Agencias
Miércoles 18 de marzo de 2009
La Presidencia de la República dio a conocer hoy que el mandatario estadounidense estará en México para tratar temas de interés común como el de la seguridad
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará México los días 16 y 17 de abril para abordar temas de interés bilateral.
El vocero de la presidencia, Maximiliano Cortázar, confirmó la noticia y dijo que hablarán de temas como medio ambiente, economía, seguridad, bienestar social y migración.
La visita será de carácter oficial y será el segundo encuentro que sostengan ambos políticos después de que Calderón viajara a Washington en enero pasado días antes de que Obama se convirtiera en presidente.
En un mensaje ofrecido en la entrada de la puerta cinco de la residencia oficial de Los Pinos Cortázar dijo:
"La visita subraya la alta prioridad que ambos mandatarios otorgan al fortalecimiento de la relación bilateral a partir de un dialogo franco y respetuoso sobre el conjunto de temas que integran la agenda común.
" Este encuentro dará continuidad al diálogo establecido durante su reunión del pasado 12 de enero en Washington donde acordaron impulsar una asociación estratégica entre ambos países".
Según el vocero también dialogarán sobre asuntos de la agenda hemisférica tomando en cuenta la participación que tienen ambas naciones en diversos organismos internacionales, como la Cumbre de las Américas, el G8, el G5y la Cumbre de líderes de APEC.
En un comunicado, la Casa Blanca indicó que Obama reveló que visitará México para reunirse con el presidente Felipe Calderón y abordar en detalle las "profundas y exhaustivas" relaciones entre EE.UU. y México.
En concreto, indicó la Casa Blanca, ambos mandatarios abordarán cómo los dos países pueden colaborar en la lucha contra la violencia procedente del narcotráfico y los pasos hacia una reforma migratoria "exhaustiva y efectiva" .
El presidente Obama, añadió el texto, ha alabado reiteradamente el "extraordinario trabajo" de Calderón a la hora de hacer frente a esos desafíos, "importantes para las comunidades y las familias a ambos lados de la frontera" .
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Critica The Wall Street Journal veto a camiones mexicanos
Agencias
El veto a camiones mexicanos para ingresar a Estados Unidos debe tomarse como un ejemplo de la incapacidad del presidente Barack Obama para oponerse a grupos de presión del Partido Demócrata, opinó hoy The Wall Street Journal.
En un editorial, el periódico consideró que el veto representa 'una violación unilateral de un tratado', y que esa no es la manera en que se negocia con otras naciones, en especial con México, al que calificó de 'buen vecino'.
Subrayó que la respuesta de México de elevar impuestos a 90 productos estadunidenses afectará bienes con un valor comercial de dos mil 400 millones de dólares en 40 estados.
El rotativo señaló que aunque la medida aplicada por Estados Unidos tuvo como base la supuesta inseguridad de los camiones mexicanos, programas federales han demostrado que el transporte mexicano 'de hecho comete menos violaciones a la ley que los estadunidenses'.
The Wall Street Journal advirtió que el episodio puede generar peligrosas animosidades nacionalistas y populistas, difíciles de controlar en ambos lados de la frontera, en especial en momentos de dificultades económicas.
'Marquen este episodio como otro ejemplo en el que el señor Obama se ha negado a oponerse a poderosos grupos de interés demócratas, con nocivas consecuencias', enfatizó el periódico.
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Reforma Migratoria:
Elaboran estadounidenses de origen mexicano plan de reforma migratoria
Martes 17 de marzo
* Plantean una legalización de indocumentados basada en la unidad de la familia y el empleo
* La medida se otorgaría a trabajadores y sus parientes que han residido en EU por más de dos años
Fuente: El Financiero
Chicago, 17 de marzo.- Organizaciones comunitarias de estadunidenses de origen mexicano elaboraron un proyecto de reforma migratoria en el que plantean una legalización de indocumentados basada en la unidad de la familia y el empleo.
El proyecto plantea legalizar a las personas que han sido desplazadas como un efecto de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La legalización se otorgaría a trabajadores y sus familias que han residido en Estados Unidos por más de dos años y a quienes documenten logros personales, educativos y de ayuda comunitaria.
Además, los solicitantes deberán estar casados, tener responsabilidades económicas como una hipoteca o un crédito, que sus hijos tengan buen desempeño escolar o bien que alguno de ellos pertenezca a las fuerzas armadas o la Guardia Nacional.
El proceso para obtener la residencia permanente tendría cuotas bajas y se daría en un plazo de dos años, mientras que para solicitar la ciudadanía se llevaría cinco años.
La iniciativa es resultado de una asamblea convocada por el Frente Unido pro Inmigrantes, que dirige Carlos Arango, en la que participaron cerca de 20 organizaciones de la comunidad mexicana.
Es una propuesta "que surge de la comunidad, plantea un trámite de legalización ágil, que tiene prioridades bien definidas, con igualdad de oportunidades para quienes están dentro del país y en lista de espera, y que define un camino abierto a la ciudadanía", dijo Arango este martes en entrevista.
El documento propone reformas para que todos los inmigrantes sean tratados de "una manera más humana" y que puedan regularizar su estatus migratorio, añadió.
Plantea que el tema de la inmigración legal se considere un asunto laboral y no de seguridad interna, además de buscar la protección de la unidad familiar para facilitar la reunificación de sus integrantes.
