Tragedia, errores y oportunismo político

Editorial de La Jornada / Agosto 27, 2011

A casi dos días del ataque cometido contra el casino Royale de Monterrey, Nuevo León –que arrojó un saldo oficial de 52 muertos–, sigue resultando imposible responder, con base en la información disponible, a las preguntas fundamentales sobre quiénes planearon y ejecutaron este atentado y con qué propósito: hasta el momento, lo único que puede establecerse con certeza es que este hecho, abominable desde cualquier perspectiva, forma parte de un giro cualitativo en la barbarie que sacude al territorio nacional, en la medida en que ha tomado como objetivo a personas inocentes y ajenas a los conflictos entre organizaciones criminales y a las pugnas entre éstas y las corporaciones de seguridad pública.

Un efecto colateral del atentado, sin embargo, ha sido poner al descubierto la irregularidad y opacidad con que operan las casas de apuestas en México, y particularmente en Monterrey, donde más de una docena de establecimientos de ese tipo funcionan sin los permisos correspondientes –incluido el casino atacado– y donde la proliferación de esos negocios resulta, dada la ubicación geográfica de la ciudad –en una de las principales rutas de trasiego ilegal de estupefacientes–, un blanco más que atractivo para la operación de bandas delictivas, la corrupción de autoridades y el lavado de dinero.

Es importante recordar que nuestro país se caracterizó históricamente por ostentar una normatividad estricta respecto de la operación de centros de apuestas. Desde que en 1935 el entonces presidente Lázaro Cárdenas prohibió las casas de juego –con el fin de evitar el surgimiento de efectos sociales y económicos perniciosos, pero también por considerarlas espacios proclives para el surgimiento de la corrupción y para la operación de las mafias–, las sucesivas administraciones mantuvieron esa política de proscripción durante casi siete décadas a pesar de los numerosos intentos de grupos políticos y empresariales por derogarla. Fue hasta la pasada administración panista, la encabezada por Vicente Fox, y a instancias de un reglamento de ley publicado por la Secretaría de Gobernación en la gestión de Santiago Creel, que se potenció un crecimiento desordenado de la industria de juegos de azar. Ahora, a raíz de la tragedia ocurrida en Monterrey, las autoridades tendrían que verse obligadas a dar marcha atrás en lo que a todas luces fue un error histórico y revertir las prácticas que permitieron la anarquía imperante en ese rubro, en el entendido de que esa medida pudiera redundar en una acción mucho más efectiva para combatir al crimen organizado que los aparatosos –y a lo que puede verse, inútiles– despliegues policiaco-militares en el territorio.

Mención aparte merecen los señalamientos formulados ayer por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, durante el mensaje en que fijó la postura de su gobierno respecto de la tragedia en el casino Royale. En dicha alocución, el político michoacano mezcló la obligada condena que merece un episodio de esta naturaleza con pronunciamientos que, más que producto de la consternación, parecieran obedecer a un intento por lucrar políticamente con el dolor de medio centenar de familias y de todo el país: tal es el caso de la declaratoria de "luto nacional" emitida por el político michoacano durante su discurso –con una premura que no ha sido mostrada por el propio gobierno calderonista ante acontecimientos igualmente trágicos y lamentables, como el incendio en la guardería ABC– y del intento por impulsar, a partir de estos trágicos acontecimientos, la aprobación de la controvertida ley de seguridad nacional.

En estas horas difíciles, lo que cabe exigir del gobierno es una respuesta enérgica, sí, pero sobre todo transparente y sensible al sufrimiento de la población. Preferible a posturas que enrarecen y contaminan el panorama político y la percepción pública de los hechos delictivos sería que la autoridad lleve a cabo las pesquisas correspondientes y que ofrezca, cuanto antes, una respuesta verosímil y convincente sobre los puntos oscuros que persisten respecto de este episodio.

