Seccion Editoriales: El Universal
¿Quiénes protegían al “Jefe de jefes”?
Salvador Garcia Soto
En su columna Serpientes y Escaleras
Fuente: El Universal
No fue gratuito que no se haya dado aviso ni al Ejército ni a la PGR ni a otras áreas federales, que ya habían fracasado en otros intentos de captura del capo, presuntamente porque desde adentro de sus estructuras se filtraba información que avisó a los Beltrán.
Detrás del “golpe contundente” que presumió desde Copenhague el presidente Felipe Calderón, tras la muerte en un tiroteo de Arturo Beltrán Leyva, hay todavía muchas interrogantes que no debieran agotarse en el triunfalismo gubernamental por la caída de una de las cabezas principales del narcotráfico en México:
¿Quiénes protegían al jefe de jefes, qué autoridades federales, estatales y municipales le permitieron operar en los últimos años y construir un emporio a la vista de todos en Morelos?
Sin restarle méritos a la acción de la Secretaría de Marina, que era la única que podía o capturar o abatir como lo hizo a Beltrán Leyva —pues en el Ejército y en la PGR contaba con círculos de protección que le habían permitido escapar ya en varias ocasiones de operativos para capturarlo, el último el fin de semana pasado en la narcoposada de Tepoztlán— la celebración del Presidente debería complementarse con un desmantelamiento igual de contundente de la red de corrupción política, económica y policíaca que permitió al jefe del cártel de los Beltrán Leyva hacer de Cuernavaca y otros municipios morelenses territorios donde se movía con total impunidad.
¿Sabía algo el gobernador "panista", Marco Antonio Adame o su antecesor Sergio Estrada Cajigal, en cuya administración El Barbas llegó a Morelos y lo volvió su centro de operaciones?
¿No se enteraron los últimos alcaldes de extracción panista de Cuernavaca, y el recién llegado priísta Manuel Martínez Garrigós, de que en su ciudad se ubicaban varias casas de seguridad donde los Beltrán Leyva vivían y operaban la mayor parte del tiempo?
Las policías locales y estatales estaban infiltradas y le pasaban información al narcotraficante, a quien avisaban de operativos federales que en varias ocasiones intentaron capturarlo. Apenas el 9 de mayo pasado, el gobernador Marco Antonio Adame tuvo que destituir a su procurador Francisco Coronato Rodríguez y a su secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, en medio de acusaciones de que brindaban protección a los Beltrán Leyva. El 21 de mayo designó a Pedro Luis Benítez como nuevo procurador.
Protegido de la PGR
Antes del intento de captura del sábado pasado, cuando el Ejército irrumpió en una residencia de Tepoztlán donde se presume que estaba Arturo Beltrán Leyva, hubo varios operativos fallidos para capturarlo. En uno de ellos, la Policía Federal Preventiva (PF) estuvo a punto de detenerlo también en una casa de Cuernavaca en mayo de 2008. En aquella ocasión, un “pitazo” impidió la detención en un operativo del que estuvo al mando el comisionado de la Policía Federal Édgar Millán.
Unos días después, el 7 de mayo de aquel año, Millán fue asesinado a tiros por sicarios cuando llegaba a su domicilio en la colonia Guerrero y se asegura que su identidad y hasta su domicilio fue filtrado entonces por el también agente de la PFP, Édgar Ballardo, a la postre también ejecutado en un café a pesar de que era supuesto “testigo colaborador” de la PGR.
Beltrán Leyva había logrado tal nivel de infiltración en la PGR que hasta el subprocurador de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, llegó a tenerlo en su nómina. Ramírez Mandujano, colaborador cercano de Eduardo Medina Mora, ya estaba siendo investigado por aceptar dinero de los Beltrán Leyva cuando fue enviado por Medina Mora, en agosto de 2008, como representante de la PGR ante la Organización de Naciones Unidas para el combate al narcotráfico, con sede en Viena, Austria. De ese tamaño era el poder que llegó a tener Beltrán en la PGR.
