Buscó embajada evitar operativo
Darren Gil es el tercer miembro de la ATF en revelar detalles del plan encubierto. Confirmó que la operación 'Rápido y furioso' se ejecutó a espaldas del gobierno mexicano y que sus superiores le dieron la orden expresa de no informar a México sobre el programa fallido
Sábado 26 de marzo de 2011 Víctor Solís | El Universal
En la embajada de Estados Unidos en México conocían desde 2010 sobre el desarrollo de la operación Rápido y furioso, y la orden directa que recibieron desde Washington fue la de no informar a las autoridades de nuestro país que se estaba tolerando el paso de miles de armas.
Darren Gil, entonces jefe de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en México y que despachaba desde la sede diplomática de Paseo de la Reforma, aseguró a la cadena CBS que fue su supervisor directo en Washington quien le hizo saber de una operación que implicaba el tráfico vigilado de armamento.
La indicación que le dio fue la de no mencionar nada a sus homólogos mexicanos, esto, pese a su manifiesta reticencia y a constantes señalamientos sobre el peligro que esa estrategia representaba para los oficiales de la ATF en México, así como para las mismas autoridades nacionales.
Como oficial de mayor rango en las oficinas de la ATF en México, Gil señala que su trabajo era aprobar cualquier operación de la agencia en la que se involucrara a México y él nunca avaló la implementación de Rápido y furioso.
Gil dijo a la CBS que detectó las primeras anomalías desde su oficina en la embajada de México a principios de 2010, cuando los números de serie de una gran cantidad de armas usadas en crímenes ligados con los cárteles de la droga fueron rastreados hasta Phoenix, donde comenzó la operación Rápido y Furioso.
Con esa evidencia en mano confrontó varias veces a su supervisor en Washington. Algunas de sus conversaciones telefónicas con él, refirió, terminaron en “gritos y regaños”.
Tras recibir la instrucción de no informar a las autoridades mexicanas sobre el paso deliberado de armas, cuestionó a su superior: “¿Cuándo va a terminar este caso? Los mexicanos se pondrán rabiosos cuando se enteren de esto”.
“En algún momento, estas armas van a terminar siendo usadas para matar a algún funcionario mexicano, a un policía o a militares y entonces, ¿qué vamos a hacer?”.
Del otro lado del teléfono sólo había silencio, asegura.
Funcionarios mexicanos de primer nivel en seguridad han dicho que ninguna dependencia nacional fue informada del plan, pese a que documentos del propio Departamento de Justicia de EU señalan que la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un representante en la Oficina de la ATF en Phoenix, donde arrancó la operación .
En diciembre de 2010 Gil se retiró de la ATF, en parte por su negativa a participar en la estrategia que permitió la entrada de unas dos mil armas a México. Al igual que Gil, antes los agentes John Dodson y René Jáquez denunciaron a la CBS las irregularidades.
El ex jefe de la agencia en México accedió a hablar con la cadena estadounidense para dejar en claro que el plan fue aprobado desde los más altos niveles en Washington.
Una visita, dos agendas
Sin señalar si más funcionarios dentro de la Embajada de Estados Unidos sabían de la operación, Gil subrayó que su superior en Washington le dijo que tanto el actual director general de la agencia, Kenneth Melson, como otros funcionarios del más alto nivel del Departamento de Justicia que comanda el fiscal general Eric Holder, ya estaban enterados.
Melson, junto con Lanny Breuer, asistente del fiscal general para la División Criminal del Departamento de Justicia, realizaron durante la segunda mitad de 2010 una visita a la ciudad de México en la que ambos destacaron los alcances de Rápido y furioso ante personal de la ATF comisionado en el país, según narró Gil.
Breuer dijo que se realizaba un “gran operativo” contra el tráfico de armas que “estaba dando buenos resultados”. Melson, al ser cuestionado por Gil y algunos miembros de su primer equipo sobre algunas armas que estaban apareciendo en México, se limitó a decir “es un buen caso, aún está en marcha y lo cerraremos tan pronto como podamos”.
Los dos funcionarios, cumpliendo con la otra parte de su agenda —la visible para el lado mexicano— sostuvieron durante esa misma visita reuniones con autoridades de procuración de justicia de primer nivel en el país. El contenido de los encuentros contrastó en gran medida con el primero con personal estadounidense en la oficina de la Embajada, según se comprueba en cables de WikiLeaks, coberturas periodísticas de EL UNIVERSAL y lo relatado por el ex agente Darren Gil a la CBS.
El despacho 09MEXICO28 82 filtrado por WikiLeaks da cuenta de una reunión que sostuvo Lanny Breuer y representante del DOJ con el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón; el ex subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez; y la titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales.
