Aristegui salió intempestivamente de su espacio informativo el pasado 7 de febrero, luego
de que pidiera públicamente que la Presidencia de la República explicara sobre el estado de salud de Felipe Calderón.
La propia Aristegui calificó su salida de su noticiero de la radio como un hecho "autoritario, desmedido e inaceptable", que sucede sólo en dictaduras que nadie quiere para México.
En un comunicado conjunto emitido por Felipe Chao Ebergenyi, vicepresidente de Relaciones Institucionales y de Comunicación Corporativa de la empresa MVS, se explica que el contrato que regula la relación profesional establece un proceso arbitral para dirimir controversias derivadas de los contenidos transmitidos en el mencionado espacio radiofónico.
"Tanto la empresa como la periodista Carmen Aristegui, reconocieron en días pasados la pertinencia de poner en práctica esa cláusula para resolver el diferendo que llevó a la suspensión de la relación laboral", destaca el documento.
Se anunció que con el propósito de facilitar la interlocución con la significativa audiencia de ese espacio informativo, antes de 40 días a partir de esta fecha se designará un Defensor del radioescucha que tendrá a su cargo la evaluación de los contenidos con sustento en el Código de Ética, el cual se colocó en la página de internet de la empresa.
"La figura del defensor de los públicos es fundamental, en el panorama internacional de los medios, para afianzar las relaciones entre periodistas, empresas informativas y sociedad", destacó el comunicado.
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Sobre las formas de lucha
Marco RascónEl debate sobre las formas de lucha y su correspondencia con la realidad política concreta ha sido permanente en la izquierda.
No es lo mismo actuar bajo condiciones represivas extremas o estando en minoría marginal en el Congreso, que reivindicando la lucha electoral y siendo copartícipe de las prerrogativas públicas. ¿Cuántas veces no se ha reivindicado la importancia del parlamentarismo? ¿Cuántos debates no han existido sobre el desarrollo de la fuerza electoral y lo social? ¿Cuántas veces no se ha confundido entre formas de lucha insurreccional, en medio de la supuesta transición pactada con quién sabe quién y dónde?
En 18 años, la vía electoral dejó resultados e hizo que el viejo gradualismo se convirtiera en torrente de reformas y espacios. De 1988 a 2006 la izquierda pasó de la lucha por los registros para alcanzar el 1.5 por ciento al resultado formal que le dieron oficialmente a Cuauhtémoc Cárdenas: 31 por ciento en 1988 frente a 48 por ciento de Carlos Salinas. Vino la contraofensiva del régimen para acotar al PRD y por largos años hubo estancamiento, hasta 2006, en que obtuvo, oficialmente también, 35 por ciento de la fuerza legislativa, contra la misma del PAN, y que juntos tenían 70 por ciento frente a un PRI arrinconado hace cuatro años en 21 por ciento.
En estas condiciones, el tema de las formas de lucha se redujo no sólo a lo electoral, sino a despreciar la fuerza legislativa y privilegiar la plaza, no como algo complementario, sino excluyente. Es un tema no solo táctico, sino de importancia estratégica, pues los revolucionarios en el mundo, al mismo tiempo que cuestionan el presente y el orden injusto, construyen y organizan el que proponen. Son peligrosos aquellos que generan un nuevo orden político, económico y social en medio de los conflictos, las crisis, las movilizaciones y el caos. Reventar es fácil, avanzar en el campo enemigo es lo difícil. ¿Cuál debe ser la forma de lucha ante un campo minado de vacíos? ¿Por qué hubo una izquierda tan débil, ante gobiernos tan débiles? ¿Por qué la disputa es por cometer más errores?
Sumarse al caos sin una perspectiva del orden que se pretende construir es sumarse al vacío de los que prefieren construir salidas autoritarias a las crisis, argumentando desorden general. ¿Sirve hoy la presencia en el Congreso como caja de resonancia de una perspectiva?
Es por ello que los revolucionarios, casi de manera universal, defienden la legalidad que (incluso) impuso la minoría excluyente, pero que, a partir de las contradicciones del orden social en decadencia, los mismos que crearon las leyes son incapaces de cumplirlas. En la crisis lo más subversivo es presentar una propuesta coherente. Cambiar de condiciones no significa acabar con los problemas, sino actuar frente a nuevos problemas.
