Editorial de EL UNIVERSAL
Morelos: ¿Y los corruptos?
El pasado 27 de mayo la policía federal detuvo a 10 alcaldes de Michoacán, al coordinador de asesores del procurador estatal, al director del Instituto Estatal de Información Policial, a la ex procuradora del estado —entonces asesora del gobernador Leonel Godoy— y a varios mandos policiacos municipales.
En sí misma, una acción sin precedentes en contra del narcotráfico. Lo mismo podríamos decir del golpe al cártel de los Beltrán Leyva, ocurrido la semana pasada en Morelos. Sin embargo, ambos operativos federales —aunque tenían el mismo objetivo de combatir la delincuencia— se diferenciaron en algo fundamental: el primero fue dirigido hacia las autoridades, mientras el segundo a los criminales.
Tiene relevancia realizar el contraste porque en su momento causaron una enorme polémica no sólo las detenciones a funcionarios michoacanos, sino la forma en que fue tratado el gobernador Godoy, a quien nunca se avisó de las medidas ni se le dieron explicaciones una vez efectuadas.
Indirectamente, el mensaje al mandatario estatal —y a la opinión pública— era que el funcionario podía estar coludido. Al final, ya que el daño a su imagen estaba hecho, el gobierno federal dijo que el gobernador tenía las manos limpias. Fue entonces cuando surgió la pregunta: ¿harán lo mismo las autoridades federales en otras entidades gobernadas por el PRI o por Acción Nacional? Siete meses después, la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, en la capital de Morelos, nos ofrece una respuesta.
Tras la caída de El barbas, también llamado El jefe de jefes, este diario publicó la forma en que Arturo Beltrán había hecho de Cuernavaca su dulce hogar. Según investigación de la PGR el narcotraficante tenía en su nómina desde taxistas hasta militares. Además, negoció con alcaldes y policías locales la tranquilidad de sus municipios a cambio de tener bajo su control la plaza. Ninguna autoridad federal ha negado esta información. ¿Porqué entonces no se ha emprendido un operativo de limpieza de proporciones similares al de Michoacán? ¿No fue por la enorme corrupción en el estado que se tuvo que echar mano de la Marina?
Dice el gobernador de Morelos, Marco Adame —en entrevista publicada hoy por este diario— que “bajo ninguna circunstancia” él tenía conocimiento de que Arturo Beltrán Leyva se resguardara en Cuernavaca. Es posible, pero también resulta improbable que nadie en el gobierno estatal supiera que un cártel había tentado a sus alcaldes, comprado a sus policías y conformado tres cinturones de seguridad a su alrededor en la capital de la entidad.
Si en adelante el gobierno federal quiere despejar dudas sobre su interés al atacar la corrupción y la delincuencia en otras regiones del país, primero deberá hacer en Morelos lo que hizo en Michoacán, porque ningún capo establece su base de operaciones en una plaza sin contar antes con la complicidad, por acción u omisión, tanto de funcionarios municipales como estatales.
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Historia de la agenda robada
Marco Rascón
De la misma forma que se hizo escarnio del cuerpo del capo Arturo Beltrán Leyva, la clase política, casi en conjunto, ha hecho lo mismo con el decálogo de Felipe Calderón.
Esta propuesta de reforma política surge de la debilidad presidencial, no de la fuerza; no obstante, es el eslabón más débil del sistema actual de partidos que asfixia al país y sus ciudadanos; que crea controversia ante la decadencia del sistema político mexicano y la necesidad que empuja en México a una reforma del Estado profunda e integral. Si el PRI, los partidos, diputados, magistrados y senadores se alimentan de la debilidad del "ilegítimo", ¿por qué no los ciudadanos?
Es de controversia la propuesta de Calderón, porque pareciera un discurso reformista de finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado: se parece en cuanto a los temas a una discusión propia de los intelectuales de El Colegio de México o a un foro de politólogos de televisión; tiene semejanza con el motivo para ceder una candidatura presidencial en favor de Vicente Fox y la ruptura posterior con él; se parece a las justificaciones por el voto útil; tiene afinidades con los ideólogos del centro democrático; hay similitudes con resoluciones en foros convocados por fundaciones que promueven la transición; presenta analogías con propuestas ciudadanas de 2009; muchos de sus puntos se ligan con el tema de la gobernabilidad, la transición; tiene conceptos que han aparecido casi siempre en toda propuesta de reforma y en el discurso de las oposiciones; ha sido parte de los discursos de las fracciones del PRI para la reforma del Estado, y de muchos que fueron y son diputados y senadores del PRD, PT, Convergencia y del PAN.
