El país en vilo (nuestras guerras hoy)
Víctor Flores Olea
Seccion: editoriales de La Jornada


En programa de Tv-CNN, dirigido por Carmen Aristegui, se enriqueció nuestra perspectiva de la descomposición en zonas enteras del país, precisando que las guerras hoy empeñadas en México son tres y no una, como se ha dicho falsamente: no sólo la "guerra" en contra del "crimen organizado", sino la guerra entre esferas del poder (entre policías y policías, eventualmente entre policías y ejército), y todavía otro tipo de guerra: la que efectúan los 900 grupos y más de pandilleros, de éste y del otro lado de la frontera, con el fin de aterrorizar, chantajear, imponer su poder sobre el civil, etcétera, y por supuesto cruzadas estas legiones de mercenarios con el dinero de los capos de las mafias. Todavía habría que añadir las batallas cruentas entre las mafias que luchan por el control de los territorios.


No sólo guerra entre la autoridad y los bandidos ni entre policias y bandidos, sino en el interior de las policías y de los bandidos, todo con un fin: ablandar, amedrentar, doblegar a las autoridades y poderes establecidos, pero también a la ciudadanía, a la sociedad civil. Imponer otro orden fundado en la fuerza y la violencia (del dinero y las armas). El método más socorrido: la corrupción y la impunidad, matriz del desastre que vivimos en México.

El hecho es que la mayoría del país rechaza ya la presencia del ejército en las calles: más allá de las normas jurídicas y constitucionales, y por encima de la decisión presidencial, y tal cosa porque el ejército en las calles no sólo infunde un grave y explicable temor, sino porque de sus acciones se desprenden no sólo daños "colaterales", sino frecuentes violaciones a los derechos humanos, porque su conducta crea ya daños irrecuperables, como la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey. Por supuesto, el silencio y las palabras balbuceantes de autoridades locales y federales alimentan esa convicción y ese descrédito. El ocultamiento y el disimulo son parte esencial de nuestras culpas.

Muchos mexicanos reviven en estos días los tiempos del 68, o de la guerra sucia (1970-1982), o de los muchos asesinatos de perredistas después de 1988, o de los arteros ataques, también por la anexa vía de los paramilitares, a las zonas zapatistas en Chiapas, de donde resultaron la masacre de Acteal y otros lugares, o la matanza de Aguas Blancas y ahora el ya famoso asesinato de estudiantes en una fiesta en Ciudad Juárez, o de cerca de una decena de "parroquianos" en un bar de Torreón, o la recientísima de tres ciudadanos estadunidenses en las calles de Ciudad Juárez. Y ahora la de estos dos estudiantes del Tec de Monterrey. Estos crímenes no pueden ser atribuidos en su totalidad a elementos del Ejército Mexicano, pero ¿ninguno de ellos? ¿Y dónde están las explicaciones relativas a estos crímenes? La cuestión es que la ausencia de esclarecimiento y "transparencia" deja abierta la especulación y las presunciones, aun cuando parezcan descabelladas.

No tan descabelladas si recordamos que las presunciones excesivas de un momento se convirtieron después en hechos consumados y documentados. ¿Quién podía creer en su momento que la gran provocación que llevó al asesinato masivo de estudiantes en 1968 estuviera fraguada por el Estado Mayor Presidencial (de Gustavo Díaz Ordaz), según lo han demostrado Julio Scherer y Carlos Monsiváis (Parte de guerra, 2008), y más recientemente, en su ultimo libro, Carlos Montemayor (La violencia de Estado, 2009)?

Y es que en ninguna línea de mando es suficiente la instrucción, que como toda voz humana es infra o hiperinterpretada, y abandonada a la operación espontánea de un cuerpo en que la fuerza, la violencia y hasta la irresponsabilidad constituyen su ser más íntimo.

Por eso se exige cada vez con mayor vigor que el ejército regrese a sus cuarteles, porque es causa acrecentada de la violencia que se traga al país, y no su moderador. Es ya el momento de que Felipe Calderón recapacite y corrija, y considere la complejidad de nuestras guerras, que no se limitan al ojo por ojo, sino que en ellas está implicada la conducta entera y la cultura del país: el futuro de la sociedad mexicana en su totalidad.

Se habla de descomposición y crisis porque el afán de lucro y poder ha barrido con cualquier referencia a valores o a princpios éticos (y de mínimo respeto a los derechos humanos, de uno y otro lados). Y esto, en la dimensión que lo vivimos, resulta una catástrofe de consecuencias colosales. Por supuesto, sin flagelar a una sola de las partes porque el consumo, el negocio de las armas, los crímenes incontables se dan también alegremente en Estados Unidos, con raíz en las mismas cuestiones: corrupción, soborno, violación de la ley. Pero ellos, ahora, son más discretos y pragmáticos (relativamente) para el éxito de sus negocios.

La cuestión en México es aprender de la historia y de las historias pasadas, aquí y en otras partes del mundo. Muchos han puesto de relieve incontables debilidades de la personalidad de Felipe Calderón.

Subrayemos todavía una: no saber escuchar, que lo sitúa entre los hombres necios y fatalistas que prefieren que se hunda el barco antes que corregir.

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AI exige a México cumplir con recomendaciones de DH
Agencias
Lunes 29 de Marzo, 2010

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Estado mexicano que cumpla con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo que la semana pasada hizo público un examen crítico tras analizar la situación en el país por primera vez desde 1999.

"Muchas organizaciones nacionales e internacionales hemos hecho un llamado desde hace años a las autoridades mexicanas para que den pasos sustantivos para hacer realidad los derechos humanos en estos determinantes temas. Sin embargo, el avance no ha sido el esperado", lamentó hoy la ONG en un comunicado.

La semana pasada el comité de la ONU se mostró preocupado por la decisión del Gobierno de México de emplear al Ejército "en la seguridad interna" para combatir las poderosas y violentas redes del narcotráfico pero no estableció un plazo para la salida de los militares.

AI recordó hoy que el comité pidió al Estado entre otras cosas "modificar el Código de Justicia Militar a fin de que toda violación a derechos humanos cometida por las fuerzas armadas sea juzgada por autoridades civiles".

También pidió "tipificar el delito de desaparición forzada y tortura tal como se define en los instrumentos internacionales", y "acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia".

Además, los expertos solicitan "armonizar con el Pacto (Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP) la legislación sobre el aborto en todos los estados" del país y garantizar la administración de métodos anticonceptivos de emergencia a las mujeres víctimas de violación, como establece la ley federal NOM-046.

También requieren "un informe del Gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres" en el país, especialmente en Ciudad Juárez.

El comité, que examinó a México los pasados 8 y 9 de marzo, señala la necesidad de eliminar de la legislación mexicana la figura jurídica del "arraigo", que permite retener a una persona sospechosa de un delito grave hasta por 80 días sin comparecer ante un juez.

Finalmente, AI recuerda que la posible reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública, que podría analizarse en pocas semanas en el Legislativo mexicano, se haga con pleno respeto al PIDCP.

Según AI, "México está obligado a dar cumplimiento a estas recomendaciones en virtud de la ratificación del PIDCP y deberá de presentarse nuevamente ante el Comité de Derechos Humanos a más tardar el 30 de marzo de 2014".

El Comité de Derechos Humanos es un órgano formado por dieciocho expertos independientes que vela por el pleno cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados que lo han ratificado.

Ésta fue la primera vez desde 1999 que México se sometió al examen de este comité.