Breuer mostró una total aceptación a los pedidos de sus homólogos mexicanos, que incluyeron un mayor intercambio de tecnología para labores de inteligencia y capacitación directa de Estados Unidos a los oficiales nacionales.
En otra reunión que esta casa editorial reporto a principios de octubre, Breuer firmó con el procurador Arturo Chávez un memorando de entendimiento mediante el cual se hizo entrega a México de 2.9 millones de dólares en equipo para el combate al lavado de dinero.
Kenneth Melson, de la ATF, no se quedó atrás en el cumplimiento de su doble agenda. Mientras se vanagloriaba ante sus agentes comisionados en México del operativo Rápido y Furioso, suscribía a la vez un acuerdo con la PGR para facilitarle a la administración del presidente Felipe Calderón la tecnología del sistema E-Trace para rastrear las armas que utiliza el crimen organizado.
Durante ese encuentro, Melson calificó como histórica la alianza con la Procuraduría General de la República para el rastreo de armas en tiempo real a través del sistema E-Trace, ya que “este acuerdo salvará innumerables vidas y mandará a muchos traficantes a prisión”, pues permitirá obtener pistas sobre estas redes que operan en ambos países y establecer tendencias y patrones de tráfico de arsenales.
Paradójicamente, los funcionarios estadounidenses “apoyaban” a sus iguales mexicanos con tecnología para rastrear las armas que ellos mismos dejaban pasar a territorio nacional de manera ilegal.
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Rápido y furioso se autorizó en Washington, revela ex jefe de ATF
- El envío de armas fue aprobado por altos funcionarios, dice Darren Gil
- Me ordenaron no enterar al gobierno mexicano del caso, expresa a la CBS
- Me ordenaron no enterar al gobierno mexicano del caso, expresa a la CBS
Fuente: Periódico La Jornada
Sábado 26 de marzo de 2011
Sábado 26 de marzo de 2011
La polémica operación Rápido y furioso fue aprobada por funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos, reveló la cadena estadunidense CBS, según declaraciones del agente Darren Gil, quien encabezaba en México la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés).
En entrevista con CBS, Gil señaló que alguien
de muy alto nivelen el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) tenía conocimiento del tráfico vigilado de armas, y que fue su propio supervisor directo en la oficina de la ATF en Washington quien le confirmó que la operación fue aprobada por funcionarios por encima del mismo Kenneth Melson, actual director general de la ATF.
¿El director [Melson] tiene conocimiento de esto?, preguntó Gil a su supervisor.
Sí, él sabe [del paso deliberado de armas a México]. No sólo sabe el director, el Departamento de Justicia tiene conocimiento, fue la respuesta que obtuvo.
Agrega que otra de las instrucciones que recibió desde Washington fue no informar a las autoridades mexicanas sobre el caso.
De acuerdo con la entrevista con CBS, en medio de las tensiones que se vivían en la ATF durante el verano de 2010 por la inquietud de varios agentes que habían recibido la orden de dejar que arsenales cruzaran a México, el asistente del fiscal general, Lanny Breuer, junto con otros funcionarios del DOJ visitó México para hablar con el personal de la oficina de la ATF en el país sobre una
gran operacióncontra el tráfico de armas que estaba
obteniendo buenos resultados. A este viaje también acudió Melson.
Durante esa visita tanto Gil como su subdirector adjunto y su analista cuestionaron a Kenneth Melson sobre la repentina aparición de armas estadunidenses en México. De acuerdo con Gil, el director de la ATF señaló que ese, al que calificaba de
un buen caso, aún estaba en curso, por lo que ofrecía ponerle fin
tan pronto como podamos, sostuvo CBS.
En su entrevista con la cadena, Gil dijo haber detectado las primeras anomalías a principios de 2010, cuando los números de serie de armas usadas en crímenes relacionados con los cárteles de la droga fueron rastreados hasta Phoenix, Arizona, donde comenzó Rápido y furioso.
Pero cuando uno de los analistas de Gil quiso revisar en su computadora los archivos de ATF para ahondar en el caso se topó con que estaba bloqueada.
No sólo él no tenía acceso; yo, como director adjunto y siendo el oficial de mayor rango en México para las operaciones de la ATF, tampoco, relató Gil.
Como representante de la ATF en México, Gil señaló que era su trabajo aprobar cualquier operación de la agencia en la que se involucrara a México, y él nunca avaló la aplicación de Rápido y furioso.
El 25 de enero de 2010, Gil envió un correo electrónico a todo su personal en el que subrayó que sin su aprobación no se permitiría la entrada de ninguna arma de fuego a México.
En la misiva señaló además que si alguna vez autorizaba dicha estrategia, las armas deberían ser confiscadas del lado mexicano de la frontera justo al cruzar.
