El silencio
Luis Javier Garrido


La desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos el 14 de mayo, reconocida por la PGR como secuestro una semana después por el intento del gobierno de facto de Felipe Calderón de minimizar el asunto para reducir su impacto político y social, lejos de ello ha estremecido a amplios sectores al tiempo que ha conducido a poner en evidencia una serie de responsabilidades oficiales en el tenebroso asunto, enfrentando de nuevo a México con el problema de la escandalosa ineptitud y corrupción del gobierno panista.


1. El caso de Diego Fernández de Cevallos ha estado caracterizado desde un principio por una serie de sospechosas acciones ilegales del gobierno federal, que en un principio se negó a investigar como era su obligación un secuestro llevado a cabo por un comando, relegando la responsabilidad a autoridades del estado de Querétaro, y que muy poco después de dar marcha atrás en su absurda decisión atrayendo el asunto, anunció el 22 de mayo que dejaba de nuevo de investigar para facilitar la intervención de la familia, lo que fue calificado como "ilegal" por múltiples juristas entrevistados dos días después por La Jornada y como "absurdo" por abogados de la Suprema Corte, todo lo cual arrojó nuevas sospechas sobre la responsabilidad de Los Pinos en el escabroso caso.

2. Desde esa perspectiva la desaparición del prominente miembro del PAN mostró que en México no hay un estado de derecho y que el propio gobierno panista no actúa conforme a un marco de legalidad ni siquiera para investigar un caso que le afecta de manera toral.

3. La decisión gubernamental de no informar tampoco sobre lo acontecido en un caso que desde un principio apareció esencialmente como político, las contradictorias declaraciones del propio Calderón y de algunos de los funcionarios del gabinete (que negaron fuese "un secuestro" o un crimen vinculado al narco) y la orden oficial a los medios más sumisos de no tocar el caso en sus informativos, cumplida a cabalidad por Televisa, coartando así el derecho de los mexicanos a la información, condujo no nada más a que se entendieran las investigaciones de algunos medios y a que otros especularan sobre la probable responsabilidad de las fuerzas más oscuras del blanquiazul en el caso.

4. Los torpes intentos de Calderón por presentarse ante los medios, primero en Europa y en Estados Unidos y luego ante el Consejo Nacional del PAN el sábado 22, como un "amigo de Diego", cuando todo mundo conoce la realidad de sus enfrentamientos y la hostilidad profunda existente entre ambos, y sus múltiples y gravísimos enfrentamientos, no llevó más que a evidenciar la sordidez de las luchas internas de la extrema derecha mexicana por el poder y el enfrentamiento de las estrategias que tienen esos grupos que tanto daño le han hecho a México por mantenerse a cualquier precio en el poder en 2012, lanzando así una amenaza a todas las fuerzas políticas del país sobre las intenciones que tienen y que en múltiples evidencias anuncian que no se arredraran para utilizar incluso medios criminales para alcanzar sus objetivos.

5. Los esfuerzos oficiales por silenciar el asunto se revirtieron muy pronto, como era de suponerse, contra el gobierno, que a pesar de todo no parece haberse dado cuenta de ello. El tema de la personalidad oscura de Diego Fernández de Cevallos, un individuo entregado al tráfico de influencias, y que como muchos otros miembros de Acción Nacional ha alcanzado una fortuna descomunal gracias a la corrupción prevaleciente en los gobiernos panistas de Fox y de Calderón –la que ha sido igual o superior a la existente en los sexenios priístas de Salinas y de Zedillo–, presentado en su caso como una retribución por sus servicios para alcanzar la alianza PRI-PAN, sustituyó al de la investigación ministerial sobre el caso. En una nota aparecida en Proceso 1751 (pp. 21-23) se da cuenta de que Diego es propietario, como moderno señor feudal, amén de sus propiedades en el Distrito Federal y otros sitios, y de La Cabaña donde fue raptado, de más de 20 haciendas, ranchos y fincas en los estados de Querétaro y Guanajuato, que no le alcanza el tiempo para visitar.

6. Dichas propiedades –adquiridas todas ellas durante estos años en los que con el señuelo de que México ha estado en un proceso de alternancia y de "tránsito a la democracia", los panistas se aprovecharon para acumular fortunas escandalosas en base a los servicios que asumen están prestando al gran capital trasnacional para desmantelar a la nación mexicana y entregarle nuestras riquezas estratégicas– constituyen un símbolo de lo que son hoy día el PAN y la derecha mexicana.

7. El rapto del barbón ha contribuido, a pesar del gobierno calderonista, a desnudar aún más la actual mecánica del poder y a evidenciar que en México no existe un proceso de democratización sino una vulgar lucha subterránea por el poder entre las diversas facciones de la derecha, en la que se ha relegado a los mexicanos al papel de meros espectadores.

8. El efecto del intento de silenciamiento del "caso Diego" no tuvo por otra parte impacto en el exterior, pues si bien los medios allegados a la extrema derecha trasnacional y a las poderosas corporaciones a las que se hallan asociados Calderón y sus amigos les echaron como siempre la mano en los diarios que controlan, en la mayor parte de los sitios a los que ha acudido el espurio panista lo han perseguido acusaciones por la represión en San Juan Copala (Oaxaca), por sus políticas de tráfico de influencias y de complicidad con consorcios en materia de energía, por sus acciones violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores, por el hecho vergonzoso de que haya presos políticos en México –como Ignacio del Valle, dirigente campesino de San Salvador Atenco, y varios de sus compañeros, encarcelados injustamente desde hace cuatro años–, o por sus políticas criminales de supuesta guerra “contra el narco”, que no son otra cosa que un intento más por amedrentar y doblegar a los mexicanos en un marco de criminalización de los movimientos sociales.