Rara vez –o más bien nunca– fueron estas palabras parte de un discurso del poder. Es probable que en su debilidad política Felipe Calderón haya soltado la propuesta para salvarse, pero lo cierto es que los partidos y sus agentes dejaron su decálogo destrozado y ensangrentado, lleno de billetes y amuletos, como el cuerpo de Beltrán Leyva. Ésa es la imagen navideña con la que despedimos el año.
Es por eso que amerita observarse la reacción de la clase política y los liderazgos a esta propuesta que tiene mucho de infantil y de juguete robado: unos dejan traslucir que es todo o nada; los más, que es insuficiente, y quienes estudiaron ciencia política afirman que "lo único que interesa al pueblo es la crisis económica".
Lo que no se percibe es que la propuesta de Felipe Calderón es parte sustancial de la crisis política. Porque es el más débil, se le adelantó al Legislativo y a los partidos, paralizados en sus agendas de poder. Partidos, gobernantes y legisladores la minimizan porque consideran que quien controla la agenda política controla el poder, así que aceptar la de Calderón sería reconocer que aún tiene un poco de mando. La mezquindad entre poderes y fuerzas es lo políticamente correcto.
El decálogo de Felipe Calderón, por supuesto, es limitado e insuficiente; tiene propuestas para la gobernabilidad que buscan presionar al Legislativo para legitimar decretos, como son las "iniciativas preferentes" del Presidente; manda a segunda vuelta presidencial la elección de legisladores, cuando debería ser en la primera, y desde ahí, en todo caso, hacerse alianzas en torno de programas, sustituyendo la visión pragmática electorera con la programática.
No puede haber relección si no hay revisión del uso de recursos a partidos, campañas y reforma al papel de los medios, no a que cedan sus micrófonos y se autorregulen, sino a que exista una verdadera competencia, abriendo y ampliando el otorgamiento de concesiones de radio y televisión.
En la agenda de partidos un tema a derrotar es el de las candidaturas independientes, lanzado como aguijón por Calderón. Este punto será central para la negociación y dependerá de la movilización ciudadana defenderlo. Su eje no es la reforma, sino su colocación al año 2012.
En la propuesta calderonista hay una gran ausencia: el debate sobre el Estado laico. Mientras el Ejecutivo lanza una propuesta de reforma política, un gobernador, avanzado como precandidato presidencial, va al Vaticano y revolviendo agendas políticas y privadas lanza un mensaje al México conservador y fáctico sobre el perfil ideológico de su proyecto. Se vio no como telenovela, sino como imagen de Juan Nepomuceno Almonte en Miramar actuando en nombre de "los notables", que hoy están representados por la jerarquía de la Iglesia católica y los medios de comunicación monopolizados, estableciendo acuerdos. Ésa es una reforma política consumada en los hechos.
Entre el todo y el nada se mueve la trivialización. Hace unos meses esos temas estaban en decenas de foros y hoy se degrada como materia. Los que tienen el poder gimen, pero la guardan.
El año 2010 empezará con la sorpresa zapatista y la lucha de la partidocracia y los oligarcas por restablecer la cadena. Por eso, para 2010 deseamos: reforma integral en favor de los ciudadanos, fin a la demagogia de la partidocracia y un cambio democrático en la correlación de fuerzas.
http://marcorascon.org
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Tarjeta navideña
Pedro Miguel
A primer golpe de vista, la composición podía ser tomada como obra de una mente criminal: un cuerpo humano, descuartizado a balazos, con el pantalón bajado, cubierto por billetes ensangrentados cuidadosamente distribuidos sobre la piel, así como por pequeños objetos rituales.
La foto del cadáver de Arturo Beltrán Leyva y la decisión de darle extensa difusión mediática habrían podido ser tomadas –acaso lo fueron– por los operadores de un cártel rival: es la clase de escarnio que las bandas delictivas hacen del enemigo caído, como ocurre con los narcovideos que circulan en youtube o como la exhibición de los cuerpos de los hijos de Saddam Hussein, resanados con plastilina y maquillados de color rosa solferino, montada en julio de 2003 por la soldadesca gringa en el interior de una carpa inflable.
