SOLICITAN IBARRA DE PIEDRA Y LÓPEZ OBRADOR A LA CNDH INVESTIGAR EL COBARDE CRIMEN DE LÓPEZ LEYVA
La senadora Rosario Ibarra de Piedra y el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentaron formalmente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja por el cobarde y vil homicidio de la luchadora social Beatriz López Leyva.
En una carta dirigida al presidente del organismo, José Luis Soberanes Fernández, pidieron que se esclarezca el crimen de la activista política, ocurrido el pasado 6 de abril en Jicayán, Oaxaca, y se castigue tanto a los autores intelectuales como materiales para garantizar que el caso no quede impune.
Ibarra de Piedra y López Obrador explicaron que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investiguen también las posibles acciones y omisiones en que haya incurrido la autoridad investigadora en el caso de la representante del Gobierno Legítimo en Oaxaca, debido a que en la entidad se han registrado un importante número de asesinatos y en todos ellos prevalece la impunidad.
A continuación, la carta de Rosario Ibarra y Andrés Manuel López Obrador
México, D.F., 20 de abril de 2009
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
P R E S E N T E
Como usted sabe el pasado 6 de abril del presente año fue asesinada nuestra compañera y luchadora social Beatriz López Leyva, cuando se encontraba en el interior de su domicilio en el municipio de San Pedro Jicayán, Oaxaca.
Ante este lamentable suceso, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación, sin que hasta el momento haya informado a los familiares de López Leyva sobre los avances de la indagación del cobarde y vil homicidio, así como no ha brindado protección, ni el auxilio necesario a los familiares, amigos y compañeros de la activista política.
Debido a que en la entidad ha habido muchos asesinatos y en todos ellos desgraciadamente prevalece la impunidad, y que la PGR actúa bajo consigna política y en franca complicidad, los suscritos solicitamos su pronta intervención a fin de que se investiguen las posibles acciones y omisiones en que haya incurrido la autoridad investigadora, para garantizar que se esclarezca el crimen, se castigue a los autores intelectuales y materiales y el caso no quede impune.
Sin otro particular, le enviamos un saludo cordial.
Sen. Rosario Ibarra de Piedra
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México
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SANGRE DERRAMADA EN SEMANA SANTA
por Miguel Ángel Granados Chapa
(publicada en Reforma el 12 de abril de 2009)
Bien se sabe. Pero no hay que dejar de repetirlo: la impunidad es el mejor caldo de cultivo de la violencia. Lo es de modo especial en Oaxaca, donde no ha habido poder institucional o político que resuelva los asesinatos de más de veinte personas ocurridos en el segundo semestre de 2006. No sirvió para nada la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso, emitida hace ya cerca de dos años, en mayo de 2007. Ruiz la eludió como es de suponerse que hará con la investigación constitucional que la Suprema Corte de Justicia mantiene en curso sobre el mismo periodo y los mismos casos. El informe de los magistrados responsables de la indagación fue ya presentado al tribunal y ahora está en manos del ministro Mariano Azuela, ex presidente de ese cuerpo, elaborar el dictamen correspondiente, que el pleno discutirá y aprobará. Después de los fallos de la Corte en casos precedentes, no parece que el Gobernador oaxaqueño tenga mucho que temer. Cuando más, en condiciones análogas a las violaciones constitucionales en Atenco, se resolverá que las hubo también en Oaxaca. Pero en consideración más propia de la metafísica que del derecho, se concluirá que habiendo faltas no hay a quién atribuirlas.
Antes y después de estas intervenciones parajudiciales prevalece en aquella entidad la sensación de que es posible matar sin consecuencias. Si se trata de víctimas que de alguna manera se oponen al Gobierno, el actual o al anterior, con mayor razón se buscará que sus verdugos queden sin castigo. Tales con los casos emblemáticos de Serafín García Contreras, asesinado a palos en julio de 2004; de Guadalupe Ávila Salinas, ultimada en septiembre siguiente, y el de las reporteras de una radio comunitaria indígena, Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, emboscadas hace un año, el 7 de abril de 2008. A esa macabra lista se agregó el lunes pasado el nombre de Beatriz López Leyva, una militante de izquierda, de 34 años, muerta de un balazo en la cabeza en su propio domicilio en San Pedro Jicayán, cerca de Pinotepa Nacional.