9. En Europa y en Estados Unidos, a pesar de silenciar el "caso Diego", Felipe Calderón no supo enfrentar en este mayo negro el señalamiento de organizaciones civiles y sindicales de múltiples países que lo acusaron de encabezar un gobierno fanático de extrema derecha empeñado en violar de manera particular los derechos de la clase trabajadora de México, trasgrediendo no nada más la Constitución y las leyes de nuestro país sino los convenios, acuerdos y pactos suscritos por México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los electricistas del SME, de los cuales más de 70 siguen en huelga de hambre desde el 25 de abril, protestan por la ilegal desaparición de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro y por la violación flagrante de las leyes laborales de México para despedir impunemente y al margen de la ley a 44 mil trabajadores, hasta ahora con la complicidad de la Suprema Corte, en una agresión sin precedentes en América Latina.

10. El "caso Diego" no ha hecho, de tal suerte, más que poner en evidencia, aún más, la corrupción descarada y galopante que existe en el gobierno panista de Felipe Calderón, y su entreguismo al gran capital trasnacional y al gobierno estadunidense.


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Narcotráfico: cambio de enfoque y soberanía
Editorial: La Jornada / viernes 28 de Mayo

En medio del debate bipartidista por la dimensión y los alcances que tendrá el despliegue militar decidido por el gobierno de Washington en la frontera con México, la Casa Blanca envió ayer al Capitolio una propuesta para realizar modificaciones de fondo a la Iniciativa Mérida; de acuerdo con la propuesta, se reasignaría a acciones contra la corrupción y de defensa de los derechos humanos los recursos originalmente previstos para la dotación de helicópteros y aviones a las corporaciones mexicanas de seguridad. Tal iniciativa tiene como contexto el viraje emprendido por la administración de Barack Obama en materia de combate al narcotráfico y las adicciones, y que apunta a privilegiar la reducción de las segundas y a abandonar el enfoque militarista impuesto por anteriores gobiernos estadunidenses.

Como ya se ha señalado en este espacio, tales ajustes en la política de Washington contra las drogas apuntan en la dirección correcta, por más que resultan insuficientes y tardíos, en la medida en que dejan intocada la circunstancia central que da origen al narcotráfico –la prohibición legal de ciertas sustancias– y que se presentan después de que la "guerra contra las drogas" ha causado un daño social e institucional inconmensurable en diversos países, empezando por México, y ha carecido de resultados significativos en el ámbito de las adicciones.

Sin dejar de lado el aspecto positivo de esto que parece configurar un golpe de timón, es extremadamente preocupante que las autoridades mexicanas hoy acepten, con una actitud parecida a la docilidad, enfoques y puntos de vista que, cuando fueron expresados por sectores de la sociedad nacional, resultaron rechazados y descalificados de manera terminante por la administración que encabeza Felipe Calderón.

Con una mirada retrospectiva, no deja de sorprender que, con la misma disposición con la que el gobierno mexicano firmó, en junio de 2008, la Iniciativa Mérida –un acuerdo internacional concebido por la presidencia de George W. Bush y que unció a nuestro país y a las naciones centroamericanas a las tradicionales directrices belicistas de Washington en el combate a las drogas–, hoy se acate el reajuste de ese instrumento para adecuarlo a la orientación que propugna Barack Obama.

La obsecuencia mostrada en este punto por las autoridades nacionales da argumentos a quienes sostienen que el gobierno mexicano carece de una estrategia propia contra el fenómeno de la delincuencia organizada, una apreciación que no se limita a sectores críticos en México sino que comparte la secretaria de Estado del país vecino, Hillary Clinton. Más grave aún, los hechos mencionados fortalecen el señalamiento de que las políticas y las acciones oficiales de nuestro país en materia de combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada no se definen aquí, sino en Washington.

Hace dos días, el empresario Eugenio Clariond Reyes Retana expresó que el designio gubernamental de encarar a los cárteles de la droga por medio de las fuerzas armadas ha desembocado en una guerra perdida. La reformulación de estrategias que tiene lugar en la Casa Blanca reconoce de manera explícita que las fórmulas de fuerza no han funcionado. Por lo que hace a las autoridades mexicanas, existe un discurso ambiguo en el que lo mismo caben las advertencias contra el menor cambio de rumbo que rectificaciones a trasmano, como la reciente salida de Ciudad Juárez del Ejército y, más recientemente, la aprobación externada por diversos funcionarios al viraje de Washington. A más de tres años de que el país fue sumido en la "guerra contra la delincuencia" y cuando el saldo de ésta supera los 20 mil muertos, lo menos que puede pedirse al gobierno federal es un balance honesto, transparente y autocrítico, y una recuperación de la soberanía que es particularmente irrenunciable en los ámbitos de la seguridad pública y la seguridad nacional.

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Video: Entrevista con Alfredo Jalife, "Los desafios del Mexico Globalizado"