Fue un espectáculo caro: sólo por el chivatazo que permitió a los ocupantes dar con el paradero de los hermanos Hussein, en Mosul, los contribuyentes de Estados Unidos pagaron 30 millones de dólares. A eso hubo que agregarle los gastos, jamás desglosados, por la demolición de la vivienda con misiles TOW (larga vida a los accionistas de Hughes Aircraft), por el salario de los soldados que llevaron a cabo la carnicería y por la reconstrucción burlona de los cuerpos. Entre otros. Para la administración de Bush resultaba prioritario enviar un mensaje inequívoco: los dictadores insumisos a Washington serían perseguidos sin miramientos hasta en su descendencia, sin compasión ni concesión alguna, y lo que quedara de ellos quedaría sujeto a bromas de mal gusto. Más allá de plasmar la infinita vulgaridad característica de George Walker, la acción mediática fue un comunicado de terror y escarmiento.
Quién sabe cuánto nos costó, a los causantes mexicanos, la difusión de las imágenes del presunto narco abatido en Cuernavaca, pero es dudoso que el montaje haya sido una mera ocurrencia de funcionarios de bajo nivel, federales o estatales, civiles o militares, como lo insinúa el calderonato con una hipocresía monumental. El despojo mortal era un trofeo (esa palabra usó una fuente gubernamental citada antier en este diario) demasiado valioso para el gobierno federal como para permitir que un empleado de poca monta de la procuraduría morelense lo manoseara e hiciera con él composiciones perversas.
De hecho, el cadáver del capo fue estrechamente vigilado por fuerzas militares hasta que llegó a su destino final, en un panteón privado de Culiacán. Circunstancias aparte, la cuidadosa gráfica del muerto cubierto de billetes bien podría llevar, por pie de foto, "así o más", "haiga sido como haiga sido" o cualquier otra expresión de bravuconería incivilizada.
Pero hay motivos para sospechar que no todo sea resultado de una catarsis festiva, sin duda explicable –aunque no justificable– tras los fracasos y hasta los desastres que afectan a la oficialmente llamada "guerra contra la delincuencia" (por cierto: ¿dónde habrá causado más regocijo la foto, generosamente reproducida por los medios afines al régimen? ¿En Los Pinos o en los escondrijos de los otros rivales de Beltrán Leyva?) Esto no habría ocurrido si no hubiera la determinación de convertir al Estado en portavoz de barbarie, de degradar a las instituciones hasta el punto de volverlas emisoras de cosas indistinguibles, en la forma y en el fondo, de los célebres narcomensajes, de enviar a la población en general, y particularmente a sus sectores más lúcidos, organizados y cívicos, telegramas de terror con este sentido: el poder público es capaz de exterminar, de brincarse todas las formas de la legalidad (una muy simple: ¿alguien ha oído hablar de una orden judicial de allanamiento o de captura que diera pie y cobertura al operativo de Cuernavaca?), de emplear todo el poder de fuego disponible contra una residencia enclavada en un condominio, de hacer maldades equivalentes a las que cometen los más malos de los malos, de solazarse y degradarse en la profanación del cadáver enemigo.
A fin de cuentas, si el gobierno tuviera intenciones reales de combatir al narco, en vez de promover combates espectaculares y cruentos, tendría que empezar por cerrar los circuitos financieros al lavado del dinero procedente de las drogas ilegales, dinero que es ya una de las tres principales fuentes de divisas para la economía nacional. Sería más barato, simple, civilizado y fructífero. Pero parece ser que el calderonato deseaba enviar al país una tarjeta navideña macabra para promover su poder corporativo, y eso hizo.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com
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La guerra que EU endosó a México
Ignacio Alvarado Álvarez
Editoriales: El Universal
Viernes 25 de diciembre de 2009
Expertos consideran que la Iniciativa Mérida representa la “vietnamización” que el vecino del norte hace de su lucha antidrogas.
Los cuerpos decapitados de dos hermanos arrojados desde una avioneta en un municipio al sur de Sonora y la muerte, horas más tarde, de Arturo Beltrán Leyva y seis de sus escoltas en un complejo departamental de Cuernavaca, enmarcaron el miércoles 16 la jornada con mayor violencia registrada en el sexenio, con 64 homicidios.
La guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón a la delincuencia organizada arrojó hasta mediados de diciembre 15 mil 507 víctimas, de acuerdo con registros de procuradurías estatales.
El desgaste para el gobierno y sociedad mexicanos ha sido brutal, dice Antonio Payán, investigador de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). Pero sobre todo, agrega, es inaceptable si se considera que Estados Unidos es el gran responsable de la desgracia.
Afirma: “México ha invertido miles de millones de pesos y ha puesto miles de muertos en las trincheras de la guerra contra las drogas, que en la realidad no es sino otro más de los combates que libra Estados Unidos fuera de su territorio”.