A partir de 2000, tal pareciera que la izquierda quedó tan damnificada como el PRI y no supo qué hacer frente a la nueva situación cambiante y en 2006, cuando tenía todas las condiciones en su favor, optó por el testimonialismo, el pragmatismo, la disolución de fuerzas, la simplificación de los discursos, el divisionismo y el maniqueísmo. Ante las maniobras políticas, mediáticas y fraudulentas, el arma fue el triunfalismo, la soberbia y convertir los errores propios en virtudes de sus adversarios.
En la confusión entre formas de lucha y contenido del discurso no hay una correspondencia con la fuerza formal que se ha obtenido y los espacios ganados. Se confronta como si se fuese una minoría marginal de finales de la década de 1970, luego de estar en el umbral de la primera mayoría. ¿Para qué votar por diputados y senadores que tienen sus agendas personales por encima de las encomendadas por el voto popular o el programa que se ofreció? ¿Es correcto reventar la legalidad por dentro, con una fuerza dividida, desprestigiada y que se parece cada vez más a los adversarios?
¿Es aún vigente la lucha por la democracia política por la vía electoral y parlamentaria?
Las preguntas tienen sentido, pues la larga marcha de la izquierda mexicana hoy parece truncarse y estar poseída de un gran infantilismo. Salvo excepciones que se deslindan claramente de formas y contenidos, la perspectiva es una suma al caos y una contribución a reventarlo todo, para que el viejo régimen regrese reivindicándose como la única opción.
Desde 1968 a la fecha, había que distinguir entre lo que eran posiciones genuinas frente a las de provocación. Antes y después del 2 de octubre hubo movimientos de lucha armada, que no estaban basados en el ultraizquierdismo ni el infantilismo, sino en realidades concretas, como en Chihuahua o Guerrero, Guadalajara, Nuevo León y Oaxaca, donde la represión empujó a respuestas guerrilleras.
Hoy hay organizaciones guerrilleras, pero, al igual que a la izquierda electoral, en el clima general de violencia, se les identifica como parte del "crimen organizado" y más, luego del caso altamente mediático e impreciso de Diego Fernández de Cevallos.
¿Cómo distinguir hoy entre el combate y la provocación?
http://www.marcorascon.org
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Muere agente de EU baleado en México
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirma la agresión a dos funcionarios de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas y condena este grave 'acto de violencia'
Ciudad de México | Martes 15 de febrero de 2011
Fuente: El Universal
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un funcionario de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos murió tras ser baleado con otro de sus compañeros, que resultó herido.
Los hechos tuvieron lugar en la carretera 57, en San Luis Potosí, mientras los agentes viajaban en automóvil hacia Monterrey.
El gobierno de México condenó de manera enérgica este grave acto de violencia, según un comunicado.
La Cancillería indicó que en coordinación y coadyuvancia con autoridades estatales y federales realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y "llevar ante la justicia a los culpables".
Indicó que ha establecido comunicación con la embajada de los Estados Unidos en México, donde eran agregados las víctimas, y dará todas las facilidades logísticas y el apoyo disponible al funcionario que sobrevivió.
Finalmente, la SRE expresó su solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos y con los familiares de las personas agredidas.
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EU pide captura de asesinos de agente
El gobierno estadounidense condenó el ataque que sufrieron en Monterrey dos agentes de inmigración y aduanas
Washington | Martes 15 de febrero de 2011
Fuenete: El Universal
La Secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, condenó el ataque contra dos agentes de la oficina de inmigración y aduanas (ICE) destacados en México en el que uno de ellos perdió la vida.
"Quiero ser muy clara: cualquier ataque o acto de violencia contra nuestro personal de ICE -o cualquier personal de DHS-, es considerado como un ataque directo contra todos aquellos que sirven en nombre de nuestra nación y que ponen en riesgo sus vidas para garantizar nuestra seguridad", dijo Napolitano en un pronunciamiento en el que ha puesto a disposición del gobierno mexicano todos los recursos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos para colaborar en la investigación.
"Agentes estadounidenses están trabajando muy de cerca con las autoridades mexicanas que están a cargo de las investigación para asegurarnos de que los responsables de este crimen injusto sean capturados lo más pronto posible", dijo Napolitano al reiterar al gobierno de México el apoyo en la lucha que libra contra el crimen organizado y los cárteles de la droga.
