Inicia Canadá deportaciones de mexicanos
14 Marzo 2012
Fuente: Milenio
- Datos oficiales, obtenidos por el Consejo Canadiense de Refugiados (CCR), detallan que 6 mil 114 mexicanos pidieron asilo político en Canadá en 2011 y de esas, 4 mil 63 solicitudes fueron denegadas por las cortes migratorias, es decir, sus peticionarios serán deportados.
Montreal • Los cinco pasajeros –cuatro hombres y una mujer— son de los últimos en abordar el vuelo 5254 de Aeroméxico antes del cierre de la puerta y el inicio de operaciones para el despegue. Todos muestran el mismo rostro descompuesto: marchan en silencio, en fila india, escoltados por policías federales canadienses vestidos de negro.
Uno tras otra son llevados por sus chaperones a sus asientos designados. Ya sentados, sin posibilidad de escape, los guardias entregan a las azafatas un bonche de pasaportes verde olivo, con la instrucción de sólo regresarlos a sus dueños hasta dentro de 3 mil 700 kilómetros, al aterrizar en la Ciudad de México. Es lo último que verán de Canadá.
Para un creciente número de mexicanos, la aventura migratoria al norte está terminando del brazo de un policía armado, con una orden de expulsión en la mano y en las pistas de despegue de los aeropuertos Jean Lesage de Montreal y Pearson de Toronto, convertidos actualmente en dos de los principales puntos de deportación de la oleada mexicana de solicitantes de refugio que en los últimos años vino a este país.
Datos oficiales, obtenidos por el Consejo Canadiense de Refugiados (CCR), detallan que 6 mil 114 mexicanos pidieron asilo político en Canadá en 2011 y de esas, 4 mil 63 solicitudes fueron denegadas por las cortes migratorias, es decir, sus peticionarios serán deportados. Otras 880 aplicaciones fueron retiradas y sólo mil 43 tuvieron éxito en su intento por recibir el estatus de asilado, el equivalente al 19.9 por ciento.
Por toda Canadá es la misma historia: deportados a ritmo diario, según distintos reportes de prensa y organizaciones no gubernamentales. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó a MILENIO que el gobierno canadiense no suele informarle de deportaciones, pero detalló que ha tomado conocimiento de varios casos. Apenas la semana pasada, cinco mexicanos a punto de la expulsión se acercaron al consulado en
Vancouver para pedir documentos de nacionalidad y facilitar su regreso a México. Con escenas como las anteriores repitiéndose todos los días, el siguiente capítulo de la telenovela migratoria entre México y Canadá está arrancando. A casi tres años de que el gobierno del premier Stephen Harper impuso el visado bajo el argumento de que su sistema de asilo político estaba por colapsar frente a un alud de peticiones mexicanas, los juicios interpuestos por miles de connacionales para tratar de permanecer en este país han comenzado a concluir de forma desfavorable para la gran mayoría.
El argumento de las cortes de inmigración es, por lo general, el mismo: los mexicanos no pueden reclamar asilo porque el Estado mexicano puede darles protección, a diferencia de lo que sucede en países como Colombia, Afganistán o Irak, cuyas aplicaciones de refugio tienen mucho más éxito. Correspondientemente y ya sin trabas legales enfrente, las autoridades canadienses han acelerado la deportación de migrantes que han perdido sus últimas apelaciones y que ya no tienen otra herramienta para permanecer en el país, según denuncias de activistas mexicanos.
“Todos los días están expulsando a mexicanos que van perdiendo sus juicios. Los están regresando a enfrentar la violencia”, dijo Oscar Carrillo, dirigente del movimiento Mexicanos Unidos por la Regularización o Mexicains Unis pour la Regularization, una agrupación de resistencia jurídica en la que se han reunido 200 connacionales a punto de ser deportados del Canadá francófono. “Los mexicanos somos la comunidad extranjera más salvajemente golpeada por las deportaciones”.
No existen cifras oficiales sobre el número de deportados, pero este diario pudo presenciar la semana pasada, en el aeropuerto de Montreal, la deportación de cinco mexicanos, dos de los cuales eran trabajadores de un restaurante de comida mexicana en Quebec. Habían arribado a Canadá en la cresta de la oleada migratoria que llevó en los últimos 10 años a miles de ciudadanos –quizá 40 mil-- a buscar suerte al norte del continente americano.
“En Quebec como 15 mil mexicanos vinieron a pedir refugio y sólo el 1 ó 2 por ciento se están quedando”, confió un funcionario de la Cruz Roja Internacional, que pidió el anonimato por no estar autorizado para emitir comentarios. “Está bien claro: los vuelos a México están repletos de deportados”.
