Moverse a Canada?, como?
Mecanismo de Movilidad Laboral
Si deseas trabajar en Canadá y cumples con los siguientes requisitos, el Mecanismo de Movilidad Laboral, es para ti:Requisitos:
- Contar con la nacionalidad mexicana y residir en el territorio nacional.
- Ser mayor de 18 años.
- Contar con una identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte o Cartilla Militar).
- Contar con la Cédula Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de último grado de estudios.
- Acreditar el dominio del idioma de acuerdo al requerimiento del empleador y de la ocupación ofertada.
- Tener experiencia laboral comprobable de acuerdo a la vacante ofertada.
¿Qué es?
El Mecanismo de Movilidad Laboral es normado y coordinado por los gobiernos federales de México y Canadá, mediante el cual se comprometen a impulsar en forma ordenada, legal y segura el flujo de trabajadores temporales mexicanos a Canadá.Con base a las necesidades de personal de los empleadores canadienses, las Oficinas del SNE reclutan y seleccionan a personas desempleadas y subempleadas que cuenten con la experiencia laboral mínima requerida por el empleador en las ocupaciones ofertadas. Es importante destacar que el SNE es la única instancia autorizada para el reclutamiento, selección y contratación de trabajadores, garantizando de este modo que la atención que se les brinda sea personal y gratuita, sin la participación de intermediarios.
Conoce las vacantes para las Provincias de:
¿Dónde dirigirse?
- Para el caso del Distrito Federal, presentarse en las oficinas de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo, ubicada en Av. Cuauhtémoc No. 614, 1º Piso, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, México D.F., C.P. 03020 Tel: 3000 4100 ext. 4226.
- A la Oficina del Servicio Nacional de Empleo más cercana a su domicilio.
- Si tienes alguna duda, llama sin costo al 01800 841 2020 desde cualquier parte de la República Mexicana.
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Grupos de autodefensa, “pan para hoy y violencia para mañana”: Buscaglia
Garzón: armarse no es el camino, experiencias en otros países así lo demuestran
Fuente: La Jornada / Daniel Díaz / 30 de Marzo, 2014
El presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, Edgardo Buscaglia, aseguró que los grupos de autodefensa que mantienen presencia en 30 municipios michoacanos representan el “pan para hoy y violencia para mañana” porque, al igual que en Colombia, “no se van a alcanzar los objetivos de reconstrucción del tejido social que todos añoran”.
En el marco del foro sobre Seguridad, Justicia y Desarrollo en México, organizado por Izquierda Democrática Nacional (IDN), la corriente perredista que lidera René Bejarano, Buscaglia subrayó que en el Estado existe “mucho paramilitarismo”. Por eso se “debe entender que el único que tiene la responsabilidad de protegerlos es el estado de Michoacán y el Estado nacional, pues todo grupo privado que se arma es pan para hoy y violencia para mañana”.
Advirtió que la estrategia que implementa el gobierno federal con los grupos de autodefensa no va a resultar, como ocurrió en Colombia. “El Estado debe limpiarse y luchar para que la corrupción política comience a bajar con el procesamiento judicial, esto debe pedirse en asambleas ciudadanas para realizar una resistencia pacífica en vez de armarse, porque así no se van a alcanzar los objetivos de reconstrucción del tejido social que todos añoran”.
El especialista en temas de seguridad explicó que grupos paramilitares que tienen presencia en el estado pueden identificarse “al mejor o peor estilo de los de Colombia”, porque tienen al menos “tres cosas” con las que se pueden caracterizar: primero, son grupos que utilizan táctica y estrategia para limpiar regiones y cometer homicidios extrajudicialmente; son apoyados por autoridades regionales o municipales, empresarios, grupos criminales o el Estado mexicano, y lo más importante es que no son genuinos porque no surgen de los usos y costumbres, como en Guerrero.
En tanto, el jurista español Baltasar Garzón Real consideró que el fenómeno de las autodefensas que surgió en la entidad “no es el camino” a seguir, porque las experiencias que se han registrado en otros países así lo demuestran; incluso, “aunque pudiera haber buena voluntad de quien promueve ese tipo de movimiento, siempre acaban mal”.
“Los ciudadanos no tienen por qué tener la carga de la seguridad, es el Estado y sus instituciones los que tienen que hacer este trabajo; por lo tanto, no soy partidario de las autodefensas pero sí lo soy del compromiso social y de la vigilancia de la sociedad, y de que esa seguridad sea democrática”, apuntó.