En el operativo para capturarlo hay testimonios de vecinos del exclusivo conjunto residencial donde vivía, que afirman haber visto descender de un helicóptero a “marinos que parecían Rambos extranjeros”. La Secretaría de Marina afirma que fueron “cuerpos de Infantería” especializados los que iban a detenerlo y, ante la agresión de Beltrán Leyva que nunca quiso rendirse, terminaron abatiéndolo a tiros hasta dejar destrozado el cuerpo y el departamento donde se resguardaba.
La DEA afirmó que participó en las “labores de inteligencia” que permitieron a los marinos mexicanos —¿sólo mexicanos?— ubicar al capo y armar la sigilosa operación para detenerlo. No fue gratuito que no se haya dado aviso ni al Ejército ni a la Procuraduría ni a otras áreas federales, que ya habían fracasado en otros intentos de captura del capo, presuntamente porque desde adentro de sus estructuras se filtraba información que daba aviso a los Beltrán.
La contundencia de la que habló el presidente Calderón en este golpe, quedó demostrada no sólo por la manera en que se implementó el operativo y la fiereza con la que los miembros de la Marina pelearon hasta someter y abatir al capo y a sus escoltas. Incluso, se podría hablar de ciertos excesos, al mostrar el cuerpo destrozado y tapizado de billetes a los medios, como una forma de escarnio público y de propaganda para la guerra federal contra el narco.
Pero falta ver si la misma contundencia se muestra en lo que debiera seguir a este indudable golpe a uno de los principales cárteles. ¿Se van a investigar a fondo las redes de protección y corrupción que cubrían a Beltrán Leyva?
La pregunta también es si a este “golpe contundente” seguirán otros a otros cárteles del narcotráfico para que esto no parezca una guerra parcial.
Porque en lo que va de la administración calderonista —lo mismo que en el sexenio de Vicente Fox— con todo y su fuerte guerra antinarco, no queda totalmente claro si Joaquín El Chapo Guzmán es el narcotraficante más buscado o el menos encontrado.
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Video: Carmen Aristegui, analiza la muerte de Arturo Beltran Leyva (regalo de Navidad para el Chapo - Buscaglia) 2/2
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Defensores de derechos humanos deploran el retorno de Robledo Madrid a la policía
Prevé la Limddh que el ejecutor del operativo en San Salvador Atenco cometerá más abusos
Ángeles Cruz Martínez
Fuente: La Jornada
Sábado 19 de diciembre de 2009,
La designación de Wilfrido Robledo Madrid como titular de la Policía Federal Ministerial revela la escasa relevancia que tiene para el presidente Felipe Calderón el respeto a las garantías individuales, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al recordar que el funcionario estuvo vinculado en el diseño y ejecución de los operativos policiacos de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México.
Para Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el regreso de Robledo a la administración pública es una señal más del riesgo de que en el país se sigan vulnerando las garantías individuales. Se suma a cuestiones como la reforma penal aprobada el año pasado y la posición que ha mantenido el gobierno federal de negarse a reconocer que el fuero militar favorece atropellos contra los ciudadanos.
Las agrupaciones civiles recordaron que como responsable de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense, Robledo estuvo a cargo de los operativos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, los cuales derivaron en violaciones graves de derechos humanos reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Actualmente el caso es investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la negativa de Robledo Madrid y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a reconocer su responsabilidad en los hechos, a pesar de que las mujeres víctimas de agresiones sexuales por parte de los uniformados han señalado a los responsables materiales e intelectuales.
Robledo también intervino en el allanamiento de la Policía Federal Preventiva a la Universidad Nacional Autónoma de México en 2000 y se le vinculó con presuntos actos fraudulentos cometidos en la compra de helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública federal, comentó Adrián Ramírez.
Robledo tiene un "negro historial en materia de derechos humanos", concluyó el Centro Pro, y resaltó que la designación de un servidor público con cuestionables antecedentes en temas de derechos humanos, como ocurrió también con el procurador Arturo Chávez Chávez, evidencia la escasa relevancia que el Ejecutivo federal otorga a la defensa y protección de las garantías fundamentales.
Lejos de contribuir a la depuración de las corporaciones policiales, tales nombramientos implican volver a apostar por quienes en el pasado han mostrado no estar a la altura de tan importantes responsabilidades, indicó.
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Video: Aristegui - Muerte de Arturo Beltrn Leyva (regalo de Navidad para el Chapo - Buscaglia) 1/2
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