El estado de Arizona, Estados Unidos, se distingue hoy por ser una de las entidades de ese país en las que se manifiesta con mayor fuerza un espíritu antiinmigrante.
Con más de 10 millones de habitantes, tiene entre ellos a alrededor de 500 mil mexicanos, la inmensa mayoría sin documentos migratorios, quienes trabajan en la agricultura, los servicios y la construcción. Se trata de actividades que los estadounidenses no pueden o no quieren cubrir. La economía de Arizona necesita esa fuerza de trabajo, pero sus habitantes no quieren a quienes la aportan.
Por ello con frecuencia en el Congreso local se acumulan iniciativas con clara orientación antiinmigrante, entre otras una, con evidente rasgo inconstitucional, presentada por el congresista republicano Russel Pearce, que consiste en negar la ciudadanía a los hijos de padres indocumentados.
Algunas de las iniciativas han sido aprobadas recientemente, como la Ley 2464, que establece que para ser beneficiario de algún programa público estatal se debe comprobar que se tiene residencia legal, o la SB1265, que determina que el sistema judicial puede negar el derecho a afianza a un indocumentado detenido por la supuesta comisión de un delito.
En vigor desde el 1 de enero de 2008, la Ley HB 2779 impone a las empresas la obligación de verificar el estado migratorio legal de sus empleados o de quienes aspiren a serlo. La sanción, de no hacerlo, consiste en la suspensión por diez días de la licencia para operar; de incurrir de nuevo en esta falta en un plazo de tres años, la licencia puede ser revocada por un plazo indefinido.
Hay una condición de voluntad: para tener esta obligación, se requiere la inscripción voluntaria al sistema. De acuerdo con diversas informaciones, a la fecha sólo 10 mil de las aproximadamente 150 mil empresas radicadas en Arizona se han inscrito.
Habrá que esperar cómo evoluciona esta inscripción o si luego se elimina esta condición de voluntad y se convierte en una disposición obligatoria para todos. Los efectos, sin embargo, son desde ahora notorios: miles de trabajadores migrantes han sido presionados para presentar sus documentos o han sido despedidos.
El cerco del acoso se estrecha: excluidos de servicios asistenciales, remitidos a un sistema excluyente de justicia, perseguidos por los llamados Minuteman en calles y plazas en las que ofrecen sus servicios y en las que son ampliamente solicitados, muchos migrantes han tomado la dolorosa decisión de marcharse de Arizona, algunos a otro estado de la Unión Americana, otros de retorno a México.
Algunos empresarios estadounidenses han dado la voz de alerta: Paul Muthart, presidente de Pasquinelli y uno de los mayores productores de hortalizas en Estados Unidos, ha dicho que la nueva ley “pondrá en riesgo de catástrofe la agricultura estatal”.
No se trataría de una catástrofe local, pues en Yuma, Arizona, se produce el 90 por ciento de la lechuga que se consume en Estados Unidos. Para esta temporada y dada las circunstancias actuales, se prevé que habrá una insuficiencia de 30 mil trabajadores para levantar la cosecha, de acuerdo con estimaciones de la Asociación de Agricultores del Oeste de Estados Unidos.
Se prevé, en consecuencia, escasez de productos del campo y aumento de precios, no sólo por la reducción de la oferta, sino porque desde 2004, cuando se intensificó la vigilancia en la frontera y se extremó la presión sobre los trabajadores inmigrantes, los empleadores se han visto obligados a aumentar los salarios de sus trabajadores de 10 a 15, y hasta 18 dólares la hora.
La escasez de mano de obra y el incremento de los salarios, han dicho los voceros de las empresas, han resultado nocivos para Arizona pues le han restado competitividad al estado frente a otras entidades del país.
Como se advierte, las consecuencias de la legislación antiinmigrante afectarán no sólo a los 225 mil trabajadores migrantes que perderán su empleo, según cálculos de Elías Bermúdez, dirigente de Migrantes Sin Fronteras, sino a toda la economía estatal, que había venido creciendo en 5 por ciento anual y que, de seguir las actuales políticas en Arizona, podrá reducirse sensiblemente. Por ejemplo: ¿Cómo sostener, con menos trabajadores, el crecimiento de 9.7 por ciento en servicios? ¿Cómo suplir los más de 2 mil millones de dólares de impuestos que pagan los trabajadores inmigrantes? ¿Cómo sustituir los más de 4 mil millones de dólares que había alcanzado su poder adquisitivo?
Los razonamientos económicos y los llamados desde la perspectiva de los derechos humanos no han sido suficientemente fuertes y persuasivos para que los legisladores de Arizona reconozcan el trabajo de los migrantes ni sus derechos humanos y laborales. Quizá lo sea la realidad, que se encargará de hacerles ver que más que seguir rechazando y persiguiendo a los migrantes lo que hay que hacer es aprender a gestionar la migración, tan necesaria como incomprendida.
Mauricio Farah Gebara
Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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