Chavarría: implicaciones de un homicidio
Editoriales: La Jornada, 21 de Agosto, 2009


El asesinato de Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, líder de la bancada perredista y uno de los más fuertes aspirantes a suceder a Zeferino Torreblanca en el Ejecutivo estatal, marca un hito en la escalada de violencia que padece el país y resulta –además de condenable, como todo homicidio–, aterrador y ominoso de cara al futuro inmediato del país.

No hay hasta ahora indicios claros de la motivación ni de la autoría del crimen, perpetrado en las primeras horas de ayer en Chilpancingo, y la circunstancia nacional presente da margen a especulaciones de toda suerte.

Ayer mismo, la dirigencia nacional perredista adelantó que el homicidio tuvo motivos políticos y lo incluyó en una oleada de asesinatos de integrantes del sol azteca que este año ha cobrado la vida de 25 perredistas, 20 de ellos en Guerrero. La hipótesis es creíble, dados los antecedentes citados y la importancia del político ultimado. Hasta mayo del año pasado, Chavarría Barrera se desempeñó como secretario de Gobierno en el gabinete del actual gobernador y tenía una destacada trayectoria como dirigente, funcionario y legislador: líder de la Federación Estudiantil Guerrerense, integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, senador y diputado federal.

Si, como lo afirma la Comisión Política Nacional del PRD, Chavarría Barrera fue víctima de una conjura política, ello sería indicio de la elevación hacia las altas esferas de la vida republicana de una violencia que en años recientes ha cobrado la vida de decenas de activistas, militantes y dirigentes opositores, que se ha traducido en "desapariciones" forzadas y que pareciera augurar la repetición de momentos trágicos de la historia nacional, como la guerra sucia emprendida en las presidencias de Luis Echeverría y José López Portillo; el salinato, entre cuyos saldos debe recordarse el asesinato de varios centenares de perredistas, o la estrategia de represión, contrainsurgencia y paramilitarismo que el gobierno de Ernesto Zedillo aplicó en Chiapas y Guerrero.

Por otra parte, el homicidio referido ocurre con el telón de fondo de la pavorosa espiral de violencia generada por la manera en que el actual gobierno decidió enfrentar a la delincuencia organizada y no faltarán las voces que pretendan asociar a ese fenómeno la muerte de Chavarría Barrera, con el propósito de desvirtuar la memoria de la víctima y la imagen de sus compañeros de partido y de postura.

Por desgracia, la capacidad y credibilidad de los órganos encargados de procurar justicia, tanto estatales como el federal, se encuentran en niveles tan bajos que no les será fácil esclarecer en forma verosímil e inequívoca el homicidio perpetrado ayer en Chilpancingo.

Y, sin embargo, están obligados a ello. Si las autoridades correspondientes no identifican, capturan y presentan ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Armando Chavarría, se estará propinando un severo golpe a la política misma, en tanto que vía de resolución pacífica e institucional de conflictos y problemas sociales; se enviará, así sea por omisión, un mensaje inequívoco de desprotección a los funcionarios, legisladores y representantes populares del país, y se dará un nuevo y desesperante aliento a la impunidad.

En lo inmediato, el gobernador guerrerense tendría que explicar con consistencia la razón por la que apenas hace dos meses le fue retirado a Chavarría el personal de protección que el gobierno de la entidad asigna a sus ex funcionarios.

Resulta imprescindible, en suma, que los gobernantes federales y estatales reconozcan el desarrollo de una violencia política y de una pauta de homicidios políticos en el país; que admitan la inoperancia de las estrategias seguidas hasta ahora para hacer frente al crimen organizado y que, en los dos terrenos, adopten acciones realmente efectivas para detener la pavorosa degradación de la seguridad pública, del civismo y de la vigencia de los derechos fundamentales. De no proceder así, el asesinato de Chavarría Barrera podría marcar un punto de no retorno.


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Video: Carmen Aristegui comenta la muerte del dirigente del PRD, Armando Chavarria



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Informe, crimen y vacío
Marco Rascón


Todo el país, en todos los aspectos, empieza a vivir lo peor. No es el fondo aún, pero caminamos hacia allá.


Un país enfermo de Alzhaimer se convulsiona ante la llegada coincidente de violencia y crimen, crisis económica, epidemias, corrupción desenfrenada, sequía y apatía. Nadie cree nada a nadie, y lo que ha quedado de la Presidencia de la República se obstina en mantener como eje de gobierno un optimismo sin fundamento, amamantado desde el regazo del viejo régimen.

En las luchas y demandas históricas por cambiar hacia un régimen democrático, una propuesta era transformar el presidencialismo napoleónico e imperial en un poder que compartiera decisiones y opiniones con los otros poderes, sin perder la capacidad ejecutiva que debe tener todo gobierno y el Estado para ejercer la soberanía popular. Esto no pasó.

