Soberanía empeñada y guerra perdida

Editorial de La Jornada / Diciembre 3, 2010

Entre las notas confidenciales del gobierno estadunidense difundidas por el sitio Wikileaks, se han dado a conocer varios informes alarmantes, indignantes y desoladores que atañen a la actuación del gobierno calderonista en su "guerra" contra la delincuencia organizada y a su mal desempeño general.

Destaca, en primer lugar, la inaceptable cesión de soberanía protagonizada por la actual administración, la cual ha caído en una dependencia casi total con respecto a Washington en materia de seguridad y de política exterior: el Ejecutivo federal comparte con la Casa Blanca circunstancias catastróficas que no da a conocer a la población mexicana; implora información de inteligencia, tecnología y capacitación, y reconoce la impotencia oficial ante las organizaciones delictivas. La autoridad ha venido propiciando, de esta forma, la injerencia de Estados Unidos y la supeditación a ese país en la seguridad y el manejo de la fuerza pública, y lo ha hecho –a contrapelo de los alegatos en favor de la transparencia– a espaldas a la sociedad.

En uno de los documentos divulgados por Wikileaks se consigna la percepción de Washington de que los cuerpos de seguridad mexicanos se encuentran divididos y confrontados, y que el Ejército actúa en forma lenta, torpe y con aversión al riesgo; en otro cable se afirma que en Ciudad Juárez se evidenció que la institución militar carecía del entrenamiento para patrullar las calles o emprender operaciones de aplicación de las leyes; en uno más se reproducen apreciaciones del ex subsecretario de Gobernación Jerónimo Gutiérrez de que las fuerzas gubernamentales han perdido el control de diversas regiones, que el despliegue de recursos militares y policiales en Ciudad Juárez no ha producido resultados y que al aparato institucional ya no le queda tiempo para retomar el control en lo que le resta al régimen calderonista.

En lo diplomático, los documentos difundidos por Wikileaks presentan a Calderón casi como un subordinado de Washington en el hemisferio: en un reporte sobre un encuentro con Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional del país vecino, se ponen en boca del político michoacano expresiones como que su gobierno "está tratando de aislar a Venezuela por medio del Grupo de Río"; que está "particularmente preocupado" por las relaciones de Caracas con Teherán, y que el presidente Hugo Chávez "financió al Partido de la Revolución Democrática durante la campaña presidencial" de 2006.

Es de resaltar también el juicio sumarísimo que hace Calderón ligando a Venezuela e Irán con el narcotráfico. Y lo hace sin aportar prueba alguna.

En suma, los cables secretos divulgados por Wikileaks confirman lo que numerosas voces independientes han venido señalando: la estrategia de seguridad del actual gobierno conlleva una abdicación a la soberanía, el equipo gubernamental carece de la capacidad requerida para ganar la "guerra" que declaró y el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia tiene, necesariamente, consecuencias catastróficas para la propia institución castrense. Se confirma, también, que la administración actual ha ocultado información veraz relativa a la sangrienta confrontación a la que se ha llevado al país, y que en la ocultación han tenido un papel destacado los opinadores quienes, aun contando con los elementos de juicio para conocer los extravíos del poder público, le han aplaudido y le han facilitado argumentos para sus empeños errados.

Ante las revelaciones comentadas, la estrategia de seguridad y la política exterior del gobierno federal han quedado en una posición insostenible. La administración calderonista debe explicar, rectificar y ofrecer una disculpa amplia, profunda y honesta a la sociedad.

Proceso: embestida empresarial y gubernamental

Desde la noche del miércoles, Televisa ha puesto en juego buena parte de sus espacios de información y opinión y a varios de sus comentaristas para difundir y validar un testimonio del presunto narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, ahora "testigo colaborador" de la Procuraduría General de la República (PGR), según el cual su organización delictiva entregó 50 mil dólares al reportero de la revista Proceso Ricardo Ravelo para que dejara de mencionarlo en su trabajo periodístico. Significativamente, el propio Ravelo había publicado, unos días antes, un reportaje en el que refiere contactos de Villarreal Barragán con el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, y con el senador panista Guillermo Anaya. El semanario difundió, una semana antes, un adelanto del libro de Anabel Hernández Los señores del narco, en el que se sostiene que el gobierno federal ha intentado abrir canales de comunicación con los capos de la droga, y que en ese empeño estuvo involucrado el difunto Juan Camilo Mouriño, ex secretario de Gobernación y colaborador cercanísimo de Calderón.

La embestida del consorcio televisivo contra Proceso y su reportero va mucho más allá de la difusión de noticias; la desmesura, la insistencia y los epítetos empleados contra la revista denotan una hostilidad inocultable. Vista en forma aislada, esa embestida podría tomarse como un ejercicio indebido de músculo mediático y empresarial contra una publicación que, independientemente de lo que se piense sobre su línea editorial, ha sido, y es, independiente y crítica.

