En Arizona les llueve sobre mojado
Jorge Durand
Editorial de La Jornada

La reforma migratoria está estancada, el Congreso no quiere discutir la propuesta de los senadores Schumer y Graham y el presidente Barack Obama no se quiere comprometer de lleno y mandar su propuesta de ley al Congreso.

Obama apoya la propuesta de una reforma integral, pero no se compromete a fondo. Y mientras el presidente y el Congreso estadunidenses se pasan la pelota y se diluyen las esperanzas de una reforma migratoria federal integral, a escala estatal ha empezado la embestida. Es el caso de Arizona, donde la gobernadora Jan Brewer aprobó una ley antinmigrante conocida como SB-1070. Se supone que en 90 días la ley deberá aplicarse, si es que no se interponen demandas legales en contra por anticonstitucional.

La tensión entre los estados y la federación sobre el tema migratorio data de tres lustros atrás, cuando el gobernador Pete Wilson de California logró la relección en 1994, al promover la Proposición 187 llamada Save our state (Salvemos nuestro estado), que fue sancionada por una amplia mayoría de los votantes (58.9 por ciento), entre ellos muchos latinos. La proposición negaba el derecho a la salud y a la educación a los migrantes indocumentados y obligaba a los funcionarios (médicos y maestros) a denunciar a la policía a aquellos que no tuvieran documentos. A pesar de haber ganado la votación, la Proposición 187 no se pudo aplicar porque los abogados de la causa migrante entablaron un juicio y obtuvieron un fallo a favor, dado que la corte dictaminó que el asunto migratorio era de competencia federal y no estatal.

No obstante, la Proposición 187 tuvo una amplia a acogida a escala nacional y en 1986 el presidente Clinton promulgó una ley (IRAIIRA) de reforma migratoria y de seguridad social que le otorgó a los estados una serie de atribuciones en materia migratoria. Con esa ley quedaba establecido el derecho de los estados a sancionar algunos aspectos de las políticas migratorias y se echaba atrás el juicio ganado contra la Proposición 187. Queda a discreción de cada entidad, por ejemplo, dictaminar sobre el derecho a ciertos beneficios sociales para aquellos que no son ciudadanos, es decir, residentes legales o indocumentados. Pero esta cesión de facultades federales a los estados ha desatado una serie de actitudes antinmigrantes por parte de funcionarios, autoridades y agentes policiacos, que se sienten con el derecho de perseguir migrantes y aplicar justicia por propia mano.

En el caso particular de Arizona es tristemente famoso el sheriff Joe Arpaio, quien se ha dedicado a perseguir migrantes con saña y se atribuye el derecho de solicitar documentación a cualquier persona que considere pertinente. Su actuación ha sido cuestionada por múltiples iglesias y organizaciones no gubernamentales, pero tiene un fuerte apoyo en determinados sectores sociales y hasta el momento ha podido solventar varios casos legales. Con la aprobación de la ley SB 1070 el sheriff Arpaio tendrá mano libre para aplicarse en perseguir migrantes indocumentados.

El caso de Arizona es diferente al de California y Texas por varias razones. En primer lugar, Arizona era un estado con muy poca presencia migrante a pesar de tener frontera con México. La razón era muy simple: los migrantes se iban por Tijuana o la frontera del río Bravo. Sin embargo, con las políticas restrictivas de control fronterizo, el flujo que iba por California y Texas fue desviado a zonas más áridas y peligrosas, como los desiertos de Sonora o Altar, que forman parte del estado de Arizona.

De este modo, un estado que no estaba acostumbrado a ver migrantes caminando por las calles o solicitando trabajo empezó a preocuparse por el asunto. Al cambio de rutas migratorias que afectó de manera particular a Arizona se suma otro factor: el crecimiento económico. El área metropolitana de Phoenix está en el primer lugar en cuanto al índice de crecimiento económico en la última década, según un reporte reciente de The New York Times (16/04/2010), y en tercer lugar en cuanto al crecimiento de su fuerza de trabajo migrante. En Phoenix, a diferencia de otros lugares, hay muchos nuevos empleos, especialmente en la industria de la construcción y los servicios, por eso mismo hay migrantes indocumentados trabajando y solicitando empleo.

