Notifican arraigo; la protesta, por indefinición de situación: PGR
Los 10 alcaldes y 20 servidores públicos del estado de Michoacán detenidos, por presuntos vínculos con el crimen organizado, iniciaron una huelga de hambre, que en principio contenía la exigencia de que se determinara su situación jurídica, y se mantiene ahora que se les notificó que estarán arraigados los próximos 40 días. En tanto, sus familiares comenzaron a llegar a la ciudad de México para iniciar un plantón en demanda de que sean liberados.
En ese contexto, ante las violaciones a las garantías individuales y presiones sicológicas a las que han sido sometidos por el Ministerio Público Federal, ya se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
, informó el abogado Alejandro Tavera Montero, defensor del ex procurador de Michoacán, Miguel García Hurtado.
Este viernes arribaron a la ciudad de México siete autobuses con familiares y amigos de los funcionarios detenidos y será hoy cuando inicien su protesta contra la PGR. Por lo pronto, los autobuses quedaron estacionados en el Monumento a la Revolución y sus ocupantes pernoctaron en hoteles cercanos, en espera de definir si se movilizan a la SIEDO, o inician un plantón frente al Centro Nacional de Arraigo.
Respecto de la huelga de hambre, los abogados defensores de los servidores públicos michoacanos indicaron que su protesta se mantendrá, pues su captura obedece a una cuestión político electoral con miras a los comicios de julio próximo.
Ricardo Nájera Herrera, vocero de la PGR, reconoció la existencia de la huelga de hambre, aunque aclaró que esto se inició en demanda de que se les definiera su situación jurídica, y continúo a pesar de que este viernes se les notificó que el juzgado sexto especializado en arraigos, cateos e intervenciones telefónicas autorizó su arraigo por 40 días.
Alejandro Tavera declaró que la única supuesta prueba documental que le mostraron a mi cliente es una lista en la que aparece su nombre (del ex procurador michoacano), que señala (que recibía) 150 mil pesos por protección municipal, lo cual es una estupidez ya que no tiene lógica que el procurador de un estado presuntamente brindara protección municipal
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El litigante agregó que en el expediente hay pruebas y testimonios fabricados, pues los supuestos testigos que involucran a Miguel García presentan incoherencias
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Mencionó: mi cliente, al igual que todos, fue objeto de la violación de sus derechos elementales ya que inicialmente no se les permitía tener contacto con su defensa, se les mantuvo sin alimentos y en un clima muy frío en los separos y se les sometió a presiones sicológicas, para luego hacer que los trataban bien y les decían que cooperaran, que ya otros (detenidos) los habían inculpado, y al ex procurador le ofrecieron ser testigo protegido
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Esto último, según Nájera Herrera, no es verdad pues a nadie se le ha ofrecido que se le convierta en testigo protegido y tampoco se le ha presionado.
Movilización en apoyo a ediles
En Michoacán, transportistas e integrantes de organizaciones sociales que desde el miércoles resguardan la presidencia municipal de Apatzingán –en protesta por la detención del alcalde, el perredista Genaro Guízar– vivieron momentos de tensión la mañana de este viernes cuando policías federales arribaron al edificio.
Fuentes oficiales informaron que a las 10 horas llegaron varias camionetas ocupadas por agentes federales, quienes realizaron rondines alrededor de la plaza principal para después estacionarse frente al ayuntamiento de esa localidad de Tierra Caliente.
Los grupos que apoyan al edil, quien se encuentra arraigado en la ciudad de México, se desplegaron alrededor del edificio y lanzaron consignas contra el gobierno federal y los operativos del martes pasado. Las cosas no pasaron a mayores porque después de una hora los policías se retiraron y los transportistas se dispersaron.
Desde el miércoles han ocurrido movilizaciones en esa y otras alcaldías, entre ellas las de Zitácuaro, Uruapan e Hidalgo, e incluso en la capital del estado, por grupos de civiles que respaldan a los funcionarios detenidos.
En Morelia, unos 400 indígenas nahuas se concentraron frente a palacio de gobierno para exigir la liberación del edil de Aquila, el priísta José Cortés Ramos.