La joven activista participó en 2004 en la campaña del ahora senador Gabino Cué, cuando contendió contra Ulises Ruiz por la Gubernatura. Al año siguiente actuó en el Ayuntamiento local, no sé si como secretaria o como regidora. En ese tiempo sufrió un atentado a balazos, que no le causó daño pero la hizo comprender que su militancia era mal vista por los grupos de poder locales. Participó en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y permaneció a su lado en los años siguientes: apenas el 21 de marzo anterior fue una de las doce mil personas reunidas en la “convención nacional de comités municipales del gobierno legítimo”. Poco antes o poco después, según confió a sus allegados, había recibido un telefonema de Jorge Franco, lugarteniente del Gobernador, presidente del PRI estatal, en que quiso sonsacarla para que abandonara su activismo. Beatriz se preparaba para animar una movilización el miércoles siguiente a su muerte, en protesta contra acciones del presidente municipal de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios, a quien ya había acusado de malos manejos de los recursos municipales.
Por ese motivo hacia el Alcalde debería enfocarse las averiguaciones, pero la Procuraduría de Justicia Estatal no procedió de ese modo, transcurrieron ya cinco días desde el asesinato y no se percibe intención alguna de orientar por esa ruta la investigación ministerial. Eso asegura la impunidad del funcionario señalado, como se garantizó la de los asesinos de Serafín García Contreras (uno de los cuales intentará volver a la Cámara de Diputados en septiembre próximo) y la de Cándido Palacios Loyola, el presidente municipal de San José Estancia Grande, prófugo por el asesinato de Guadalupe Ávila Salinas, que postulada por el PRD aspiraba a suceder a quien la privó de la vida. No sabemos siquiera si se investigó el crimen de las muy jóvenes activistas y locutoras de La voz que rompe el silencio, la emisora indígena de San Juan Copala. Nadie ha sido responsabilizado de su muerte.
Al día siguiente del asesinato de Beatriz López Leyva, que además de las instancias ministeriales será denunciado en Xicoténcatl por el senador Cué pasado mañana, cuando concluya el receso de la Semana Santa, fue muerto a tiros en Nueva Italia, Mich., un candidato a diputado suplente del PRD, Gustavo Bucio Rodríguez. Empresario —fue ultimado en una gasolinería de que era franquiciante—, de 45 años de edad, había sido tesorero municipal y acababa de ser elegido en la fórmula para contender en el primer distrito, con cabecera en Lázaro Cárdenas. Era suplente de César Godoy Toscano, hermano paterno del gobernador Leonel Godoy Rangel. Aunque el hecho mismo de que en Michoacán haya un Gobierno perredista muestra las muy diferentes condiciones de hoy comparadas con las de los primeros años noventa, es imposible dejar de recordar la matanza de miembros de ese partido, naciente entonces, emprendida sin miramientos y sin castigo alguno por los gobiernos locales o el federal de Carlos Salinas. Es de esperarse que la impunidad no sea el desenlace de esta muerte, cuyos móviles importa esclarecer tanto como detener y sentenciar a quienes la provocaron.
Los asesinos no descansaron en el asueto de la Semana Santa, los días en que la liturgia católica recuerda la voluntad de Jesús de derramar su sangre para redimir al género humano no sin antes asegurarle que contará siempre con su propia carne y su propia sangre en la Eucaristía. Sangre de gente común, presuntos delincuentes o agentes de la autoridad fue vertida por medios violentos a lo largo y lo ancho de la geografía nacional. Aun en Ciudad Juárez, donde la tasa de homicidios ha disminuido notablemente merced a la presencia de once mil efectivos militares y policiacos, no ha dejado de haber ejecuciones. Se practicaron al menos tres el Jueves Santo, eso sí por rumbos distintos a aquel en que se concentra la vigilancia federal.
Un reporte de Lourdes Cárdenas en la revista Expansión, da cuenta de los móviles que condujeron a la militarización de esa frontera, más allá de la proclama gubernamental de dar garantías a la población en general, tan asolada en los años recientes:
“La gota que derramó el vaso fue el 13 de enero pasado. Ese día, Rodolfo Vázquez, director de la planta Lear Río Bravo, fue secuestrado en Ciudad Juárez mientras se trasladaba de la empresa a su domicilio de El Paso, Texas. Los plagiarios pidieron 1.5 mdd por su rescate. Seis días después el ejecutivo fue liberado en un operativo militar. La inseguridad era incontenible. La prensa local reportaba que 150 altos ejecutivos fueron extorsionados bajo amenaza de secuestro en el último año.
“Las policías municipal, estatal y federal y el Ejército se unieron y establecieron a partir de febrero un corredor de seguridad. El operativo incluye una sobrevigilancia de las rutas que van desde los puentes internacionales hasta 17 parques industriales de la ciudad. Entre 15 y 20 kilómetros son vigilados a diario por más de 300 agentes de los tres niveles...
“El Paso Economic Development Corporation estima que entre 3,400 y 5,000 gerentes estadounidenses viven en El Paso y cruzan diariamente para trabajar en las plantas de Juárez.
