Fujimori en Ciudad Juárez
Marco Rascón
Fuente: La Jornada

Como jefe supremo de las fuerzas armadas de México Felipe Calderón no tiene visión ni definición de guerra ni criterios para avanzar o replegarse. Por ello, la violencia se inclinó hacia la guerra sucia, los escuadrones de la muerte y la negociación tras el terror. Ciudad Juárez, ya lo habíamos dicho, cada día se acerca más al genocidio.

Son tan oscuros los términos de esa guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico –el cual representa una economía de 25 millones de dólares que se lavan anualmente en nuestro sistema financiero– que los reclamos centrales de la sociedad fueron para el jefe supremo del Ejército Mexicano y no para los criminales organizados a los cuales el gobierno les dio estatura paritaria de ejército a fin de justificar la violencia oficial ilimitada.

En la definición de esta guerra, la sociedad mexicana trata de mantenerse neutral para sobrevivir. No obstante, esto parecería parte de un modelo. Al comparar lo sucedido con el encono y odio de la oligarquía mexicana y fáctica contra la Venezuela de Hugo Chávez, resultó que lo más semejante a México no fue Chávez, sino Alberto Fujimori.

El sexenio de Vicente Fox y el de Felipe Calderón podría compararse con lo que hizo Fujimori de Perú entre 1990 y 2000. Macroeconomía, entreguismo y militarismo son para el caso de México y Perú características de gobiernos surgidas del hartazgo, a través de movimientos construidos por sectores desesperados, perversos globales, pobreza endémica y sin perspectivas.

Ambas experiencias de gobierno abrieron las puertas a las oligarquías tradicionales para el regreso de la vieja clase política, retrasando y desprestigiando así los cambios necesarios para el país dada su incapacidad de transformación y evolución. Sus alianzas explícitas e implícitas terminaron haciéndose pragmáticamente cargadas a la siniestra.

La estabilidad macroeconómica en el caso de Perú y México no obedeció a una visión personal, sino a lineamientos impuestos desde los grandes centros financieros para impedir que las crisis nacionales se extendieran a otras regiones.

Ya en la última década del siglo XX, William Clinton hacía un llamado en la cima del superávit estadunidense para ayudar a sus aliados, en particular de América Latina, que habían aplicado medidas generadoras de pobreza para estabilizar sus economías de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. De estas políticas hemisféricas se deriva la explicación de conductas en gobiernos como los de Carlos Salinas, Carlos Andrés Pérez, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Carlos Menem, Felipe Calderón y Alberto Fujimori.

Para Fujimori, imbuido de las tradiciones del despotismo oriental, apoyado por Japón, las reglas económicas globales y el nuevo modelo de control social debían hacerse de manera ejemplar y utilizando toda la fuerza del Estado de manera ilegal.

Tanto en México como en Perú, la impunidad de los señores de la guerra sucia se extendió a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. En Perú, neoliberalismo y militarismo fueron de la mano y ahora en México la tendencia es hacia allá, abarcando más y nuevos sectores.

El componente en el caso mexicano es sin duda la condición fronteriza y la migración. Por ello la población joven, cercada por las crisis, es la que aporta la mayor cantidad de víctimas involucradas, sea como muertos, presos o sicarios.

La incapacidad y la visión torcida para sustituir el viejo régimen abrieron la puerta a la descomposición actual que llevó al país a altos niveles de inseguridad y de violencia al definir el esquema como una guerra, dando con ello a quienes combate una dimensión que va más allá de lo delincuencial.

Si la violencia hubiese sido resultado de combates, y no de ejecuciones, supondría un enemigo coherente detrás. Pero como el hubiera no existe, se abre nuevamente la posibilidad de una política de ejecuciones extralegales por parte del Estado, que en el futuro podría llevar a Calderón como acusado de crímenes de lesa humanidad que ninguna instancia de derechos humanos en el país investiga.

Calderón se escuda hoy en el Ejército, como hizo Fujimori en Perú, lo cual tendrá graves consecuencias en el futuro y ha puesto en jaque la figura constitucional del Presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas, al haber forjado con su estrategia un paramilitarismo en gran escala que antes sólo operaba en Chiapas.

Ciudad Juárez alcanzó a Felipe Calderón y la población, que debería estar agradecida, le reclama como responsable al caer la verdad de que en la ciudad con mayor presencia militar en las calles los sicarios pueden llegar armados y ejecutar impunemente. Dicen en Juárez que un retén del ejército siempre anuncia una ejecución cercana. En Ciudad Juárez está la prueba de que todo el aparato de inteligencia recién creado también ha sido fallido.

