Procurador de EU condena plan 'Rápido y Furioso'

Eric Holder, fiscal general estadounidense, califica de 'inaceptable' la operación de la ATF que permitió la entrada deliberada de miles de armas a México

Ciudad de México | Jueves 10 de marzo de 2011

Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, condenó la operación de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) mediante la cual se introdujeron de forma deliberada miles de armas a territorio mexicano.

Durante una audiencia en el Senado, la legisladora republicana Kay Bailey cuestionó al procurador de justicia sobre el operativo "Rápido y Furioso", que tenía como objetivo rastrear hasta manos de los cárteles de la droga en México las armas que adquirían contrabandistas bajo vigilancia en Estados Unidos.

Holder recordó durante su reunión con senadores que la misión de la ATF es detener el flujo de armas de Estados Unidos a México, y es por eso que sus agentes sirven de manera "valiente" en ambos países.

Por eso "he dejado en claro a la gente del Departamento de Justicia que permitir el paso de armas a México no es de ninguna manera aceptable", según publica la cadena CBS.

Agregó que en operativos relacionados con drogas y dinero ilícito, donde aplican técnicas de rastreo para determinar su paradero final, no puede ocurrir eso con las armas, pues "es muy diferente y no debe ser permitido", y eso se lo he dicho a los fiscales del país y a los encargados de las agencias que ponen en marcha estos operativos.

Con anterioridad el fiscal general Holder había ordenado una inmediata revisión de las estrategias arriesgadas que han empleado distintas agencias federales, como la ATF, para tratar de desarticular las redes de contrabando de armas que van a parar a México.

Nuevos documentos en posesión de la cadena de noticias CBS revelan que la Fiscalía de Phoenix, Arizona, que depende del Departamento de Justicia de EU, supervisó la implementación del plan "Rápido y Furioso".

Ayer la máxima responsable de la seguridad interna de Estados Unidos (DHS), Janet Napolitano, aseguró durante una audiencia en el Senado que nunca fue informada de la operación "Rápido y Furioso", ni del riesgo de operaciones encubiertas que habrían permitido el trasiego ilegal de miles de armas a México.

"No fui informada... Nunca me hicieron llegar preocupaciones en este sentido", dijo Napolitano durante un encuentro cara a cara con el republicano de más alto rango en el Comité de Justicia del Senado, Charles Grassley.

En el intercambio de preguntas y respuestas, Grassley acusó directamente a la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) de haber contribuido a la violencia que castiga a México, al permitir de forma deliberada el contrabando de casi 2 mil armas como parte de la operación Rápido y Furioso.

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Tráfico de armas y omisiones preocupantes

Editorial de La Jornada / Marzo 10, 2011

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ordenó ayer una investigación interna por el operativo Rápido y furioso, realizado por la Oficina de Control de Armas (ATF, por sus siglas en inglés), y que consistió en solapar el ingreso de miles de armas de fuego a nuestro país con el supuesto fin de rastrear a grupos de la delincuencia organizada que operan al sur del río Bravo.

El episodio comentado puso al descubierto la participación de funcionarios estadunidenses en un delito de suma gravedad –el tráfico ilegal de armas a México–, en un momento en que el país enfrenta un baño de sangre ocasionado, en buena medida, por la incapacidad del gobierno estadunidense por controlar el flujo de armamento hacia México. La pesquisa anunciada ayer por Holder constituye una medida de obvia necesidad, pero resulta exasperante que el gobierno mexicano no haga otro tanto: hasta ahora, y a pesar de la gravedad del episodio, la administración calderonista se ha limitado a pedir "una explicación" a la estadunidense, y ha dicho que "el gobierno de México seguirá con especial interés las investigaciones anunciadas tanto por la ATF como por el Departamento de Justicia" del vecino país, según consta en un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado sábado. Preferible a esos señalamientos habría sido que las autoridades nacionales emprendieran, desde un inicio, investigaciones propias, que fincaran cargos contra los funcionarios estadunidenses involucrados y que adoptaran, en suma, las medidas necesarias para esclarecer y sancionar un delito que se cometió en México, y cuyos responsables deben, por consecuencia, ser juzgados con apego a las leyes nacionales.

La ausencia de esas acciones exhibe una claudicación del gobierno mexicano a la facultad soberana e irrenunciable de procurar justicia dentro del propio territorio, así como una abdicación de los deberes institucionales del Estado ante las autoridades de Washington, las cuales han mostrado una actitud más que remisa e indolente en el combate al flujo de armas a nuestro país: ahora, con el operativo comentado, ese gobierno se ha erigido en proveedor y hasta en cómplice de las organizaciones criminales que operan en México.

La circunstancia descrita constituye, en suma, una razón adicional para que el país abandone la estrategia de seguridad promovida por Estados Unidos al sur de la frontera, y adoptada por la administración calderonista en el contexto de la "guerra contra la delincuencia organizada" y de la Iniciativa Mérida: dicha política no sólo ha sido ineficaz en su objetivo y ha generado efectos contraproducentes para el país, sino también ha implicado claudicaciones inaceptables a la soberanía nacional; ha puesto de manifiesto el doble discurso de Washington en su supuesto compromiso de combatir al narco y erradicar la violencia, y ha hecho que amplios sectores de la opinión pública se cuestionen no sólo la procedencia de dicha estrategia antinarco, sino también su veracidad.

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PGR: México desconocía sobre Rápido y Furioso

Asegura la Procuraduría que desde que tuvo conocimiento de la fallida operación, inició una investigación para esclarecer delitos que eventualmente se pudieran haber cometido
El gobierno de México rechazó que haya tenido conocimiento o que haya autorizado que en el operativo "Rápido y Furioso", de la Oficina de control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, se incluyera el trasiego o tráfico controlado de armas a territorio nacional, afirmó la Procuraduría General de la República (PGR).

La dependencia, que encabeza el procurador Arturo Chávez Chávez, afirmó que en casos asociados a este operativo, la coordinación sostenida fue para el desahogo de diligencias, sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a sus interrogatorios.

La PGR aseguró a través de un comunicado que desde que tuvo conocimiento sobre la fallida operación, inició la investigación correspondiente para esclarecer delitos que eventualmente se pudieran haber cometido en territorio mexicano.

"Como ya se ha señalado, el gobierno de México seguirá este proceso con especial atención y ha solicitado formalmente información detallada al gobierno de Estados Unidos. La PGR ha ofrecido el apoyo que pudiera ser necesario a fin de que se esclarezcan plenamente los hechos y, en su caso, se sancione cabalmente a quienes hubieran cometido irregularidades.

"Desde que se tuvo conocimiento de las afirmaciones expuestas en medios, la PGR inició la investigación correspondiente para esclarecer delitos que eventualmente se pudieran haber cometido en territorio mexicano", expuso.

Reiteró que, como parte del intercambio de información que sostiene con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tienen lugar contactos frecuentes sobre diversos casos específicos contra traficantes de armas.

"Como ha declarado el Procurador Holder, el objetivo de las acciones contra traficantes siempre es evitar que las armas lleguen a México y no sería aceptable que fueran traficadas mientras se les da seguimiento", indicó.

Así, aclaro que el gobierno de México no ha dado ni dará su autorización tácita o expresa, bajo ninguna circunstancia, para que ello ocurra.

La PGR ratificó el compromiso del gobierno mexicano de fortalecer la cooperación bilateral para evitar y detener el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia territorio nacional, siempre sobre la base de la responsabilidad compartida, la confianza y el respeto mutuo.