Payán habla sobre la Iniciativa Mérida, el programa de cooperación anticrimen aprobado en julio de 2008 por el congreso estadounidense, y que prevé una inversión de mil 350 millones de dólares en equipo y asesoría durante tres años.
El pasado 15 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos entregó a México cinco helicópteros Bell-412 y anunció para abril del próximo año la operación de la primera oficina “binacional”, desde la cual habrán de diseñarse estrategias de combate antidrogas.
La flotilla aérea enviada por Estados Unidos será complementada el año entrante con cuatro helicópteros y tres Blackhawk, que en conjunto alcanzan un valor de 276 millones de dólares.
El escenario, que incluye a 45 agentes estadounidenses en la oficina binacional, revela mucho de la estrategia de Washington, de acuerdo con Payán.
Ayuda “insignificante”
El investigador explica: “El problema con la Iniciativa Mérida es que es una especie de vietnamización de la guerra contra las drogas. Una guerra eminentemente estadonunidense que se ha venido librando durante 40 años, que intensificaron en los años 80 en Colombia y el Caribe y que han transportado a México en los 90 y la década actual.
“Así que es una lucha que Estados Unidos está peleando pero fuera de su territorio. No es una lucha que esté librando día con día, con muertes y sangre y dinero dentro de su territorio”.
El origen de la Iniciativa Mérida parte de un criterio hasta hoy cuestionado por muchos analistas. La idea de que con los poco más de mil 300 millones de dólares México tendrá suficiente respaldo para confrontar a poderosos grupos criminales ha dominado la conciencia de la clase política de Estados Unidos.
Los estadounidenses creen que sin tal ayuda la delincuencia organizada llegará a niveles de poder apabullante en la frontera común. José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), dice que nadie quiere reconocer la insignificancia real de la Iniciativa Mérida.
“La Iniciativa Mérida se está planteando como una alternativa orientada a ese sentido, y por lo tanto se han abierto debates internos para que México reciba este apoyo de EU”.
Pero los políticos y el gobierno estadounidenses dejan a un lado el factor primordial de esta guerra: el de su fracaso para reducir el consumo de drogas.
El investigador del Colef explica: “La política antidrogas de Estados Unidos sigue sin brindar resultados, y la prueba está en que el consumo se ha elevado los últimos 40 años y en que los grupos delictivos se han fortalecido a lo largo de la frontera común”.
Ramos agrega: “Hace 15 años no conocíamos a Los Zetas ni a los grupos de Juárez, y ahora son lo más cotidiano del mundo. Y ello, sin duda, es atribuible a esa política antidrogas”.
Consumo y armas, nuevos retos
Durante 2008, un promedio diario de 2 mil estadounidenses entre 12 y 45 años consumieron cocaína, de acuerdo con reportes de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, en inglés).
La estadística revela que 12.6 millones de habitantes dijeron en 2008 haber consumido metanfetamina en algún momento de su vida. Otros 8.4 millones lo hicieron con el crack y 102 millones con mariguana. De estos últimos, 2.2 millones fumaron mariguana por vez primera el año pasado, es decir, un promedio de 6 mil personas cada día.
El empleo de crack, metanfetaminas y cocaína registra un ligero decrecimiento en el uso, no así el de mariguana, que aumentó entre estudiantes de secundaria y preparatoria de EU, de 46.9 a 47.5% entre 2006 y 2007, y se mantuvo casi inalterable durante 2008.
Las cifras generales durante la década demuestran, sin embargo, el incremento gradual del consumo en casi todas las drogas y la reducción de la edad de inicio, que fue de 13 a 12 años.
La suma total de estadounidenses que consumen drogas asciende a 30 millones, que sumados a los 4 millones de adictos oficialmente reconocidos en México nutren el millonario negocio de los traficantes de México y Sudamérica.
Esa cantidad de consumidores ha llevado al gobierno de Barack Omaba a replantear la estrategia antidrogas que durante cuatro décadas se centró en las operaciones bélicas.
Además de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos debe trabajar en la reducción del consumo y el flujo de armas hacia México, dijo John Brennan, asesor presidencial en Seguridad y Contraterrorismo, durante el acto de entrega de los helicópteros Bell-412 a México.
Estados Unidos, según Brennan, es corresponsable en el fenómeno, y como tal debe enfrentar retos sociales nacidos del tráfico de drogas.
Ganancias para mercenarios
La Iniciativa Mérida, hasta ahora el principal programa de apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos, transita sin embargo un camino empedrado desde antes de su aprobación.