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… de pechito a Florence
De monstruos y política
Fuente: Milenio, Marco Rascón
2012-03-14
Así como las crisis nos hicieron a todos economistas, así la violencia nos ha hecho investigadores, buscadores de pistas, licenciados, jueces y juristas. Lección: hemos aprendido en el castigo.
El proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar ha puesto de cabeza la cultura judicial mexicana, basada en que los ciudadanos son culpables hasta que no prueben lo contrario y de que para los jueces, el mejor proceso es el que ya tiene culpable.
Así como antes la prueba reina para acusar era la confesional del detenido y de ello se hizo institucional la tortura para procesar y sentenciar, hoy son las escenas y lo mediático, los que dictan culpabilidad o inocencia con base en el rating y el papel asignado a los protagonistas de cada caso. El ministro Zaldívar ha puesto en jaque todo un concepto de parcialidad procesal y de prácticas policiales basadas en lo mediático, que al ser revisadas, no se sostienen, creando impunidad para unos o condena de inocentes.
Esto es lo sucedido en el caso de Florence Cassez, que luego intentó institucionalizarse a través de la serie televisiva El Equipo ideada por el mismo Genaro García Luna, actual director de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), donde el caso de la Cassez pareciera haber sido el primer capítulo de la serie o un ensayo para emular la insurgencia policial a su mando.
Antecedentes existen muchos, pero recordemos por ejemplo para ilustrar, las campañas mediáticas de Tv Azteca en el caso Paco Stanley para liberar a Mayito de la acusación de complicidad con el crimen y donde al final era más importante la trama de pasiones que el crimen mismo, a la manera de “Pupetta o el fin de la camorra” que nos relatara Hans Magnus Enzensberger en su libro Política y delito, muy cercano a lo que pasa hoy en México y donde coexisten visiones autoritarias con rostros de salvadores de la patria como Rafael Leonídas Trujillo, empresarios benefactores como Al Capone y juicios mediáticos que sirven para construir impunidades.
El ministro Zaldívar con su proyecto de resolución ha puesto cara a cara a la legalidad y la justicia. En este sentido, la corrupción procesal creó duda razonable sobre la acusada y por tanto, de salir libre Florence Cassez, será en calidad de inocente, no por concesión ni excepción, a consecuencia de los vicios procesales desde su detención.
El punto central de preocupación, coincidimos, son las víctimas de los secuestros, ante las cuales el Estado mexicano y el sistema de justicia debe establecer la verdad y castigar a los responsables; sin embargo, no se puede sustituir la justicia con venganza y por ello, de la certeza procesal y el valor de las pruebas, se debe llegar a la verdadera justicia condenando a los culpables.
No puede haber justicia sin claridad procesal en los juicios. Cuando la descomposición social se desborda como ahora, una justicia débil busca justificarse y convierte la necesidad de justicia en razzias, linchamientos y hace de las prisiones un infierno de imprecisión de culpables e inocentes; es ahí donde el Poder Judicial se convierte en parte del problema y no de la solución. ¿Cuántos sentenciados o encarcelados son producto de la ilegalidad procesal?
En el ambiente creado por los medios y el gobierno, se apela hoy al chovinismo mexicano, a fin de construir una reacción contra el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar, tratando de convertirlo en un asunto de afrenta nacional. No es así.
El caso es trascendente al exponer lo que convierte la acción policial en actos ilegales; en lo que genera la espiral de violencia al poner en el mismo nivel a las fuerzas del Estado con los delincuentes, que condujo al concepto de “guerra” y deriva hoy en una nueva guerra sucia del Estado contra los delincuentes que agrava y no resuelve, pues en esa guerra se establecen reglas y códigos negros, semejantes a la omertá de los mafiosos, donde el ojo por ojo sustituye al Estado y la ley.
Hoy, la credibilidad en las fuerzas del Estado y la justicia, depende del apego a la legalidad. La tragedia es que la mayoría de los 50 mil muertos y los cientos de desaparecidos son doblemente víctimas, pues por la forma de morir se les considera delincuentes de facto y por tanto se acepta y justifica su muerte. Creemos en el prejuicio, no en los juicios.
En este debate lo que importa no es Florence Cassez, sino el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar que convoca a terminar con la simulación que deriva en impunidad e injusticia. Ojalá que la decisión final de la Suprema Corte sea un punto de partida para una verdadera cultura de justicia.
Para reclamos, fue Genaro García Luna, no Arturo Zaldívar, quien deshizo las pruebas de Ezequiel Yadir y le puso la inocencia de pechito a Florence Cassez.
http://www.marcorascon.org
