Tierras ancestrales y lugares sagrados

Fuente: La Jornada


Los numerosos conflictos que viven los pueblos indígenas en defensa de sus territorios frente al asedio de las concesiones mineras nos plantean la reflexión en torno a la justiciabilidad del derecho indígena.

La fuerte etapa de luchas por la juridicidad de las demandas deja saldos negativos, pues en el orden interno se fueron colocando a los pueblos indígenas numerosos candados que en contrapartida significaron apertura al capital para usufructuar los recursos naturales.

A partir de las reformas salinistas al artículo 27 constitucional se posibilita no sólo la entrada de las tierras al mercado, sino también que sociedades mercantiles con capital extranjero puedan asociarse, tomar acciones y tener control sobre recursos. Nuestra paradoja es que los recursos del subsuelo siguen asignados al dominio directo de la nación, pero las normas secundarias están orientadas para que el gobierno los malbarate.

En ese contexto hoy tenemos que la defensa de sus lugares sagrados congrega a las autoridades tradicionales wirrárikas para enfrentar al Estado mexicano, pues en la zona de Real de Catorce, en San Luis Potosí, otorgó en esta ocasión 22 concesiones a la trasnacional minera canadiense First Majestic Silver Company, sumando 6 mil 326 hectáreas.

Argumentan su oposición: "porque afecta a la ruta de nuestros sitios sagrados; las ceremonias que practicamos; a los ejidatarios; a nuestro lugar sagrado; a nuestra ceremonia cultural ancestral y de las futuras generaciones... porque nunca los pueblos indígenas fuimos consultados ni los ejidatarios de San Luis Potosí".

En coincidencia con la demanda indígena, por fortuna la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha venido preguntando con seriedad: ¿cómo hago para dar la razón a este pueblo con los instrumentos de que dispongo? De ahí la cuestión de señalar que la propiedad se vincula con derechos culturales, con derechos ancestrales. Pero no se trata sólo de la propiedad privada; avanzó hacia su dimensión indígena a partir de la noción de tierra ancestral en lógica incluyente del territorio de estos pueblos. En este sentido ha emitido una serie de sentencias en la última década, donde ha resuelto que para lograr el respeto a los territorios y tierras de pueblos indígenas tiene que colocar la mira en el derecho de propiedad y vincular éste con la supervivencia cultural. Con la jurisprudencia de la Corte de manera central, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió el informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.

Se trata de jurisprudencia interamericana aplicable por la CIDH, pero también es reivindicable en el orden interno. Se postula la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz del conjunto de tratados de derechos humanos. Una de las tesis centrales del informe es que "para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, incluso para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras". Y anota, "los pueblos indígenas y tribales consideran que ciertos lugares, fenómenos o recursos naturales son especialmente sagrados de conformidad con su tradición, y requieren especial protección.

Los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y tribales son un elemento constitutivo de su cosmovisión y su religiosidad, dado que para ellos los conceptos de familia y de religión se conectan íntimamente con los lugares donde los cementerios ancestrales, los lugares de significado e importancia religiosos y los patrones de parentesco se han desarrollado a partir de la ocupación y uso de sus territorios físicos" (parágrafo 150). Por otra parte, además de sus derechos como pueblos las y los integrantes de los mismos tienen de su parte la libertad de creencias que establece el artículo 24 constitucional.

Para un wirrárika dicha libertad se concreta en la ruta anual a sus lugares sagrados, situación que amenazan las concesiones mineras en curso, por lo cual cada una y cada uno podrían solicitar amparo, además de acudir ante la CIDH a solicitar de emergencia medidas cautelares para detener el daño que amenaza ser irreversible para la protección de sus lugares sagrados.

Bajo el principio de no discriminación es inaceptable que se impida a los wirrárikas el ejercicio de sus ceremonias religiosas por no ser coincidentes con las de otros sectores de la sociedad. Por otra parte están también presentes los derechos de los ejidatarios de la zona de Real de Catorce, que al paso del tiempo en su mayoría han aceptado que sus tierras están ubicadas en el lugar de paso de una ceremonia sagrada ancestral que debe respetarse. De nueva cuenta los pueblos se enfrentan a la realidad de que en México se pretende que sus derechos sean sólo de papel.