Pero la propuesta SB 1070 va mucho más allá que la Proposición 187 y la ley migratoria IRAIIRA de 1986. En realidad se parece más a la propuesta HR 4037 de Sensembrenner (2006), que criminaliza al migrante irregular y que fue derrotada en las calles por cerca de 5 millones de personas que salieron a protestar en la primavera de 2006. La propuesta establece como delitos estatales una serie de infracciones que ya son consideradas como tales a escala federal, pero al aprobarse a nivel estatal, la policía local se arroga el derecho de perseguir y aplicar la ley.

En 2007 se promulgó la Legal Arizona Workers Act, que iba en el mismo sentido, de obligar a escala estatal a cumplir una ley federal. En este caso los empleadores debían asegurarse, por los mecanismos establecidos, de que los trabajadores que contrataban fueran legales. Pero el sistema de verificación conocido por sus siglas como SAVE y E-Verify no funciona de manera eficiente. Como resulta bastante complicado aplicar la ley en contra de los empleadores, ahora resulta mucho más fácil y rentable políticamente perseguir a los ilegales.

La disposición más conflictiva afirma que las policías y los funcionarios deben tratar de determinar "de manera razonable" el estatus legal de una persona, si existe "una sospecha fundada" de que la persona está en el estado de Arizona de manera irregular. En otros contextos, esta sospecha fundada es definida como profiling, es decir, la autoridad se arroga el derecho de preguntar por la residencia legal al tomar en cuenta el perfil, los rasgos externos de una persona. No hay otra manera. Dado que la inmensa mayoría de los migrantes irregulares de Arizona son mexicanos, la medida tiene un contenido racial evidente y se convertirá en una práctica discriminatoria.

Según Susan Gzesh, abogada de la Universidad de Chicago, se puede esperar una reacción del procurador general Eric Holder, quien podría intervenir para frenar este proceso dado que se afectan los intereses de una minoría. En la década de los 60 hubo varias intervenciones en este sentido en los estados sureños de Alabama, Mississippi y Arkansas.

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La ley del odio
Saúl Escobar Toledo
Fuente: La Jornada

La firma de la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, sobre la ley SB1070, ratificó una decisión del Congreso local, pero también avivó la guerra que un sector de la sociedad y la clase política estadunidnse han declarado contra los inmigrantes, especialmente contra los mexicanos.

La ley es una abierta invitación a la persecución, el acoso y la discriminación de todos aquellos que parezcan nuestros paisanos, independientemente de que sean o no indocumentados. Es, en efecto, una "ley de odio", como la calificó Ed Pastor, el congresista demócrata por ese estado fronterizo con México.

La decisión del Congreso local y de la gobernadora responden, en primer lugar, a una motivación electorera. La señora Brewer quiere seguir en su puesto y seguramente consideró que esta ley era una buena acción para ganarse el voto de sus electores el próximo noviembre. Pero el costo va ser alto, pues alentará el racismo, la violación de los derechos humanos y la represión policiaca contra los inmigrantes, con toda la secuela que esto último conlleva: malos tratos, división de familias y extorsión laboral.

Es sabido, y esta vez no ha sido la excepción, que las crisis económicas son caldo de cultivo favorables para que se exacerben las reacciones de ultraderecha y, en particular, la xenofobia. La culpa del desempleo se achaca a los extraños, a los que llegan al país a quitarle el trabajo a los nativos y a disfrutar de servicios médicos y educativos a costa del dinero y los impuestos de los residentes. Así, hoy, una ola ultranacionalista y antinmigrante se ha agudizado en Europa y Estados Unidos.

En este último país, por otro lado, el pleito contra los migrantes ha tomado la forma de una disputa bipartidista. Pocas horas antes de la firma de la gobernadora Brewer, el presidente Barack Obama criticaba duramente la ley en los jardines de la Casa Blanca. Obama estaba enviando un mensaje para evitar que la polarización política se convierta en una guerra que vaya más allá de las campañas electorales y se replique en las calles contra personas de todos los colores (negros, cafés, amarillos o rojos).

Pero el caso es que esta guerra ya comenzó. Con motivo del debate sobre la ley de salud, la derecha y la ultraderecha republicanas desarrollaron una ofensiva que fue más allá de las buenas costumbres de la política estadunidense. “Kill the bill”, gritaban frente al Capitolio. "Maten la ley", lo que tenía más de un significado legislativo. Y esa frase era una de las más suaves, pues también se hicieron abiertos llamados a la rebelión armada contra el socialismo de Obama, como lo califica el grupo Tea Party. Hasta el otrora moderado Mc Cain, el ex candidato perdedor frente a Obama y autor de una moderada iniciativa de ley pro inmigrantes, que firmó con el finado senador Kennedy hace años, ahora se ha radicalizado hacia la derecha.