Al tiempo que Gil enviaba ese correo electrónico, agentes de la ATF en Phoenix comenzaban a filtrar información a CBS sobre la orden que habían recibido de dejar que las armas cruzaran a territorio mexicano hasta las manos de los cárteles de la droga. La idea era aparentemente de que se trataba de
De acuerdo con la cadena estadunidense, Gil se confrontó con su supervisor en Washington por la operación Rápido y furioso.
Sostuvo que la orden directa de éste fue “no informar a sus pares en México sobre el operativo”.
En diciembre de 2010 Darren Gil se retiró de la ATF, en parte por su negativa a participar en la operación Rápido y furioso, que durante 15 meses permitió la entrada de unas 2 mil armas a México.
Afirmó haber aceptado hablar con la CBS para dejar en claro que el personal de la ATF en México nunca tuvo conocimiento de la operación, sino que esto fue aprobado desde los más altos niveles en Washington.
En este sentido, el presidente Barack Obama declaró que no tenía conocimiento de la maniobra Rápido y furioso y menos el procurador general Eric Holder, por lo que encargó a éste la asignación de un inspector general para que investigue quién lo autorizó y esclarezca los hechos.
En entrevista con la cadena Univisión, Barack Obama prometió que
Al preguntarle si había sido informado sobre la operación, el jefe de la Casa Blanca puntualizó:
El mandatario atribuyó su desconocimiento del operativo a que
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Video: Carmen Aristegui, entrevista a Porfirio Munoz Ledo, por el asunto "Rapido y Furioso", 2011
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De acuerdo con un informe sobre el tema, la mitad de ellos habrían escapado hacia Estados Unidos, lo que significaría que en el país hay unos 115 mil refugiados internos, la mayoría provenientes de Chihuahua y Tamaulipas, aunque este fenómeno también ha comenzado a afectar a los habitantes de Nuevo León, Baja California, Sinaloa y Michoacán.
El IDMC, surgido en 1998 y vinculado con la organización humanitaria independiente Consejo Noruego para los Refugiados, difundió un informe en el que analiza los efectos de la confrontación del gobierno mexicano con los grupos del crimen organizado.
En el documento, el centro advierte que, a pesar de las dificultades para obtener cifras exactas, se calcula que
Destaca comunidades de Tamaulipas y Chihuahua, que son hasta ahora las dos entidades más castigadas por la violencia y de donde han salido más personas en este éxodo.
Los municipios tamaulipecos más afectados son Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, donde hay miles de viviendas de todo tipo, particularmente de interés social, que han sido abandonadas por sus dueños.
Un ejemplo destacado es la huida de más de 400 pobladores de Ciudad Mier, ocurrida a inicios de noviembre de 2010, luego de que Los Zetas amenazaran con matar a cualquier persona que se quedara en la localidad, como consignó en su momento La Jornada (11 y 19/11/10).
El 25 de enero de 2010, Gil envió un correo electrónico a todo su personal en el que subrayó que sin su aprobación no se permitiría la entrada de ninguna arma de fuego a México.
En la misiva señaló además que si alguna vez autorizaba dicha estrategia, las armas deberían ser confiscadas del lado mexicano de la frontera justo al cruzar.
Al tiempo que Gil enviaba ese correo electrónico, agentes de la ATF en Phoenix comenzaban a filtrar información a CBS sobre la orden que habían recibido de dejar que las armas cruzaran a territorio mexicano hasta las manos de los cárteles de la droga. La idea era aparentemente de que se trataba de
un gran caso.
De acuerdo con la cadena estadunidense, Gil se confrontó con su supervisor en Washington por la operación Rápido y furioso.
Sostuvo que la orden directa de éste fue “no informar a sus pares en México sobre el operativo”.
En diciembre de 2010 Darren Gil se retiró de la ATF, en parte por su negativa a participar en la operación Rápido y furioso, que durante 15 meses permitió la entrada de unas 2 mil armas a México.
Afirmó haber aceptado hablar con la CBS para dejar en claro que el personal de la ATF en México nunca tuvo conocimiento de la operación, sino que esto fue aprobado desde los más altos niveles en Washington.
En este sentido, el presidente Barack Obama declaró que no tenía conocimiento de la maniobra Rápido y furioso y menos el procurador general Eric Holder, por lo que encargó a éste la asignación de un inspector general para que investigue quién lo autorizó y esclarezca los hechos.
En entrevista con la cadena Univisión, Barack Obama prometió que
habrá consecuenciaspara los responsables del operativo.
En primer lugar no la autoricé. Eric Holder, el fiscal general, no la autorizó. Así que lo que él ha hecho es asignar un inspector general para investigar lo que pasó exactamente, declaró.