En el primero de tres años para el que fue concebido, México recibió en equipo y asesoría menos de 25 millones de dólares y para 2010 la cifra no sobrepasará los 231 millones. El presupuesto aceptado para el año próximo generó, de hecho, un debate entre republicanos y demócratas dentro del congreso.
Antonio Payán comenta: “La Iniciativa Mérida fue un reconocimiento simbólico de una supuesta corresponsabilidad, pero hasta este momento hemos visto que tiene varios problemas”. El investigador de UTEP asegura no solamente que el monto global de la ayuda es mínimo, sino que además convoca a los grandes mercenarios de ese país.
“Será como cualquier otra ayuda extranjera que realizan: un subsidio para sus propias compañías. Raramente va a recibir México un cheque o efectivo de Estados Unidos, sino que va a recibir el servicio o los productos de una compañía estadounidense, la cual se va a quedar con la ganancia. Y entre esas instancias hay que mencionar al Pentágono”.
La corresponsabilidad aludida por Brennan no se ha traducido en los hechos. A mitad de los tres años previstos para el ejercicio de los mil 350 millones de dólares, cubre de hecho menos de una cuarta parte del total.
El debate político detrás del programa y el lento derrame del dinero ocurren en un contexto poco favorable para México, cuya imagen se ha desgastado enormemente los años recientes, dice Payán.
“El manejo retórico de que México es un Estado fallido cobra vigencia entre la clase política, sobre todo entre republicanos. Esto alimenta los prejuicios, y en el marco de esta guerra contra las drogas, los conservadores estadounidenses insisten en que sus altos niveles de consumo obedecen a que esta guerra ha fallado, pero fuera de su país”.
El investigador cree que conforme transcurran los meses, la idea comenzará a ganar terreno incluso entre los demócratas, lo cual hará difícil que México llegue a contar con asesorías y equipo equivalentes a los mil 350 millones de dólares. Y parte del debate político se ha fincado sobre la honorabilidad demostrada por las fuerzas federales mexicanas en esta guerra.
Derechos humanos, no importan
En agosto pasado, Amnistía Internacional, según un comunicado, solicitó al Congreso de Estados Unidos la congelación de 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida, “hasta que el gobierno mexicano cumpla sus obligaciones sobre derechos humanos”.
Además de Amnistía Internacional, organismos civiles mexicanos han elaborado informes sobre desaparición forzada, tortura y asesinato cometidos supuestamente por militares y policías federales los últimos dos años.
Los reportes fueron considerados por Patrick Leahy, senador del Partido Demócrata que preside el subcomité de adjudicaciones sobre asuntos extranjeros, después de que el Departamento de Estado declaró este año que los derechos humanos han sido respetados por las fuerzas federales en su batida contra los cárteles de la droga.
José María Ramos, el investigador del Colef, dice que el problema de los señalamientos por violaciones es la falta de contundencia que muestran los organismos defensores. “El reto será documentar los excesos que se hayan cometido, sobre todo durante 2009”. Aún así, la Iniciativa Mérida no se ve amenazada por esta circunstancia.
La causa de ello, agrega Payán, es que en realidad no importa a EU.
“A Estados Unidos no le interesa que México utilice o no el Ejército; no le interesa si el Ejército mexicano se corrompe o no; no le interesa que el Ejército mexicano respete los derechos humanos o no. La mera verdad, Estados Unidos tiene una política exterior que consiste en una guerra contra las drogas y si en el proceso los derechos constitucionales o los derechos procesales y humanos de los ciudadanos mexicanos quedan hechos añicos, no le interesa”.
Una gota para un incendio
La muerte de Beltrán Leyva y sus escoltas, no sólo acabó con uno de los tres narcotraficantes más poderosos, según los gobiernos de uno y otro país. También sirvió para que millones de mexicanos fueran testigos de una operación militar de alto nivel.
Efectivos de la Marina fueron vistos en las pantallas de televisión descolgándose desde helicópteros y abriéndose camino a golpe de metralla hasta aniquilar a sus objetivos “de manera pulcra”. Fue una imagen bélica que, fuera de reflectores, dejó mil muertos los primeros 51 días de 2009, hasta llegar a los 15 mil 507 asesinatos de esa noche. “Yo no tengo ninguna fe de que la Iniciativa Mérida marque una diferencia considerable en la guerra contra las drogas”, dice Payán.
“La Iniciativa Mérida es como una gota de agua para un fuego que está ardiendo en forma considerable. Y eso, si acaso llega a aterrizar el dinero”.
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