resultase aprobada, nada garantizaría que se encontraran en forma y condiciones para combatir cuando fuesen requeridos para ello. La aprobación de la propuesta supondría, pues, un factor adicional de debilidad de las fuerzas públicas frente el poder de fuego de las organizaciones criminales y provocaría un mayor deterioro de las corporaciones militares del país, en un momento en que su sentido y funcionamiento se encuentran distorsionados –con la decisión de mandarlos a la calle a cumplir con tareas que les son constitucionalmente ajenas– y en el que el respeto y la confianza que les dispensó históricamente la población se han empezado a convertir, en varios puntos del territorio nacional, en temor y repudio.

Por lo demás, la afirmación presidencial de que la medida comentada se aplicaría sólo "en situaciones de emergencia" vuelve a poner en evidencia una desarticulación entre el discurso oficial y la realidad. En el momento presente, la multiplicación de la violencia y las afectaciones a la seguridad pública, la elevada cuota diaria de muertes y otros delitos asociados al narcotráfico, la proliferación de casos de atropellos y asesinatos de civiles a manos de uniformados –policías o militares–, entre otros elementos, configuran una situación de emergencia que no es nueva –se ha mantenido desde que se implantó la actual estrategia de seguridad, hace casi cuatro años– y que no desaparecerá con la intensificación del uso de la fuerza militar para hacer frente a los problemas de seguridad pública y de legalidad. Por el contrario, tal crisis se hará más aguda.

La catastrófica circunstancia nacional hace urgente que el gobierno emprenda un cambio de fondo en su fallida estrategia de seguridad y de combate a la delincuencia, y ello tendría que incluir la liberación de las fuerzas armadas de las tareas policiales que les han sido impuestas. En cambio, la decisión de mantener y ampliar la presencia de la fuerza militar en las calles –para colmo, con la incorporación de personal ajeno a las tareas de combate– pondría a la institucionalidad castrense en el riesgo de una desarticulación y un descrédito mayúsculos.

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¿Un soldado en cada esquina? 

Editorial de El Universal / Nov 19, 2010

La violencia dentro de México, sus instituciones debilitadas y el oportunismo de los criminales, convirtió los caminos del país en zona de nadie... La descripción anterior encaja lo mismo en la ingobernabilidad de mitad de siglo XIX, que la de hoy día en estos últimos años del siglo XXI.

Cuenta el historiador Lorenzo Meyer en su artículo La nación de los bandidos, que en 1823, la creciente inseguridad en la vía México-Veracruz llevó a una escalada en las medidas contra el crimen. “Se le dio poder al Ejército para arrestar y procesar a los salteadores de caminos. Los militares podían proceder directamente contra las cuadrillas sin necesidad de la intervención de un juez”.

La historia se está repitiendo. Es tanta la inseguridad en nuestras carreteras hoy en día, que en este próximo periodo vacacional, los migrantes mexicanos que visiten a su familia serán custodiados por el Ejército.

El miedo está justificado. Anteayer, tres familias de michoacanos de Mercedes, California, Estados Unidos, fueron baleadas por criminales en la carretera México-Nogales, cuando se disponían a visitar su tierra de origen. Todo para arrebatarles sus vehículos.

Ojalá hubiera otras alternativas, pero ¿qué otra institución tiene la capacidad en este país de proteger a la población? Esa es la tragedia de fondo. Es por ello que existen en otros países las Guardias Nacionales. El problema en México es que se teme, con justificación, que un cuerpo de tales características se convierta en un foco más de desertores hacia la delincuencia organizada. Ya pasó con otras corporaciones.

El asalto en los caminos es un fenómeno universal y antiguo que se ha presentado en toda sociedad que llega a cierto punto de incertidumbre o de pobreza. Ha inspirado relatos heroicos como el de Robin Hood, o en México, Los bandidos de Río Frío. El agravante en el caso de este país, es que los salteadores actuales no son campesinos en busca del sustento, ni pequeñas agrupaciones de bandoleros de poca monta. Se trata de organizaciones paramilitares, violentas y con rasgos empresariales, que no tienen empacho en disputar al Estado sus funciones más básicas, como el cobro de impuestos.

Ahora se vigila a los migrantes, ¿habrá después soldados en los cajeros automáticos para proteger a la gente de ser secuestrada al recibir sus aguinaldos? Hay que hacer lo necesario para proteger a las personas, pero esas no son soluciones de fondo. La propia historia de México ofrece la solución de largo plazo: pacificar el país a través del impulso económico y la fortaleza de sus instituciones civiles.