Asimismo, sostuvo que lo que la gente desea es mayor seguridad –más allá de la forma en que el gobierno aborde el tema de las autodefensas–, eficacia en contra del crimen organizado y una mayor participación. “Lo que digo es que entregar a la sociedad su autorregulación, incluso si se hace con personas de buena voluntad, es muy peligroso porque de la buena voluntad se pasa a la represión y de la represión de nuevo a la inseguridad; con esto, quien pierde siempre es la sociedad”, remató.
Garzón agregó que al final lo que ocurre con estos fenómenos es que cuando inicia su espiral, como sucedió en Michoacán, “nunca se sabe cómo puede terminar”; lo que hay que hacer en todo caso es ofrecer a la sociedad instituciones transparentes que tengan una posición firme en materia de justicia.
“La propuesta es que las instituciones vayan a las causas, es decir, que combatan al crimen organizado en sí”.
Por su parte, el académico Alejandro Gertz Manero indicó que el problema de la violencia que se vive en Michoacán es el resultado de años de crisis que ha conducido al país a una colombianización. Sin embargo, dijo, hay que reconocer que hay esfuerzos del gobierno federal para contener el problema, no para resolverlo de fondo.
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ONG denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela
Diversas organizaciones venezolanas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el "uso excesivo de la fuerza", "lenguaje violento y soez" y presunta tortura de los efectivos ...
Organizaciones de Venezuela
denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la
violación de derechos humanos durante las protestas que han dejado 37
muertes en ese país y solicitaron al ente un informe sobre la
situación. "Hemos pedido hoy un informe especial sobre el derecho a la
protesta pacífica y la democracia en Venezuela",
dijo a la AFP el abogado constitucionalista Carlos Ayala. Los siete
comisionados, que han expresado en las últimas semanas su preocupación
por los hechos en Venezuela, evaluarán esa solicitud la semana próxima en sus deliberaciones.
La crisis venezolana, azuzada durante más de un mes de manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, fue ventilada durante cuatro audiencias en la última jornada del 150º periodo de sesiones de la Comisión en Washington. Liliana Ortega, directora de Cofavic, una organización que surgió tras una ola de mortales disturbios en 1989 en Caracas, denunció el "uso excesivo de la fuerza", "lenguaje violento y soez" y presunta tortura de los efectivos contra los manifestantes detenidos en las protestas recientes.
La activista señaló que algunos detenidos debieron ofrecer declaraciones en presencia de sus presuntos agresores o recibieron la asistencia de un abogado solo unos pocos minutos antes de presentarse ante el juez. En las protestas se ha detenido a más de 1,700 manifestantes, de los cuales 1,529 aún tienen medidas de libertad restringida, dijo Ortega, citando cifras oficiales.
La situación es producto de una "estructural falta de independencia de justicia" en Venezuela, donde el 70% de los jueces son provisionales, es decir que pueden ser removidos por el poder judicial, y la independencia de los fiscales está amenazada, señaló Ayala, que fue presidente de la Comisión. El representante de Venezuela, Germán Saltrón, reconoció que 15 funcionarios han sido detenidos y son investigados por abuso policial, pero acusó a los manifestantes de generar violencia para "solicitar una intervención extranjera" que derroque el gobierno de Maduro.
"El objetivo es provocar enfrentamientos entre los venezolanos para simular una guerra civil y solicitar la intervención extranjera de los militares de la OTAN y de esa forma terminar con la revolución bolivariana", señaló Saltrón. En otra audiencia, periodistas y dirigentes gremiales denunciaron agresiones contra comunicadores sociales durante las protestas, así como un clima de censura y acoso desde el Estado contra los medios.
El presidente del Sindicato Nacional de la Prensa, Marco Ruiz dio cuenta de 116 periodistas agredidos -incluyendo 31 corresponsales extranjeros- 28 robos de material y equipos informativos, así como la detención de 23 trabajadores de medios de comunicación en la cobertura de las manifestaciones. A veces, los comunicadores son "hostigados por civiles armados que en la mayoría de los casos actúan ante la mirada impune de los organismos de seguridad", dijo Ruiz, citando un caso de periodistas de AFP.
Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, afirmó que "las garantías de neutralidad de la web no se están dando", al reportar el bloqueo de 500 sitios web y de imágenes por Twitter durante las protestas. Los activistas pidieron a la CIDH revisar esas denuncias e instar a Venezuela que autorice la entrega de divisas a los periódicos para cubrir la escasez de papel, que según Ruiz pone en peligro unos 30 mil empleos directos y cien mil indirectos.
El presidente del Colegio de Periodistas, Tinedo Guía denunció un clima de acoso contra los medios, y señaló que desde que no se renovara la concesión en 2007 a la televisora crítica RCTV existe "un pequeño silencio que ha venido creciendo hasta llegar a un blackout informativo". Sin embargo, en representación de Venezuela, el escritor Luis Britto negó que exista censura y denunció una "hegemonía" comunicacional de los medios privados.
Las protestas, que dejan 37 muertos, más de 550 heridos y 81 denuncias de violaciones a los derechos humanos, son lideradas por la oposición y el movimiento estudiantil que declaran su rechazo a la inseguridad, la inflación y la escasez de productos básicos.
La crisis venezolana, azuzada durante más de un mes de manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, fue ventilada durante cuatro audiencias en la última jornada del 150º periodo de sesiones de la Comisión en Washington. Liliana Ortega, directora de Cofavic, una organización que surgió tras una ola de mortales disturbios en 1989 en Caracas, denunció el "uso excesivo de la fuerza", "lenguaje violento y soez" y presunta tortura de los efectivos contra los manifestantes detenidos en las protestas recientes.
La activista señaló que algunos detenidos debieron ofrecer declaraciones en presencia de sus presuntos agresores o recibieron la asistencia de un abogado solo unos pocos minutos antes de presentarse ante el juez. En las protestas se ha detenido a más de 1,700 manifestantes, de los cuales 1,529 aún tienen medidas de libertad restringida, dijo Ortega, citando cifras oficiales.
La situación es producto de una "estructural falta de independencia de justicia" en Venezuela, donde el 70% de los jueces son provisionales, es decir que pueden ser removidos por el poder judicial, y la independencia de los fiscales está amenazada, señaló Ayala, que fue presidente de la Comisión. El representante de Venezuela, Germán Saltrón, reconoció que 15 funcionarios han sido detenidos y son investigados por abuso policial, pero acusó a los manifestantes de generar violencia para "solicitar una intervención extranjera" que derroque el gobierno de Maduro.
"El objetivo es provocar enfrentamientos entre los venezolanos para simular una guerra civil y solicitar la intervención extranjera de los militares de la OTAN y de esa forma terminar con la revolución bolivariana", señaló Saltrón. En otra audiencia, periodistas y dirigentes gremiales denunciaron agresiones contra comunicadores sociales durante las protestas, así como un clima de censura y acoso desde el Estado contra los medios.
El presidente del Sindicato Nacional de la Prensa, Marco Ruiz dio cuenta de 116 periodistas agredidos -incluyendo 31 corresponsales extranjeros- 28 robos de material y equipos informativos, así como la detención de 23 trabajadores de medios de comunicación en la cobertura de las manifestaciones. A veces, los comunicadores son "hostigados por civiles armados que en la mayoría de los casos actúan ante la mirada impune de los organismos de seguridad", dijo Ruiz, citando un caso de periodistas de AFP.
Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, afirmó que "las garantías de neutralidad de la web no se están dando", al reportar el bloqueo de 500 sitios web y de imágenes por Twitter durante las protestas. Los activistas pidieron a la CIDH revisar esas denuncias e instar a Venezuela que autorice la entrega de divisas a los periódicos para cubrir la escasez de papel, que según Ruiz pone en peligro unos 30 mil empleos directos y cien mil indirectos.
El presidente del Colegio de Periodistas, Tinedo Guía denunció un clima de acoso contra los medios, y señaló que desde que no se renovara la concesión en 2007 a la televisora crítica RCTV existe "un pequeño silencio que ha venido creciendo hasta llegar a un blackout informativo". Sin embargo, en representación de Venezuela, el escritor Luis Britto negó que exista censura y denunció una "hegemonía" comunicacional de los medios privados.
Las protestas, que dejan 37 muertos, más de 550 heridos y 81 denuncias de violaciones a los derechos humanos, son lideradas por la oposición y el movimiento estudiantil que declaran su rechazo a la inseguridad, la inflación y la escasez de productos básicos.
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