-----------

EU: responsabilidades no atendidas

Editorial de La Jornada / Abril 23, 2011

Resultan contradictorios los dichos del Departamento de Estado de Estados Unidos en su más reciente alerta –emitida ayer– a sus ciudadanos para que restrinjan sus viajes a México. Por un lado, las autoridades del vecino país reconocen los esfuerzos considerables que han realizado sus contrapartes mexicanas para proteger a estadunidenses y otros visitantes en sitios turísticos. 

Por el otro, la dependencia encabezada por Hillary Clinton enfatiza el peligro que representa visitar los estados de la franja fronteriza de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas), así como algunos sitios de Durango, Michoacán, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero y Morelos; menciona las más de 15 mil muertes violentas registradas en 2010 en el territorio nacional y pondera el incremento en el número de ciudadanos estadunidenses asesinados en México de 2007 a 2010.

En lo general, pues, la nota emitida por Washington continúa en la misma línea de ambigüedad que ha mostrado en otros pronunciamientos relacionados con la guerra que el calderonismo declaró hace más de cuatro años a las organizaciones delictivas: en varias ocasiones, el gobierno del vecino país ha elogiado los esfuerzos del mexicano en las tareas de seguridad y combate a la delincuencia organizada, y en otras tantas ha desacreditado esa misma estrategia, se ha dicho decepcionado por sus resultados, ha señalado que el país enfrenta un escenario de violencia sin precedentes –como lo sostuvo la FBI a principios de este mes–, y ha afirmado que las autoridades mexicanas acusan cierta frustración por el fortalecimiento de los cárteles a pesar de –o posiblemente gracias a– los esfuerzos oficiales para combatirlos.

Lo que no sale a relucir ni en las alertas emitidas a sus ciudadanos para que no viajen a México, ni en los señalamientos de autoridades para alabar o desacreditar al gobierno mexicano –el cual, por lo demás, ha sido obsecuente hasta la claudicación para con sus pares al norte del río Bravo en esta materia–, es el reconocimiento del grado de responsabilidad que corresponde a las propias autoridades del vecino país tanto en la configuración histórica de la política de persecución a la producción, trasiego y uso de drogas ilícitas, como en el diseño y la operación de la estrategia de seguridad, tan ineficaz y contraproducente, puesta en marcha por el calderonismo. Significativamente, el Departamento de Estado estadunidense pide a sus conciudadanos tener particular cuidado al visitar Tamaulipas y Michoacán, entidades en las que se estrenaron, respectivamente, los despliegues policiaco-militares contra las drogas de finales del sexenio de Vicente Fox –en el contexto de la operación México Seguro– y los operativos castrenses con los que el actual gobierno inauguró su guerra contra el narcotráfico.

La aplicación de las directrices de seguridad vigentes ha hecho que, en efecto, el territorio nacional sea un peligro para los ciudadanos estadunidenses, pero también para los centro y sudamericanos que transitan por México con el fin de llegar a Estados Unidos y, por supuesto, para los miles de mexicanos que han engrosado el saldo de civiles muertos, posteriormente reducidos a condición de bajas colaterales en el discurso oficial: tal es el precio que el país ha debido pagar por enfrascarse en una guerra que surge de un problema ajeno –el irrefrenable consumo de drogas en Estados Unidos–, y que se agrava con la indolencia y hasta la complicidad de las autoridades de ese país hacia el tráfico ilegal de armas a México –recuérdese la operación Rápido y furioso– , y con su postura cuando menos omisa para contener el flujo de dinero lavado en los circuitos financieros estadunideneses.

Con estas consideraciones en mente, es inevitable concluir que el principal interés de las autoridades del vecino país no es que México se pacifique ni que deje de sufrir más muertes violentas, sino que dentro de las víctimas de esta guerra no se cuenten ciudadanos de Estados Unidos.