Así pues, Obama tiene que enfrentar un asunto que está dividiendo profundamente a la sociedad y a los partidos políticos. Por eso también llamó, el viernes mismo, a una revisión general de las leyes de inmigración para evitar la "irresponsabilidad de otros". Quizá lo que le preocupaba, al decir esto último, es la tentación de los sectores más conservadores a alentar la confrontación social y política contra los inmigrantes.

Pero la posibilidad de que el Congreso apruebe una nueva ley o paquete de leyes que favorezcan a los indocumentados no se ve muy cerca. Los demócratas también quieren el voto antinmigrante y, aunque tendrán que decidir entre éste y el voto latino, es probable que muchos se decidan por nadar de muertito o de plano pasarse a la derecha. Ello, a menos que la polarización lleve a Obama y un sector de los demócratas a aprovechar los excesos de los republicanos para dejar de buscar consensos bipartidistas e imponer su mayoría. Cosa que no se ve posible, por ahora.

Mientras la gobernadora presidía la ceremonia de firma de la nueva ley, en las afueras del Capitolio estatal miles de personas se congregaban para protestar. La marcha a Washington, que congregó a miles de inmigrantes de diversos orígenes raciales, que tuvo lugar en marzo, fue un abierto reclamo a Obama, pero también una advertencia a la ultraderecha: los migrantes también tienen voz y presencia en las calles. La firma de la gobernadora puede ser el antecedente de nuevas y más grandes movilizaciones.

El primero de mayo, varias organizaciones de mexicanos y latinos están llamando a marchas en diferentes lugares de Estados Unidos para exigir la reforma migratoria.

Ahora tendrán otra causa para su movilización: paren la guerra, detengan la ley del odio. Y, me imagino, muchos latinos y mexicanos también dirán: y si no la paran, aquí nadie se raja.

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NCLR SAYS NEW ARIZONA LAW IS NOT THE ANSWER

Urgency for White House, Congress to Act on Immigration Reform

Washington, DC—Calling it a “sad day” for the people of Arizona and our country, Janet Murguía, President and CEO of NCLR (National Council of La Raza), the largest national Hispanic civil rights and advocacy organization in the United States, expressed deep disappointment that Governor Jan Brewer (R–AZ) signed Arizona SB 1070 into law today. The bill gives law enforcement license to stop citizens and noncitizens to check their immigration status based simply on “reasonable suspicion” that individuals are in the country without proper documentation. The law opens the door to the indiscriminate use of racial profiling and comes at a high cost to Arizona taxpayers.

“We are extremely disappointed that Governor Brewer chose politics over sound policy,” said Murguía. “She joins a long line of other Arizona politicians who are trying to ensure their own political survival at the expense of the people they claim to represent and serve.”

“This is a watershed moment for the President and Congress. Will they continue to abdicate their responsibility and allow other states to follow suit or will they show leadership and respond to the state of emergency that our communities face by enacting comprehensive immigration reform?”

The new law also requires state, county, and municipal employees to ascertain the immigration status of a person if there is “reasonable suspicion” that the person is unlawfully present in the U.S. It also subjects local governments and their personnel to lawsuits by any citizen who feels that the new law is not being enforced sufficiently. The law will impose a $500 fine and a misdemeanor charge leading to possible deportation for individuals unable to show proof of legal presence. President Obama stated that the new law threatens to “undermine basic notions of fairness that we cherish as Americans, as well as the trust between police and their communities that is so crucial to keeping us safe.” (For a complete summary of the bill by the American Civil Liberties Union of Arizona, click here.)

“The passage of SB 1070 will legitimize racial profiling in Arizona and it goes against our laws and our values as a country,” continued Murguía. “At this moment, we need to appeal to the better angels of what makes us Americans, and not our worst fears. Unfortunately, the rhetoric of division, and not unity, has prevailed today. We will continue to work with our allies to find a solution to our broken immigration system at the federal level, the urgency of which cannot be overstated due to this new law.”