Pero debe recordarse que Televisa no es únicamente un medio, o un conjunto de medios sino, antes que eso, uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, y que ha puesto su poder económico, su cobertura y su penetración al servicio de sus intereses políticos y corporativos. Ha de tenerse en mente, también, la tradicional relación de connivencia entre la compañía de la dinastía Azcárraga y el régimen: promotora número uno del discurso oficial, beneficiaria de primer orden de los favores del poder público y componente central del grupo político-empresarial que ocupa las instituciones del país, Televisa ha operado y sigue operando, al margen de cualquier disposición legal, como una suerte de ministerio de propaganda gubernamental, y su principal instrumento es el conjunto de concesiones, puntualmente refrendadas y ampliadas por gracia del gobierno, para la utilización de frecuencias que pertenecen a la nación.

Con esos elementos de contexto, resulta difícil no ver en la andanada televisiva contra Proceso una respuesta del gobierno federal, tan hostil como indebida, a las versiones publicadas en el semanario –ciertas o no– acerca de vínculos entre la administración pública y las organizaciones delictivas. No puede pensarse otra cosa, por lo demás, si se tiene presente que el actual gobierno ha abusado en forma sistemática de los organismos de procuración de justicia para ponerlos al servicio de sus designios facciosos, como lo ejemplifica el llamado michoacanazo. Ello hace pensar que los dichos de Villarreal Barragán sobre el informador de Proceso son declaraciones a modo, obtenidas con posterioridad a las publicaciones referidas. Esta sospecha se robustece por el absurdo manejo de fechas inicialmente presentado por Televisa, en el que el presunto delincuente hizo mención de un reportaje 17 días antes de que éste apareciera publicado.

Desde esta perspectiva, la embestida contra Proceso reviste la condición de una campaña gubernamental mal disimulada contra un medio informativo independiente.

Ello desmiente los propósitos recientemente formulados sobre un supuesto respeto a la libertad de expresión, confirma las relaciones inconfesables entre Televisa y el poder político y ratifica los señalamientos en torno a la ausencia de democracia real y efectiva en el país.

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Cambio Climático

2010, el año más caluroso del que se tenga registro: OMM



Cancún, Q Roo 2 de diciembre. Este 2010 ha sido el año más caluroso de que se tiene registro y la década reciente reportó las temperaturas más altas, con un incremento de 0.46 grados centígrados de 1961 a 1990, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En zonas de África, la península Arábiga y el suroeste de Asia, el Ártico canadiense y la costa de Groenlandia "se dio el año más cálido jamás registrado".

En un análisis correspondiente al periodo entre enero y octubre se encontró que la temperatura fue superior a la media de ese periodo; "por el momento 2010 se considera como el año más cálido registrado hasta el presente, justo por delante de 1998". En ese año en México se tuvo un número récord de incendios forestales.

Detalló que de 2001 a 2010, las temperaturas mundiales aumentaron en promedio 0.46 grados centígrados.

En el reporte dado a conocer este día aquí, el OMM informó que sólo en un número reducido de zonas terrestres se dieron temperaturas inferiores a las normales; los casos más destacados fueron los de zonas del oeste y centro de Siberia, del este de América del Sur, el interior de Australia y el sureste de Estados Unidos.

Agregó que las temperaturas de la superficie del mar fueron inferiores a lo normal en casi toda la mitad oriental del océano Pacífico, debido a un episodio de La Niña que se formó durante el año, pero fueron muy superiores a lo normal en casi la totalidad de los océanos Índico y Atlántico.

Recordó las inundaciones de Pakistán y China; las olas de calor en el oeste de Rusia, en Eurasia y el norte de África, la sequía en el Amazonas y la presencia de El Niño y La Niña durante este año.

Comienxzan a circular los correos con informacion de Wiki sobre Mexico en el tema de lso narcos.

México: un Ejército dividido incapaz de vencer a los narcos

Los cables expresan la frustración de EE UU por las rivalidades internas en las Fuerzas Armadas y la corrupción "generalizada"

Editorial: Diario El Pais / PABLO ORDAZ | México 02/12/2010

Estados Unidos desconfía de la capacidad de México para luchar eficazmente contra el narcotráfico debido a la rivalidad entre los cuerpos de seguridad, la "generalizada" corrupción oficial y la incapacidad manifiesta del Ejército para reunir pruebas que incriminen a sus detenidos. Según se desprende de varios documentos elaborados por la Embajada estadounidense en México a los que ha tenido acceso EL PAÍS, "el éxito de un organismo se ve como el fracaso de otro" y "solo el 2% de los detenidos en Ciudad Juárez ha sido responsabilizado de un crimen".

La embajada, que reconoce el compromiso "sin precedentes" del Gobierno de Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico, pone sin embargo de manifiesto en varios de sus informes la nula preparación del Ejército: "Es lento y tiene aversión al riesgo".