Además, propone aumentar el número de visas a países de donde procede la mayor cantidad de inmigrantes, en especial a familiares inmediatos de ciudadanos de Estados Unidos; reducir las cuotas de acuerdo al tamaño de la familia y acortar los periodos de espera.
El proyecto también establece un plan de trabajadores huéspedes, asegurando un trato apropiado y humano, así como protección sindical.
Asimismo plantea evitar la repatriación de menores de 18 años, revisar las leyes que actualmente criminalizan al indocumentado y establecer, en lugar de la deportación, el servico comunitario y otras opciones para los detenidos.
De acuerdo con la propuesta, las infracciones de tránsito y por conducir sin licencia serían excluidas de los historiales, pero no así las detenciones habituales relacionadas con el consumo de alcohol.
Se suspenderían los actuales procesos de deportación de inmigrantes con probada calidad moral y con cinco años de residencia continua, además de que se revisarían los acuerdos comerciales internacionales que contribuyen a la inmigración indocumentada.
Plantea también establecer reglas para las incursiones que realizan los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, prohibiendo las detenciones masivas y al azar de inmigrantes en sus lugares de trabajo, así como el uso retroactivo de leyes migratorias.
Establece que la vigilancia de la frontera deberá ser sólo atribución de la Patrulla Fronteriza y no de la Guardia Nacional, además de destinar los fondos destinados a edificar el muro fronterizo a mejoras en infraestructura doméstica.
Este país no puede proclamarse como "faro de la "imparcialidad en el mundo" si no protege los derechos civiles y constitucionales de todas las personas que residen en él, "sin importar si han alcanzado un estado migratorio correctamente documentado", sostuvo Arango.
Destacó que a diferencia de las iniciativas de reforma migratoria presentadas en el Senado y la Cámara de Representantes en 2007, esta propuesta ubica el tema en el terreno laboral y no de seguridad nacional, lo que desecha el trato de criminal que se ha buscado dar al indocumentado.
La propuesta se entregó el lunes al senador demócrata por Illinois, Roland Burris para su promoción en el Senado federal, se enviará al senador Dick Durbin y se prevé promoverla con el Caucus Latino del Congreso, así como entre las comunidades de hispanos de otros estados.
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Exigirán a Obama frene la venta de armas al narco
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reconocieron la “receptividad” y la “voluntad política” del gobierno estadunidense para tomar medidas más decisivas contra el contrabando de armas, el flujo de dinero ilícito y el consumo de drogas.
Sin embargo, reconocieron que existen “reticencias” y “tecnicismos” legales para enfrentar mejor a la delincuencia organizada.
El titular de la PGR anunció que durante la próxima visita del mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, a México, el presidente Felipe Calderón le exigirá medidas para frenar la venta de armas a cárteles mexicanos y acciones más decididas para interceptar el flujo de dinero por venta de drogas en aquel país, así como reducir el consumo de enervantes.
México, añadió Medina Mora, aspira a que la administración estadunidense restrinja o incluso impida la venta de rifles de asalto, que representan más de la mitad de las 35 mil armas incautadas a los narcotraficantes desde 2006.
“Si cambiara el poder de fuego y de intimidación de las bandas de narcotraficantes, la lucha contra estos grupos sería mucho más fácil para México”, aseguró.
El procurador destacó que 90 por ciento del arsenal de las bandas criminales procede de Estados Unidos.
Aclaró que México es respetuoso de la Constitución estadunidense, cuya segunda enmienda permite a los ciudadanos de ese país la tenencia, uso y transporte de armas, pero indicó que esa disposición “nunca fue pensada para surtir de armas a grupos criminales extranjeros”.
Consideró “inaceptable” la reciente absolución en Arizona, por un “tecnicismo”, de un estadunidense acusado de este delito.
El procurador afirmó ser “muy optimista” sobre la posibilidad de que Estados Unidos tome medidas más decisivas e impactantes sobre la venta y el consumo de drogas.
Subrayó que el negocio de la droga suma un valor agregado a su paso por aquel país y hasta su llegada al consumidor final, quien en dos años ha visto como casi se duplicó el precio del gramo de cocaína mientras su pureza bajó 35 por ciento.
Fernando Gómez Mont destacó “el grado de voluntad política sin precedente” entre ambos países en la lucha contra la inseguridad.
Al concluir su visita a Washington, el funcionario insistió que existe una “ventana de oportunidad histórica” por el nivel de involucramiento de los gobiernos para abatir el problema.
“No falta voluntad política de ninguna de las partes de ambos lados de la frontera para entrarle a esto de la mejor manera... si fuera una cuestión de voluntarismo esto de la lucha contra la inseguridad, estaríamos seguros desde hace mucho tiempo”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que también existen ‘reticencias’ en los dos lados de la frontera. “Estamos reconstruyendo los puentes de confianza y para eso hay que ser realista: no va a pasar de un día para otro”, dijo.
“Lo que si podemos decir es que la autoridad moral del gobierno mexicano es una de las potencias más importantes para reconstruir esta relación de manera inteligente, positiva y estable”, sostuvo.
Gómez Mont se reunió con la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Janet Napolitano, con el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, y con el asesor de Seguridad Nacional, James Jones.
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