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Contra la violencia

Como es habitual desde que asaltó el poder, Felipe Calderón tuvo como única respuesta al criminal atentado recién acaecido en un casino de Monterrey, un encendido discurso donde despotrica contra criminales y opositores a su estrategia anticrimen por igual. No tiene, no ha tenido nunca, vergüenza cuando se para frente al auditorio a gritar ¡al ladrón, al ladrón!, pretendiendo, como todos sabemos, confundir a la ciudadanía para que volvamos la vista hacia otro lado y no entender que él es el principal responsable del desastroso estado que guarda la seguridad pública en nuestro país.

Por eso haría yo un llamado a los lectores a que en un ejercicio de inteligencia (creo que no se requiere de mucha), cuando discernamos o discurramos sobre quiénes habrán sido capaces de tanta barbarie, no sólo busquemos culpables en el llamado crimen organizado, sino que también entre los otros criminales que se encuentran enquistados en el gobierno con Felipe Calderón a la cabeza.

Por lo que sabemos por los cables de Wikileaks, por lo recientemente revelado por el periódico estadunidense The New York Times, sería fácil concluir que es capaz de ser promotor de la desestabilización del país para que le aprueben, entre otras, la Ley de Seguridad Nacional.

¿Por qué no? Intentar perpetuarse en el poder cobijado por un estado policiaco.

¡Basta de mentiras!

¡Basta de sangre!

Antonio Arturo Castillo

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PGR ofrece recompensa de 30 millones de pesos

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Sábado 27 de agosto de 2011

La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de 30 millones de pesos a quien proporcione datos que llevan a la captura de los autores del ataque en el casino Royale, de Monterrey, que dejó un saldo de por lo menos 52 personas muertas. Este ofrecimiento se realizó por orden del presidente Felipe Calderón, con el fin de obtener datos que lleven a la detención de los responsables del ataque.

De acuerdo con funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, no se descarta una venganza de grupos criminales por falta de pago de "derecho de piso" o la supuesta presencia de un miembro de los cárteles que se disputan la zona.

Los funcionarios entrevistados señalaron que la PGR se haría cargo del caso a través de su unidad especializada en terrorismo y acopio de armas en el momento en que las autoridades de Nuevo León se declaren incompetentes, aunque se trabaja de manera coordinada entre ambos niveles de gobierno.

La dependencia que dirige Marisela Morales dio a conocer la información sobre la recompensa, e hizo público el documento en el cual se menciona que, considerando la gravedad del suceso, la privación de la vida y las lesiones a decenas de personas, así como la alteración y afectación profunda del orden social, se emite el acuerdo para pagarla.

La PGR aseguró que quien proporcione los datos "será mantenido en la más rigurosa y estricta confidencialidad y no pondrá en riesgo su identidad". Los datos podrán ser proporcionados de manera directa en la sede de la procuraduría en la ciudad de México, o por correo electrónico en la dirección denunciapgr@pgr.gob.mx, y en los números telefónicos 5346 1544 y 01 800 831 3196.

La dependencia señala que se buscan datos que conduzcan a la identificación, localización, detención o aprehensión de quines planearon y ejecutaron el ataque.

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"También ustedes son responsables", reprocha Calderón a estadunidenses

- Decreta tres días de luto nacional

- Reducir consumo de drogas y frenar venta de armas de alto poder, demanda a gobierno, Congreso y pueblo del país vecino

Periódico La Jornada
Sábado 27 de agosto de 2011

El ataque contra el casino Royale, de Monterrey, Nuevo León, fue cometido por "verdaderos terroristas", afirmó ayer el presidente Felipe Calderón al declarar tres días de luto nacional, que concluyen este sábado.

A diferencia de lo ocurrido tras el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, adonde acudió 13 meses después y declaró al año siguiente el luto nacional, en esta ocasión se trasladó a Monterrey horas después de cometido el atentado y decretó el duelo de inmediato.