En el momento más preciso, partidos y legisladores, que por programa original luchaban por la transformación, atrapados en el discurso del insulto y el resentimiento rechazaron la posibilidad de convertir el viejo formato del informe presidencial en el espacio para el debate abierto y sustancial entre el Poder Legislativo y las fuerzas políticas. ¿Por qué en los tiempos actuales la izquierda electoral ha rechazado el debate? ¿Cuáles han sido las consecuencias?

La "entrega por escrito" del informe ha servido más como alimento de una clase política mediocre y ha revelado que los impugnadores de la ilegitimidad presidencial se quedaron sin interlocutor y que se quieren subir al ring cuando ya está vacío. Lo bajaron, no los gritos, sino quienes estuvieron agazapados y convirtieron a la izquierda siniestra en la comisión de insultos y el ladrido del viejo régimen.

Hoy, en esta realidad de desastre, el discurso no sólo es incoherente con lo planteado hace un año, sino además es tardío y ni siquiera conlleva una autocrítica.

El asesinato de Armando Chavarría en Guerrero, calificado por la cúpula dirigente del PRD como un crimen político, con la demanda de que la investigación sea atraída por la Procuraduría General de la República (PGR) –es decir, el gobierno federal– plantea los siguientes escenarios: primero, descalificar al gobierno estatal para investigar los hechos lleva implícita la sospecha de que el móvil del asesinato proviene del ámbito de las disputas internas del PRD. El homicidio de Chavarría es, obviamente, un crimen político, vinculado con lo que sea; pero, en segundo lugar, demandar la atracción de la investigación al fuero federal implica no sólo el reconocimiento de que el gobierno "espurio" sí es creíble y que la dirección del PRD, además de convertirse en investigadora policial, lleva su sospecha al ámbito de las disputas internas. Derivada de esto, cabe la pregunta: ¿llevarán el caso de Armando Chavarría a la comisión de garantías y vigilancia si se confirman sus sospechas de que la causa política del crimen provino de las disputas internas del perredismo en Guerrero? O es que en aras de "la unidad", ¿no expulsarán a nadie?

Luego que la PGR, responsable de la investigación a petición del mismo PRD, diga que los perredistas ya pasaron a un nuevo nivel en la confrontación interna, dirá que ahora practican el homicidio para resolver sus disputas.

Luego de lo sucedido en Michoacán con el caso de Julio César Godoy, el PRD debe demandar la mejor y más profunda investigación sobre el asesinato de Chavarría, pues hoy, con el clima de violencia que se vive, la forma en que es asesinada una persona la coloca bajo sospecha de ser parte del crimen organizado: perder la vida en una ejecución conlleva además una sentencia.

Seguramente los autores y quienes decidieron asesinar a Armando Chavarría sabían de estos efectos y las implicaciones del contexto que agravarían más la imagen del partido del sol azteca. Sin embargo, quizás no se imaginaron que tanto Izquierda Unida, con Alejandro Encinas, como Nueva Izquierda, con Jesús Ortega, en franco autogol, convertirían el crimen en un nuevo motivo para la unidad interna y cerrar filas contra su propia posición: el gobernador. Con ello han abierto la brecha para regresar al PRI el estado de Guerrero, al tiempo que ha reaparecido el figueroísmo como fuerza de paz y alternativa frente a la descomposición del perredismo.

Si a eso sumamos la insurrección petista que se quedará a gobernar Iztapalapa y el silencio desde Oaxaca respecto de Michoacán, Guerrero, y a Juanito insubordinándose a Luis XIV, los usos y costumbres practicados no son otros que la incoherencia que hunde a la izquierda convertida en la gran siniestra de la política mexicana.

Frente al tercer Informe presidencial (por escrito), la oposición se quedó sin interlocutor cuando el país se hunde, tanto por la mediocridad del mandato como por la ausencia de conceptos, discurso, ética y referencias alternativas desde la oposición que se dice la izquierda. En ese vacío están los resultados de quienes incubaron el huevo de la serpiente para que lo peor del país regresara en forma de nuevo gobierno.


http://www.marcorascon.org



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Impresiones sobre China
Gilberto López y Rivas


"Armonía" es el término que más se escucha entre funcionarios y académicos chinos cuando se trata de caracterizar la realidad actual del país, aunque mucho de lo que ocurre está lejos de ese autoconvocado equilibrio neoconfuciano.

Se considera, por ejemplo, que las relaciones laborales se basan precisamente en esa deseada avenencia entre trabajo y capital, la cual sin duda existe en muchas regiones en las que la economía de mercado se ha impuesto con beligerancia y acompañada de una ideología empresarial fuertemente competitiva y arraigada, sobre todo entre los jóvenes que no vivieron los avatares de la revolución.

