Juárez, la orgía, el atentado, las autoridades

El presidente municipal reconocía que no era posible responsabilizarse de la seguridad del penal de Juárez y dejaba “en manos de Dios” lo que allí ocurriera.

Jorge Fernández Menéndez
Fuente: Diario Excelsior

Desde hace años, a la lucha contra la inseguridad en Ciudad Juárez se ha unido una lucha política y burocrática que no está distanciada de los intereses legítimos e ilegítimos que se mueven en la ciudad. Pero en pocas ocasiones ello se ha escenificado de forma tan evidente como en lo sucedido en estos días en torno al motín —de alguna forma hay que llamarlo— que se escenificó en el penal de Juárez.

El lunes por la noche en el penal de Juárez, que tiene espacio para unos dos mil reclusos, pero donde apiñan casi a cinco mil, divididos la mayoría de ellos entre los que participan en la pandilla de Los Aztecas y sus rivales Los Artistas Asesinos; unos ligados al cártel de Juárez, los otros al del Chapo Guzmán, estaban de fiesta. En realidad, según lo muestran las cámaras del penal, estaban disfrutando de una orgía en la que obviamente no faltaban mujeres, algunas de ellas menores de edad, ni mucho menos alcohol y drogas. Como fin de fiesta, un grupo de pandilleros armados con fusiles de asalto fueron hasta las celdas de sus enemigos y acribillaron a 17 reos. Todo fue captado por las cámaras de seguridad, pero en el penal que administra —es un decir— la autoridad municipal, nadie hizo nada. Después de los disparos, avisaron que se había dado un motín.

Hasta ahí, siendo terribles por sí mismos los hechos, nada se apartaba de la cotidianidad. El penal fue rodeado por la Policía Federal, que estableció un cerco de seguridad, pensando en la posibilidad de un intento de fuga; de la orgía se supo 48 horas más tarde. Una camioneta blindada negra trató de cruzarlo sin identificarse. Recibió varios disparos en áreas no vitales. En la camioneta se trasladaba el jefe de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola, quien por su cargo es el responsable de lo que ocurre en los penales municipales. Salió ileso, tanto él como su custodia, de esos hechos.

Unas pocas horas después, en una conferencia de prensa, Leyzaola, apoyado por el presidente municipal Héctor Murguía, denunciaba el “atentado” en su contra de parte de la Policía Federal y reclamaban, ambos, la salida de la Policía Federal de la ciudad. Repentinamente, para los dos funcionarios, la orgía, el motín, los asesinatos en el penal que estaba bajo su responsabilidad, pasaban a segundo plano: lo importante era que la Policía Federal, que se ha convertido en el único resguardo contra la inseguridad y la violencia en la ciudad, se fuera.

Paradójicamente, al mismo tiempo, el presidente municipal reconocía que no se podía responsabilizar de la seguridad del penal de Juárez y, en una increíble entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, dejaba “en manos de Dios” lo que allí pudiera ocurrir. No está en manos de Dios, sino de los pandilleros de Los Aztecas y Los Artistas Asesinos, dejando que éstos controlen lo que allí sucede; que cada tanto se hable de un ajuste de cuentas entre reclusos es parte de la administración que esos grupos ejercen.

El gobierno estatal de César Duarte se apresuró a decir que las fuerzas del estado se harían cargo del penal de Juárez; pidió a la Policía Federal que se encargara a su vez de los penales estatales y, por encima del presidente municipal y de su jefe de policía, reiteró, junto con la SSP federal, que la PF no se va ni de Juárez ni de Chihuahua.

El gobierno municipal de Murguía, como el de varios de sus antecesores, ha tenido una actitud por lo menos errática ante el crimen: exige, reclama, denuncia, pero nunca asume responsabilidades. La contratación de Leyzaola, un hombre que llegaba de ocupar el mismo cargo en Tijuana con fama de duro, intentó ser una señal de firmeza, pero se suele olvidar que los éxitos obtenidos en Tijuana, como algunos que se comienzan a mostrar en Juárez mucho más tímidamente, tienen explicación más allá de la labor de Leyzaola, que puso su parte, y es parte de la coordinación de autoridades y sociedad, sobre todo de una notable labor del Ejército, de la renovación de las fuerzas policiales del estado y las municipales con un nuevo modelo. En ese contexto, hubo más que molestia entre fuerzas militares y policías federales por cómo se atribuyó esos resultados, en forma casi personal, Leyzaola. ¿Se repite la historia?

Otra intriga: muchas veces hemos insistido en este espacio en que el Estado debe esclarecer el origen y la razón de los asesinatos cometidos por el crimen organizado, independientemente de que tiene la responsabilidad ineludible de salvaguardar la vida de todos. Por eso es importante que se sepa por qué fue asesinada Yolanda Ordaz, la reportera de Notiver. Según la información oficial, y se exhiben pruebas de ello, la comunicadora manejaba la prensa de uno de los grupos criminales en conflicto en la entidad. Se debe investigar si es así, aunque suene políticamente incorrecto. Nada puede justificar una muerte brutal, pero, por lo menos, deben quedar claras sus causas.
2011-07-29

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Represión a estudiantes en Chile; más de 500 detenidos en marchas

- Vocero del gobierno desestima advertencia

- Santiago parece bajo estado de sitio: líder de la Fech

- El Ejecutivo aplica decreto de Pinochet

- Los jóvenes anuncian más movilizaciones

Fuente: Periódico La Jornada
Viernes 5 de agosto de 2011

Santiago, 4 de agosto. La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) dio un plazo de seis días al gobierno para responder el pliego petitorio entregado por el movimiento. Mientras, en una docena de ciuades del país y en esta capital se llevaron a cabo movilizaciones que fueron reprimidas y el saldo fue de 552 detenidos –la mayoría en esta ciudad–, y 29 policías y dos jóvenes heridos.