“Ha sido una buena medida para garantizar la seguridad a las personas que tienen inquietud por su traslado’, dice Manuel Ochoa, vicepresidente para desarrollo binacional de esa agencia”.
La sangre fluye sin cesar en el país porque la vida humana está tasada. Su precio es muy variable, pero parece que siempre es pagadero. Un narcotraficante preso en Uruapan fue asesinado y destazado en el penal, por sólo doscientos pesos. En cambio ascendió a cien mil la suma pagada por quitar la vida a Carlos Alberto Rayas Gutiérrez, jefe policiaco de Jalisco, cuya muerte precedió en una semana a la de Roberto Alejandro Mercado, comandante policial de Guadalajara, acribillado el Viernes Santo mientras hacía un rondín en la capital jalisciense.
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Aca la fuente del periódico donde se publica:
http://www.slate.com/id/2217017/
An Outbreak of Opportunism Mexico's president is trying to use the swine flu to consolidate his power.
By John M. AckermanPosted Monday, April 27, 2009, at 4:09 PM ET
A man reads the paper in Mexico City. Click image to expand.A man wears a face mask to protect against swine flu in Mexico City The Mexican government's initial reaction to the outbreak of swine flu does not inspire confidence. Practically speaking, its slow response has allowed the disease to spin out of control, leading to up to 100 deaths in Mexico and 20 cases of infection in the United States. From a political standpoint, Mexican President Felipe Calderón appears to be using the outbreak to consolidate his power.
New influenza cases started appearing in Mexico City on March 18. The first death occurred April 12. But the government dragged its feet, hoping that this was an isolated case. As deaths mounted over the following days, the Calderón administration refused to take decisive action.
It wasn't until half a dozen cases were discovered in the United States that the Mexican authorities sent mucus samples to Canadian and U.S. laboratories for testing. The lab results immediately sent alarm throughout Mexico and the world. But almost a month had been lost.
A more fundamental cause of the late response is the terrible state of Mexico's public health system. Due to years of neglect by the government, the poorest patients normally need to wait for hours or even days to see a doctor. Medicines are scarce. The largest network of public hospitals recently won an "award" as the government agency with the most useless red tape.
A large percentage of the poorest Mexicans therefore do not even bother to go to the doctor when they feel sick. It is more effective to self-prescribe antibiotics or anti-virals, which are easily available over the counter at pharmacies. This leads to serious problems with early detection of new diseases. To make matters worse, Mexican labs do not have the profiling data needed to detect many new viruses.
Calderón has acted with determination by closing schools and canceling public events in recent days. But such actions come late. He could have significantly reduced the severity of the outbreak if he had given priority to public health care from the beginning of his administration and responded effectively at the first signs of alarm.
In addition, Calderón has used the health crisis to concentrate political power in his hands. On Saturday, he issued a decree that places the entire country under a state of emergency. He has authorized his health secretary to inspect and seize any person or possessions, set up check points, enter any building or house, ignore procurement rules, break up public gatherings, and close down entertainment venues. The decree states that this situation will continue "for as long as the emergency lasts."
This action violates the Mexican Constitution, which normally requires the government to obtain a formal judicial order before violating citizens' civil liberties. Even when combating a "grave threat" to society, the president is constitutionally required to get congressional approval for any suspension of basic rights. There are no exceptions to this requirement.
Congressional consent provides a key element in the system of checks and balances. Otherwise, "states of emergency" turn into excuses for the long-term rollback of democratic freedoms and civil liberties. The response to the events of Sept. 11, 2001, led to the dangerous erosion of fundamental guarantees throughout the world, including the rights to privacy, movement, association, and a fair trial. In Latin America, there is a long history of using states of emergency as ploys to justify military action and a return to authoritarianism. This has happened most recently in Peru, Ecuador, and Colombia.
Calderón has already moved in this direction in his fight against the drug cartels. Without the consent of Congress, he has placed the military in charge of law enforcement, set up illegal checkpoints throughout the country, and established a de facto state of emergency in cities such as Ciudad Juárez. His response to the flu epidemic only exacerbates this authoritarian tendency.
Indeed, it appears that Calderón is now seeking to consolidate his break with the fundamental principles of liberal constitutionalism and the separation of powers. This past Thursday, Calderón presented a bill to Congress that would allow him to declare a state of emergency at any time without its consent. If approved, the bill would allow the National Security Council, made up of presidential appointees, to grant broad powers to the military and to suspend basic civil liberties in all or parts of the country at the president's request. This council would have the power to continue the emergency for as long as it wants.
Such a law would deal a body blow to Mexican democracy. Calderón would have no trouble gaining the overwhelming support of Congress to his important emergency measures against the swine flu. But he should not be allowed to use this emergency as an excuse to undermine Mexico's democratic institutions or ignore the deeper causes of the present health crisis.
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