Carlos Ramos, dirigente agrario de esta región de la costa norte, expresó su rechazo a los operativos que ofenden al pueblo nahua, dijo, porque aunque Aquila es uno de los municipios de pobreza extrema, se han sabido mantener lejos de las bandas criminales.
Añadió que se trata de una violación a los derechos humanos, porque sin ninguna orden, el alcalde fue sacado de su tierra como un criminal. Creemos que tiene un fondo político todo este escándalo, pero también creemos que les va a revertir
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En Morelia más de 200 alumnos normalistas y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo marcharon por la avenida principal y se concentraron frente a palacio de gobierno para protestar por los operativos, ya que violentan la autonomía estatal.
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¿Quién sigue?
Por Salvador Garcia Soto / Fuente: El Universal
La embestida espectacular y mediática del gobierno de Felipe Calderón contra dos gobernadores del PRD (Amalia García y Leonel Godoy) y uno del PAN, Marco Antonio Adame, con el tema de la narcopolítica como fondo, puede ser sólo el preludio de un “golpe de efecto mayor” que están preparando en Los Pinos para reposicionar la imagen del Presidente y, de paso, ayudar a su partido electoralmente.
Se prepara el terreno para ir contra un gobernador del PRI sin que se pueda acusar que Calderón está politizando su lucha antinarco
La embestida espectacular y mediática del gobierno de Felipe Calderón contra dos gobernadores del PRD (Amalia García y Leonel Godoy) y uno del PAN, Marco Antonio Adame, con el tema de la narcopolítica como fondo, puede ser sólo el preludio de un “golpe de efecto mayor” que están preparando en Los Pinos para reposicionar la imagen del Presidente y, de paso, ayudar a su partido electoralmente.
El llamado Michoacanazo desató toda clase de especulaciones sobre la forma y el momento en el que Calderón y su aparato de seguridad militarizada se decidieron a lanzar una ofensiva contra la narcopolítica, algo que la sociedad —y sobre todo el gobierno de Washington— reclamaban desde hace tiempo como urgente y necesario.
¿Por qué se lanzó al Ejército y a la militarizada Policía Federal primero contra un correligionario panista y luego contra dos gobernadores perredistas pero aliados de Los Pinos? Porque de esa manera se prepara el terreno para ir contra un gobernador del PRI sin que se pueda acusar —o al menos restarle argumentos— que Calderón está politizando su lucha antinarco, con el único fin de parar a su principal partido opositor y evitar no sólo que se quede con la mayoría en el Congreso el próximo 5 de julio, sino que siga avanzando hacia un regreso al poder en 2012.
En realidad, lo que se activó —primero con el escándalo de Zacatecas, luego con el destape de la cloaca de Morelos y después con la detención de 10 alcaldes y 17 funcionarios michoacanos— fue la maquinaria de todo un aparato de seguridad militar que se puso en marcha con un solo objetivo: “Paren al PRI y háganlo ahora”.
LA REACCION DE LOS PRIÍSTAS
Conocedores a fondo de cómo funciona el aparato de poder y de su perverso uso para aplastar a opositores políticos, en la cúpula del viejo partido se activaron de inmediato las alarmas. Si ya el caso Zacatecas y el escándalo Morelos los habían alertado, el Michoacanazo los puso en estado de alerta máxima. Información de inteligencia que les llegó a encumbrados priístas con anticipación —para ser precisos, una semana antes del operativo en Michoacán— fue lo que motivó la reunión de emergencia en Metepec, el martes 19 de mayo.
En esa encerrona de más de cuatro horas, los gobernadores priístas, encabezados por Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, definieron la estrategia con la que responderían a Calderón y al PAN y se intentarían prevenir de un ataque mayor desde Los Pinos. Ahí, en Metepec, se habló de cómo podrían responder los mandatarios del PRI si se fuera en contra de ellos.