El presidente Sebastián Piñera confirmó haber comenzado la aplicación de una media propia del régimen del dictador Augusto Pinochet, quien firmó un decreto que duró entre 1973 y 1990 el cual reconoce que las personas tienen derecho a manifestarse pero deben pedir permiso a la autoridad.

"En su desesperación y desinterés por responder a las problemáticas sociales, hacemos responsable al gobierno, que ataca y reprime autoritariamente a la población en general, incluso atentando contra la vida de nuestros propios compañeros", señaló el presidente de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras.

Por eso, dijo, "invitamos al gobierno a dar respuestas serias, concretas y coherentes con nuestras demandas históricas. Para esto, el Ejecutivo tiene un plazo de seis días, a partir de esta jornada de movilizaciones y protesta nacional".

Contreras añadió que continuarán las movilizaciones –que llevan ya dos meses– mientras el Ejecutivo no se pronuncie y acoja las peticiones del movimiento, del fortalecimiento de la educación pública, gratuita y que ponga fin al lucro, entre otras cosas.

Pero ante la severa demanda de los estudiantes, el vocero de gobierno, Andrés Chadwick, respondió que "al gobierno no se le emplaza de esa manera".

Barricadas en la capital

La jornada estudiantil comenzó esta mañana con el levantamiento de barricadas en unos 13 puntos de la capital, mientras la policía militarizada desplegó en Santiago alrededor de mil efectivos, luego de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera prohibió las manifestaciones que estudiantes de secundaria y universitarios tenían programadas para este jueves.

Tras reunirse en la plaza Italia, los estudiantes de secundaria iniciaron la marcha en la mañana –los universitarios lo harían por la tarde–. No obstante, la caminata fue reprimida de inmediato con bombas de gas lacrimógeno y chorros de agua para evitar su arribo a la alameda, principal avenida de la capital.

"Santiago parece bajo estado de sitio", señaló la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile (Fech) Camila Vallejo. "La derecha, una vez más, atenta contra la democracia en nuestro país, pero ni con bombas lacrimógenas más fuertes nos detendrán", apuntó.

Por la tarde, cientos de universitarios, profesores y estudiantes de secundaria que prometieron unirse, se reunieron en la plaza Italia para marchar por la alameda, pero también fueron reprimidos por un fuerte contingente militar de la misma forma en que se hizo por la mañana.

Tras anunciar que el Ejecutivo buscará una salida a la crisis en el Congreso, Chadwick defendió la proscripción de las marchas, pero el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, anunció acciones judiciales contra la prohibición de manifestarse. "Es inconstitucional", sostuvo.

Más tarde, unos 200 estudiantes ocuparon el canal Chilevisión para exigir salir al aire a fin de expresar sus demandas a favor de la educación pública, pero desalojaron las instalaciones tras acordar la grabación de un mensaje que será transmitido en el noticiero.

La jornada dejó a nivel nacional 552 estudiantes detenidos, 29 policías y dos jóvenes lesionados, informó el Ministerio del Interior.

Por su parte, los dirigentes de todas las universidades, integrados en la Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, se reunieron desde esta mañana para analizar la propuesta entregada el lunes por el ministro de Educación, Felipe Bulnes, indicaron medios locales.

Por la noche se informó que cientos de personas salieron a las calles de Santiago para expresar con un cacerolazo su respaldo a los estudiantes.

Las movilizaciones estudiantiles han provocado un descenso en la popularidad alcanzada por Piñera hace un año con el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José. Un sondeo del Centro de Estudios Públicos reveló que la aprobación del presidente se ubicó apenas en 26 por ciento en el periodo junio-julio, tras 45 por ciento en la medición de noviembre-diciembre del año pasado.

La desaprobación de Piñera cayó a su nivel más bajo para un mandatario desde la dictadura de Augusto Pinochet, pese al crecimiento de la economía, que se expandirá entre 6 y 7 por ciento en 2011, uno de los mejores desempeños en América Latina.

Precisamente, los 33 mineros que fueron rescatados 69 días después de quedar sepultados en una mina de Copiapó el 4 de agosto de 2010, enfrentan ahora pobreza, pese a haber cobrado celebridad.

La experiencia bajo tierra tras el derrumbe de la mina fue terrible, pero la vida a partir de ese momento tampoco ha sido fácil, admitieron los mineros en Washington, al asistir a la inauguración de una exposición sobre su rescate en el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian que abrirá al público este viernes.

La mayoría de los mineros han sido incapaces de encontrar un nueva forma de ganarse la vida y se han visto forzados a volver al fondo de la tierra.

El abogado de los mineros Edgardo Reinoso dijo hoy que los 33 trabajadores buscan una indemnización superior al medio millón de dólares cada uno.

Otros mineros, los del yacimiento La Escondida, el más grande productor de cobre del mundo, evaluarán una nueva propuesta de la empresa para terminar con la huelga que hoy cumple 14 días, si bien adelantaron que la oferta actual no satisface sus expectativas.



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Video: los jovenes en Chile dicen: Ya Basta