Al preguntarle si había sido informado sobre la operación, el jefe de la Casa Blanca puntualizó:
Absolutamente no.
El mandatario atribuyó su desconocimiento del operativo a que
Estados Unidos es un gobierno bastante grande y hay muchos diferentes departamentos, pero aseguró que se trata
de desarrollar una cooperación entre Estados Unidos y México como nunca, sostuvo.
Hemos iniciado una excelente cooperación y quizás se produjo una situación en la que hubo un serio error. Si ese es el caso, lo averiguaremos y habrá consecuencias, añadió el mandatario demócrata.
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Video: Carmen Aristegui, entrevista a Porfirio Munoz Ledo, por el asunto "Rapido y Furioso", 2011
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La
guerraha expulsado de sus hogares a 230 mil personas: ONG
- La mitad huyó a EU y la otra se dispersó en el país, dice IDMC
Fuente: Periódico La Jornada
Sábado 26 de marzo de 2011
Sábado 26 de marzo de 2011
El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) advirtió que a causa de la violencia desatada por la
guerracontra el narcotráfico, alrededor de 230 mil personas en México se han visto orilladas a salir de sus lugares de origen.
El IDMC, surgido en 1998 y vinculado con la organización humanitaria independiente Consejo Noruego para los Refugiados, difundió un informe en el que analiza los efectos de la confrontación del gobierno mexicano con los grupos del crimen organizado.
En el documento, el centro advierte que, a pesar de las dificultades para obtener cifras exactas, se calcula que
el número de personas que han huido de sus hogares asciende a 230 mil, la mitad de las cuales se han dirigido a Estados Unidos, lo que da un resultado de 115 mil desplazados internos.
Destaca comunidades de Tamaulipas y Chihuahua, que son hasta ahora las dos entidades más castigadas por la violencia y de donde han salido más personas en este éxodo.
Los municipios tamaulipecos más afectados son Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, donde hay miles de viviendas de todo tipo, particularmente de interés social, que han sido abandonadas por sus dueños.
Un ejemplo destacado es la huida de más de 400 pobladores de Ciudad Mier, ocurrida a inicios de noviembre de 2010, luego de que Los Zetas amenazaran con matar a cualquier persona que se quedara en la localidad, como consignó en su momento La Jornada (11 y 19/11/10).
En el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez y el Valle de Juárez son los dos puntos donde es más notorio el desplazamiento de personas por la violencia.
IDMC informó que, de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde 2007 habían huido por dicha causa unas 230 mil personas. Además, cifras de diversas autoridades locales revelaron que hay 116 mil hogares vacíos, 11 mil negocios que prefirieron cerrar y 11 mil alumnos que abandonaron sus estudios.
Los restantes 115 mil han huido a Chihuahua, Durango, Coahuila y Veracruz, aunque por la falta de información sobre el fenómeno, se ignoran sus condiciones vida,
Otro aspecto delicado en el informe es el relativo a la defensa de las casas, tierras y propiedades de las víctimas mientras éstas no se encuentran en su lugar de origen, ya que en muchas comunidades los hogares vacíos han sido saqueados.
El IDMC subrayó que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de proteger a los desplazados por la violencia, de forma que esta situación no se traduzca en un menoscabo de sus derechos humanos.
Señaló que las agencias internacionales con mandato de protección que operan en México también deben hacer lo posible por investigar y documentar el éxodo, y promover soluciones duraderas para esta población.
IDMC informó que, de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde 2007 habían huido por dicha causa unas 230 mil personas. Además, cifras de diversas autoridades locales revelaron que hay 116 mil hogares vacíos, 11 mil negocios que prefirieron cerrar y 11 mil alumnos que abandonaron sus estudios.
Condiciones de vida
Muchos dueños de negocios y profesionistas independientes de clase media alta prefirieron irse a Estados Unidos: entre 2007 y 2009, unos 55 mil llegaron a El Paso, Texas, y 68 mil a otras ciudades del país vecino.
ya que no existe ninguna agencia nacional o internacional que dé seguimiento a los desplazamientos forzados de población en el país.
Otro aspecto delicado en el informe es el relativo a la defensa de las casas, tierras y propiedades de las víctimas mientras éstas no se encuentran en su lugar de origen, ya que en muchas comunidades los hogares vacíos han sido saqueados.
El IDMC subrayó que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de proteger a los desplazados por la violencia, de forma que esta situación no se traduzca en un menoscabo de sus derechos humanos.
Señaló que las agencias internacionales con mandato de protección que operan en México también deben hacer lo posible por investigar y documentar el éxodo, y promover soluciones duraderas para esta población.
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