Un gobernador priísta, de los que aparecen mencionados en la supuesta “lista negra” de Los Pinos, advirtió que él podría ordenar la detención de mandos federales en su estado de los que tiene pruebas de nexos y vinculación con el narcotráfico. La detención, propuso ese gobernador, sería simultánea y en respuesta a un embate contra mandos estatales. Varios mandatarios priístas apoyaron la propuesta de su correligionario.
Pero si el gobierno federal tiene el monopolio de la violencia en el tema del narcotráfico, ¿qué puede hacer un gobierno estatal frente a un operativo donde entran a jugar Ejército y policías federales? Eso se preguntaron en ese cónclave otros priístas. Al final, en medio de sus diferencias, los jefes del PRI coincidieron en una interrogante: ¿tiene sentido la estrategia de Beatriz Paredes de no devolver ningún golpe? ¿Alguien cree todavía, tras los embates calderonistas, en eso de hacer campañas propositivas?
LA REACCION DEL PRD
El miércoles 27, al día siguiente del operativo sorpresa en Michoacán, la cúpula del PRD se reunió de emergencia para darle su respaldo al gobernador Leonel Godoy, pero también para discutir qué había detrás del golpe a los estados gobernados por ese partido. Se había acordado que la reunión de los perredistas fuera sin prensa para que Godoy informara libremente de los detalles de lo que pasó, pero Hortensia Aragón, la secretaria general, convocó a más personas de las que debía y dio aviso a algunos medios.
Eso motivó cierta desconfianza de Godoy que, cada vez que se abría la puerta —cuentan asistentes—, bajaba la voz y hablaba con desconfianza. Amalia García, fiel a su costumbre, llegó retrasada y, un tanto incoherente, se dedicó a hablar de sus preocupaciones: “Ya pedí el traslado de presos peligrosos a otras cárceles y no me hicieron caso”, dijo la gobernadora zacatecana.
Leonel, por su parte, estaba que trinaba de coraje contra la Federación. “Me trataron como si fuera cómplice”, se quejó ante sus compañeros, aunque no les tuvo la confianza para decirles que esa misma tarde del miércoles iba a recibir en privado en Morelia al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Lo que sí dijo Godoy en esa reunión fueron varias cosas: 1) que algunos de los detenidos sí están involucrados (con La Familia), aunque no dio nombres ni dijo cuántos son; 2) que su asesora, amiga y ex secretaria de Seguridad, Citlalli Fernández, no está implicada, aunque es “muy posible” que su esposo sí lo esté; 3) que son 14 en total los alcaldes michoacanos que quiere el gobierno federal y que faltarían otro panista y tres de otros partidos.
Marcelo Ebrard, al hablar en la encerrona perredista, increpó a la Comisión Política Nacional y a los líderes parlamentarios de su partido por concentrar toda su estrategia en el terreno del gobierno federal y su guerra contra el narco como eje de campañas electorales. Pidió que el PRD se concentre más en la crisis económica y hasta propuso Ebrard que en este tema hagan una alianza con el PRI para cambiarle las prioridades a la agenda política y social del gobierno, además de modificarles radicalmente el presupuesto federal.
LOS GOLPES QUE VIENEN
En las dos reuniones de cúpula que sobre el tema tuvieron el PRI y el PRD, una antes y otra después del Michoacanazo, flotaron en el ambiente las mismas preguntas: ¿quién sigue en la lista de Los Pinos, hay una lista negra? Si la hay, no debe ser tan confidencial porque se han filtrado muchos datos.
En el cónclave perredista le oyeron decir al Chucho mayor que cree que el siguiente gobernador en la mira federal es el de Tamaulipas, Eugenio Hernández. Otras fuentes de ambos partidos hablan de los mandatarios de Veracruz, Fidel Herrera; de Coahuila, Humberto Moreira; de Durango, Ismael Hernández Deras; y de Chihuahua, José Reyes Baeza, como los que siguen en la ofensiva federal.
No son pocos los que piensan que antes de las elecciones del 5 de julio habrá dos golpes espectaculares más ordenados por Calderón: la caída de un gobernador y la captura de Joaquín El Chapo Guzmán.