Las reiteradas críticas al Ejército contrastan, no obstante, con los elogios que la embajada dedica a la Marina, especialmente tras la operación que condujo a la captura y muerte del capo Arturo Beltrán Leyva (ABL).

El informe 240473, escrito por el propio embajador Carlos Pascual el 17 de diciembre de 2009, solo un día después de la caída del narcotraficante, asegura que la operación fue posible gracias a la información proporcionada por la legación de Estados Unidos sobre la ubicación del capo: "Los servicios jurídicos de la embajada dicen que la operación de arresto cuyo objetivo era ABL comenzó alrededor de una semana antes de su muerte.

El lunes, los servicios de inteligencia de la embajada situaron a Arturo Beltrán Leyva en un edificio de apartamentos localizado en Cuernavaca, alrededor de una hora al sur de la ciudad de México, donde Arturo Beltrán Leyva estaba escondido. SEMAR [la Marina mexicana] inició una operación de arresto el miércoles por la tarde, rodeando el complejo de apartamentos y estableciendo un perímetro de seguridad.

Las fuerzas de ABL abrieron fuego contra los operativos del SEMAR y se produjo un intenso tiroteo que hirió a tres marines y posiblemente mató a uno". El "posiblemente" se debe a que el embajador Pascual redactó el informe dirigido a Washington apenas unas horas después de la operación.

El resultado final de la operación fue el siguiente: los marines mexicanos abatieron a cinco de los sicarios que lo acompañaban; uno más, según la versión oficial, se suicidó al verse acorralado. Y, efectivamente, un infante de Marina murió en la operación (varios días después, tras publicarse su nombre en la prensa, la madre, la tía y dos hermanos del militar fueron asesinados en señal de venganza).

Ya en el informe redactado unas horas después de los hechos, el embajador Pascual reúne tres de los argumentos que constituyen una constante en sus despachos hacia Washington: la fiabilidad de la Marina, la torpeza del Ejército y la omnipresencia de EE UU en las cuestiones de seguridad de su vecino del sur. Este último asunto tiene gran importancia en México, un país históricamente muy celoso de su soberanía.

Sobre la diferencia de actitud entre la Marina (SEMAR) y el Ejército (SEDENA) merece la pena destacar el siguiente párrafo del despacho 240473: "La unidad del SEMAR [que mató al capo Beltrán Leyva] fue entrenada intensamente por el Comando Norte hace varios años. La exitosa operación (...) pone de relieve su emergente papel en la lucha contra el narcotráfico. SEMAR está bien entrenado, bien equipado y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia.

Su éxito pone a la SEDENA en la difícil posición de explicar por qué han sido reacios a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel. Nuestros servicios transmitieron la información originalmente al SEDENA, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una aversión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico".

El informe, que el embajador Pascual remite a todos los consulados de México y a instituciones tan relevantes como los comandos Norte y Sur o los departamentos de Justicia y del Tesoro, también alude al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna: "También puede ser considerado un perdedor (...). García Luna ya ha dicho en privado que la operación debería haber sido suya".

La descoordinación entre cuerpos también está presente en otro documento, elaborado el 29 de enero de 2010: "Terminamos 2009 con un compromiso sin precedentes del Gobierno mexicano para trabajar estrechamente con nosotros (...)".

Y más adelante: "Calderón ha atacado agresivamente a las organizaciones de tráfico de drogas, pero ha luchado con la descoordinación de los servicios de seguridad, con ratios de violencia en espiral que le han hecho vulnerable a las críticas de que su estrategia anticrimen ha fracasado (...).

Las instituciones de seguridad de México están a menudo presas de una competición de suma cero en la que un éxito de un organismo se ve como el fracaso del otro. La información se guarda celosamente y las operaciones conjuntas son casi desconocidas. La corrupción oficial es generalizada (...). Las ratios de acusación de delitos son tristes: el 2% de los detenidos son llevados a juicio, solo el 2% de los detenidos en Ciudad Juárez han sido responsabilizados de un crimen".

La peor parte de las críticas de Estados Unidos se la lleva de nuevo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o lo que es lo mismo, el Ejército. El despacho 246329 deja constancia: "El fracaso en la reducción de la violencia ha centrado la atención en lo que se entiende un fracaso de los militares y ha llevado un cambio importante para traspasar totalmente el mando en Ciudad Juárez en enero del Ejército a la Policía Federal. Los militares no estaban preparados para patrullar las calles o imponer la ley.

No tienen la autoridad para recoger pruebas y presentarlas ante la judicatura.

Resultado: las detenciones se disparan pero las acusaciones se mantienen invariables y tanto los militares como ciudadanos están cada vez más frustrados.

El cambio de mando en Ciudad Juárez ha sido visto por la clase política y el público como un repudio presidencial al Ejército".