Felipe Calderón anunció que no habrá repliegue. Sus términos son de un militar obsesionado y por ello siembra las bases del juicio que deberá enfrentar, al igual que Fujimori.

http://www.marcorascon.org

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Video: Evo Morales en su visita a la Ciudad de Mexico, Feb 2010




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Ciudad Juárez
Arnoldo Kraus
Fuente: La Jornada

Cuando se navega por Internet en busca de información acerca de Ciudad Juárez, la primera entrada es la que ofrece la enciclopedia Wikipedia: “Ciudad Juárez es una ciudad de México situada en el norte del país, en el estado de Chihuahua…” Después aparece “Feminicidios en Ciudad Juárez”: “Los feminicidios en Ciudad Juárez” y “las muertas de Juárez” son dos expresiones que hacen referencia a la serie de homicidios y asesinatos de mujeres…” Renglones abajo, You Tube muestra unos videos intitulados: Masacre en Ciudad Juárez, cuyo contenido informa acerca del asesinato de 15 jóvenes ocurrido el 31 de enero de 2010.

En ese mismo espacio, otra noticia informa que en 2009 fueron asesinadas 2 mil 600 personas; renglones abajo se reproduce una noticia: "Calderón admite que no basta el Ejército para controlar Ciudad Juárez".

La página en inglés sobre Ciudad Juárez brinda información similar: se describe la geografía de la ciudad y se reproducen noticias acerca del binomio vida-muerte como retrato de la realidad de esa malograda, olvidada y descuidada entidad. En esas páginas se recuerda que los feminicidios empezaron en 1993, se alerta contra la violencia que existe en la ciudad, se habla de la inseguridad y del poder del narcotráfico, se presenta un video muy socorrido: On the edge, cuyo contenido reproduce lo que en otro video denominan Dual Injustice: Feminicide and Torture (Injusticia doble: Feminicidio y tortura).

La Jornada muestra otras realidades. Una fotografía refleja el sentir de la inmensa mayoría de los habitantes de esa frontera; en una pared se lee: "Éramos la esperanza, la luz, lo mejor: no mientas, Calderón". En la fotografía que ocupa la primera plana de este periódico, en la edición del 12 de febrero, se observa a F Calderón, a M Zavala y a Luz María Dávila, quien perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña en la matanza de los 15 jóvenes del 31 de enero. Dávila le espetó a Calderón: "discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Les dijeron pandilleros a mis hijos asesinados. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad y no tenían tiempo para andar en la calle. Lo que quiero es justicia. Póngase en mi lugar, a ver qué siente". Tiempo después, seguramente por consejo de alguno de sus asesores, Calderón se retractó y ofreció disculpas por haber dicho que el homicidio de los adolescentes fue por un pleito entre pandillas.

Lo que se lee en Internet y en los diarios es poco. Aunque son incontables las noticias y muy dolorosos muchos de los videos –entre ellos las imágenes del duelo de los deudos de los jóvenes recientemente masacrados–, la realidad va más allá. Ciudad Juárez ejemplifica el fracaso del Estado de Derecho y por extensión de los presidentes, gobernadores y alcaldes que han trabajado para el país, para su Estado y para su ciudad, por lo menos, desde 1993, fecha de las primeras desapariciones y asesinatos de jóvenes mujeres.

Ciudad Juárez es una entidad muerta que requiere vida. Es una ciudad que ha sido masacrada por los gobiernos estatales y federales. El número de negocios cerrados crece sin cesar. La vida nocturna, y, en muchos sentidos, la diurna, ha de-saparecido. El miedo se ha apoderado de la gente. De toda la gente. De los pobres y de los ricos. De los letrados y de los iletrados. De la milicia y de la policía. De las mujeres jóvenes y de los muchachos de las preparatorias. Del turismo y de los comerciantes. De los que huyeron a El Paso y de los que se quedaron. De los deudos y de quienes no han perdido aún a nadie. De las jóvenes que trabajan en las maquiladoras y de las que no salen de casa por temor. Salvo para quienes hacen negocios a costa de las muertes y el dolor de otros, todos tienen miedo.