Un empresario francés con quien conversé, que mantiene en China una planta de más de mil 500 operarios, comentó que sus obreros son "ejemplares", pues no ocasionan el menor problema, mucho menos huelgas, y los comparó con los trabajadores franceses "a los que no satisfacía nada y protestaban por todo".

Paradójicamente, ese mismo día (31 de julio de 2009), el periódico China Daily reportaba el linchamiento de un alto ejecutivo corporativo a manos de los enfurecidos obreros de la compañía Iron and Steel, situada en Tonghua, provincia de Jilin. El acontecimiento fatal ocurrió durante una asamblea en la que el fallecido había informado que habría una reducción en el número de trabajadores: de 13 mil a 5 mil. Posteriormente, miles de obreros bloquearon la fábrica para impedir que la ambulancia y los vehículos de la policía ingresaran a las instalaciones. El reportaje estremecedor describía un contexto previo en el que más de 4 mil personas en edad laboral se encontraban ya desempleadas y por ello el temor a los recortes masivos de personal.

En esa misma semana y en otro punto de la geografía china, en Shenzhen, provincia de Hunan, 120 migrantes fueron a la huelga, manteniendo un mitin permanente frente a la municipalidad para obtener compensación por las enfermedades pulmonares laborales contraídas como mineros en una de las primeras zonas económicas especiales que se abrieron a finales de los años 80. Diecisiete obreros ya habían fallecido por el padecimiento y otros se encontraban en etapas iniciales o avanzadas. Las autoridades locales ofrecían el equivalente a 4 mil dólares como compensación para quienes pudieran probar su relación laboral, requisito difícil de llenar en condiciones discrecionales en las que no existían contratos establecidos formalmente.

En Kunming, capital de la provincia de Yunnan, famosa por albergar la mayor cantidad de minorías étnicas en China, se celebró un congreso mundial de antropólogos, por lo que se organizaron visitas a pueblos multiétnicos y ciudades modelos de desarrollo económico y de relaciones multiculturales armoniosas, fincadas en el respeto mutuo. Sin embargo, precisamente en los días en que se realizó el congreso, los periódicos locales y nacionales exhibieron en primera plana las fotografías de los 15 dirigentes de los motines que se registraron a principios de mes en Urumqi, capital de la provincia autónoma de Xinjian Uygur, en el otro extremo del país, quienes eran buscados por las autoridades. Las informaciones daban cuenta del arresto de 253 personas más, que se sumaban a los mil 400 ya detenidos. El conflicto entre integrantes de la nacionalidad mayoritaria han y los miembros de la minoría musulmana uygur dejó 197 muertos y mil 700 heridos. Las autoridades conminaban a los fugitivos a entregarse, ofrecían recompensas por su captura y amenazaban a quienes los protegieran, publicando incluso una carta de los hijos de la única mujer dirigente fugitiva, en la que la urgían a rendirse y a arrepentirse de sus actos.

El desarrollo urbano-industrial y la correspondiente infraestructura de comunicaciones carreteras y de servicios son impresionantes, tomando en cuenta que las reformas que dan curso a la economía capitalista inician hace tan sólo unas décadas.

De Macao a Cantón, por ejemplo, a lo largo de la carretera, se encuentran centenares de enclaves industriales de numerosas y variadas firmas internacionales. Lo mismo ocurre en otras muchas ciudades y provincias chinas. No obstante, los costos en contradicciones sociales y daños ambientales son altos en una sociedad jerarquizada y autoritaria, donde se ofrecen reducidas aperturas críticas a la prensa y la academia.

A principios de agosto, por ejemplo, los habitantes de Zhentou, provincia de Hunan, tomaron las calles nuevamente para protestar por la detención de seis manifestantes contra la contaminación causada por la planta química Xianhe, que ha arruinado tierras y cosechas, y provocado graves problemas de salud. Otro grupo ciudadano de protección al ambiente levantó una denuncia en la corte municipal de Qingzhen, provincia de Guizhou, por la contaminación de una fábrica de bebidas a dos lagos cercanos, que son la fuente de agua potable de los pobladores. Lo sorprendente fue que, por primera vez en la historia del país, una corte de justicia aceptó una demanda legal por contaminación en contra de la compañía y el propio gobierno.

La academia no escapa a la feroz competencia que el mercado provoca y en esos mismos días de nuestra visita varios medios impresos comentaron sobre la práctica, muy difundida, del plagio y de toda clase de recursos intelectuales indebidos para sobresalir, destacando el caso de Zhou Zude, presidente de una prestigiada universidad que presentó como suyo el trabajo de un científico chileno.

Esta breve mirada al océano de la problemática china demuestra que el pueblo de esa milenaria nación –que llevó a cabo una de las más sorprendentes revoluciones sociales del siglo XX y que se transformó drásticamente, en unas cuantas décadas y dentro de la "modernidad", en un apabullante capitalismo de Estado– también es capaz de resistir lo que ese capitalismo significa para las clases mayoritarias desposeídas.