En su alocución de 20 minutos, Calderón reivindicó la presencia del Ejército en las calles y dijo a los actores políticos y sociales que "las fuerzas del orden, señaladamente las fuerzas federales, están defendiendo a los ciudadanos de los criminales. Déjennos hacer nuestro trabajo. Dejen a un lado la mezquindad política y los intereses que buscan, precisamente, frenar la acción de las fuerzas federales simplemente para obtener, quizás, un lucro mediático y político".

Concluida su reunión con los integrantes del gabinete de seguridad, el Presidente ingresó a las 8:50 horas al salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos, acompañado por su esposa, Margarita Zavala; el director del Cisen, Guillermo Valdés; el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio Robles, todos vestidos con traje oscuro, y de Alejandro Poiré, vocero de seguridad.

En su mensaje, el cual fue transmitido parcialmente anoche en cadena nacional de televisión y radio, reclamó el unánime repudio y la respuesta unificada de todos los mexicanos como un solo pueblo.

Hizo exigencias a diversos actores para que colaboren en la lucha contra la delincuencia: a la Cámara de Diputados demandó dar certidumbre jurídica al Ejército Mexicano; al Poder Judicial, revisar sus estructuras, posiblemente penetradas por el poder corruptor de la criminalidad; a la sociedad, denunciar a los criminales, y a Estados Unidos, detener el tráfico de drogas y de armas.

Al inicio de su intervención, el michoacano calificó este hecho de "acto de terror", de "barbarie terrible" y el más grave atentado contra la población inocente que haya visto el país. No ocurrió así con los bombazos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, a los cuales no catalogó de inmediato como actos terroristas.

"Pero no nos confundamos ni nos equivoquemos; no estamos hablando de un accidente, sino de homicidio brutal e incalificable. Criminales con premeditación, alevosía y ventaja llegaron al lugar, amagaron a las personas que ahí se encontraban y prendieron fuego sin más a esas instalaciones; homicidas incendiarios y verdaderos terroristas sobre los que no sólo debe caer el peso de la ley, sino el unánime repudio de la sociedad, de los poderes públicos, de los partidos políticos, de los líderes sociales y de los medios de comunicación", aseveró.

Luego dio a conocer diversas medidas para castigar a los criminales: una cuantiosa recompensa de la Procuraduría General de la República (PGR) para que éstos sean denunciados, y el reforzamiento de la presencia de las fuerzas federales en la zona metropolitana de Monterrey.

Consideró necesario esclarecer la situación jurídica administrativa en la operación del casino y revisar si el incumplimiento de las normas de protección civil agravaron las dimensiones de la tragedia y el número de víctimas.

Antes de viajar a la capital de Nuevo León con los integrantes de su gabinete de seguridad, prometió: "no vamos a dejar solos a los regiomontanos, que están sufriendo por la violencia irracional de los delincuentes", y "no descansaremos hasta dar con los culpables y restituir la tranquilidad" en esa entidad.

Tras advertir que no claudicará en su lucha contra la delincuencia, reiteró su llamado a los estados y municipios a acelerar el paso para cumplir el acuerdo en seguridad, dado que el avance de criminales se explica por la "enorme corrupción" prevaleciente en distintos órdenes de gobierno.

Mes y medio después de corregir sus cuestionamientos al Poder Judicial a raíz del fracaso del expediente de Jorge Hank Rhon, esta vez volvió a arremeter contra los jueces, al señalar que muchos son honestos, "pero es cierto que la impunidad rampante que se vive en el país obedece, también, a que por una u otra razón los criminales no obtienen el castigo que merecen a la hora de ser juzgados".

Demandó al gobierno, el Congreso y el pueblo de Estados Unidos que reduzcan su consumo de drogas, y les solicitó que si están resignados a seguir así, busquen opciones de mercado o establezcan puntos de acceso distintos a la frontera con México.

Insistió en pedirles "encarecidamente" que cierren la venta criminal de armas de alto poder, porque "somos vecinos, somos aliados, somos amigos, pero también ustedes son responsables".