La desconfianza y el desprecio de la ciudanía juarense y del resto del país hacia las instituciones crece al lado del miedo y del repudio. Desde que se iniciaron los feminicidios Juárez ha estado en las manos del PRI (Salinas de Gortari y Zedillo) y del PAN (Fox y Calderón). Nada hicieron los que ya se fueron y nada ha conseguido Calderón. El nivel de la violencia, sus diversos blancos, su brutalidad y su incremento es evidente.

La suma de tantos y tantas desaparecidos cuestiona sin ambages la viabilidad del Estado de Derecho. Quienes asesinan, a diestra y siniestra, saben que México ha dejado de ser un Estado de Derecho. Calderón piensa lo contrario. Quienes tienen que inventar palabras como feminicidio para describir los asesinatos de mujeres inocentes y quienes han quedado huérfanas por haber perdido a sus hijos saben que la injusticia y la ilegalidad borran el Estado de Derecho.

Calderón piensa lo contrario. Quienes se enteran de la geografía de Ciudad Juárez vía Internet y leen acerca de la cruda realidad de esa población saben que los calderones que precedieron a Calderón y él mismo son los responsables de tantas matanzas, de tanto silencio, de tanta estulticia.

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En duda programa informantes de ICE

Expertos en inmigración aseguran que la efectividad del programa depende de la confianza que exista en el sistema



WASHINGTON, D.C.— Revuelo ha causado en Washington la divulgación del caso de dos argentinos que trabajaron como informantes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que ahora alegan una falta de cumplimiento por parte de la agencia. Mientras, ICE se defiende remitiéndose a las condiciones del acuerdo.

Los hermanos argentinos Emilio y Analía Maya, llegaron a un arreglo con ICE en el 2005, para trabajar como informantes enfocados en identificar a inmigrantes indocumentados envueltos en drogas, pandillas, tráfico humano, prostitución, entre otros delitos.

A cambio, ICE les proveería permisos para trabajar y el acceso a visas S, un tipo especial asignado a personas que ayudan a las autoridades y que les ofrece un camino para obtener su legalización. Sin embargo, ahora Emilio está a punto de ser deportado, mientras el estatus de su hermana está en revisión. El caso de esta familia no es el único que ha salido a la luz pública.

De acuerdo a trabajos elaborados por el Center for Investigative Reporting, existen decenas de personas en situaciones similares. Varios grupos hispanos han reaccionado ante el caso de la familia Maya. De hecho esta semana, los Líderes Latinos Evangélicos y directores de CONLAMIC aprobaron una resolución para exigir al Departamento de Seguridad Interna que "haga público el criterio que usan los agentes de inmigración para reclutar informantes, quienes espían y buscan información entre la comunidad inmigrante indocumentada".

Jessica Vaughan, directora de política del Centro de Estudios sobre Inmigración, enfatizó que este tipo de programas es "tremendamente útil", no obstante insistió en que "existe la posibilidad de abusar del sistema por ambas partes".

"Es difícil saber realmente lo que pasó en el caso Maya, pero la única manera en que las personas cooperen realmente con ICE, es que tengan la certeza de que la agencia cumple con sus promesas", dijo.

Fuentes vinculadas con la comunidad de inteligencia aseguraron a La Opinión que el uso de informantes es considerado como "una herramienta esencial por diversas agencias y que en general los acuerdos a los que se llega con esta personas son cumplidos". sin embargo no entraron en detalles respecto a la situación de ICE en particular.

El vocero de ICE, Brian Hale aseguró que su agencia no puede emitir comentarios respecto al caso Maya o cualquier otro. A su vez, recalcó que el acuerdo que se realiza en general en este tipo de ocasiones, está sujeto a que las personas actúen de "buena fe" y provean "información substancial a la investigación, que resulte en arrestos". "Si los informantes no actúan de buena fe y utilizan el sistema para su beneficio, entonces no se continúa con el acuerdo y enfrentan orden de remoción", dijo.

"Si existen individuos con información que pueda ayudar a nuestra investigación, necesitamos trabajar con ellos y para eso deben confiar en nosotros. ICE honra sus compromisos", concluyó.

Algunos medios de comunicación estadounidenses han reportado que en combinación ICE y DEA pagan cerca de 20 millones de dólares anuales a informantes para realizar sus investigaciones. En particular se ha informado que ICE pagó 9.5 millones de dólares el año pasado para unos 2 mil 800 informantes, no obstante esta información no fue confirmada por la agencia. En 1994, el Congreso creó la visa S, cuyo límite anual son 200 cupos, los que nunca se han completado desde el inicio del programa.