"Nos mantenemos comprometidos en el amplio apoyo ofrecido a México para combatir la violencia dentro de sus fronteras", dijo Napolitano quien confirmó la muerte de uno de los dos agentes atacados mientras éstos viajaban desde la Ciudad de México hasta la de Monterrey.
"Me siento profundamente entristecida por las noticias... Un agente, que fue herido de gravedad, murió de las heridas. El segundo agente que fue herido en un brazo y en una pierna, permanece en condición estable", dijo la máxima responsable de la seguridad interna de Estados Unidos al confirmar que los dos agentes atacados forman parte del personal asignado por ICE a las oficinas en México.
Según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los dos agentes atacados por elementos desconocidos estaban asignados a labores relacionadas con narcotráfico y vigilancia de recursos.
Actualmente, según confirmaron fuentes de ICE, unos 30 agentes de ésta agencia trabajan en la Ciudad de México.
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Minería y derechos indígenas
Francisco López BárcenasFuente: La Jornada
En México la minería es una industria floreciente. De acuerdo con las cifras del Banco de México, en sólo una década sus ingresos pasaron del quinto al tercer lugar como generadora de divisas, sólo superada por los ingresos petroleros y los de la industria automotriz.
El auge de la minería se debe a muchos factores, entre ellos el aumento del precio de los metales, pero también la creciente importancia de otros metales en la industria de la tecnología y la carrera armamentista. Y eso apenas es el principio, pues de acuerdo con el presidente de la Cámara Minera de México, el 60 por ciento del territorio nacional permanece inexplorado, situación que es previsible cambie en los próximos años y por lo mismo aumenten sus ganancias.
Lo que ni el Banco de México ni los industriales mineros informan es que dicho crecimiento se ha fincado sobre la destrucción del medio ambiente y, sobre todo, pasando por encima de los derechos de los dueños de las tierras, los campesinos y los pueblos indígenas. Y cuando éstos se defienden, sobre sus vidas. El auge de la industria minera en México está manchada con la sangre de quienes deberían beneficiarse con esos minerales. Para que esto sea posible cuentan con un marco normativo ad hoc; instituciones públicas a su servicio y políticas que obedecen a sus intereses; todas adecuadas a los intereses del capital después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio.
Un ejemplo de lo permisivo de la ley minera es que declara toda la actividad minera de utilidad pública, preferente a cualquier otro uso del terreno sobre el que se ubiquen los minerales, y excluida de todo impuesto estatal o municipal. Declarar que la minería es de utilidad pública implica que el Estado puede expropiar los terrenos donde se ubican los minerales para entregarlos a los concesionarios, lo cual puede suceder si éstos se niegan a facilitar sus tierras para esas actividades; que sea preferente conlleva el peligro de que pueblos que se asienten en esos terrenos, siembren en ellos o realicen otras actividades importantes para ellos deben abandonarlos. En otras palabras, el mineral es más valorado que la vida misma.
El problema se agrava más tratándose de pueblos indígenas por la relación espacial que éstos mantienen con la naturaleza, la cual resulta indispensable para su existencia y desarrollo. Si bien es cierto que las leyes aprobadas en nuestro país no reconocen explícitamente su derecho al territorio, sí lo hacen los documentos internacionales, que también tienen validez en el territorio mexicano. Atendiendo al contenido de estos, los pueblos tienen derecho a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de los recursos naturales, incluida la minería. Pero a la hora de otorgar las concesiones a las empresas extranjeras el gobierno hace como si estos no existieran, lo que en sí mismo ya representa una violación a los derechos de los pueblos.
Ellos lo saben. Y no están dispuestos a que se les despoje de su patrimonio. Por eso cada día que pasa vemos más comunidades campesinas y pueblos indígenas oponiéndose a las actividades mineras en sus territorios, porque ello representa la destrucción de sus lugares sagrados, la contaminación de sus ríos, de donde toman agua para su subsistencia y la contaminación del medio ambiente en que viven. De esto no hablan las cifras del Banco de México ni la Cámara Minera de México.
Pero hay que hablar, porque representan los costos sociales y ambientales que los que se benefician con la actividad minera no pagan y se trasladan a la sociedad en general. Si al hacer el balance de las divisas que la industria minera aporta se incluyen estos costos, otros serán los resultados.
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