Hace más de 10 años cayó el primer alto mando que supuestamente, luchaba contra el narcotráfico, pero que más bien, se alió a ellos. El general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, ex comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), detenido en 1997 por vínculos con el fallecido Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez.
La historia de Gutiérrez Rebollo y El señor de los Cielos comenzó mucho antes.
El 21 de agosto de 1989, elementos de la Novena Zona Militar con sede en Culiacán, Sinaloa, que entonces encabezaba Gutiérrez Rebollo, detuvieron a un sujeto de 34 años identificado como Amado Carrillo Fuentes, quien fue internado en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, de donde salió dos años más tarde.
Según datos que llegó a ofrecer la DEA, Carrillo fuentes introducía 180 toneladas mensuales de cocaína y llegó a ser considerado el capo más importante de su tiempo.
En 2000 finalmente, se le dictó sentencia por 40 años por delitos contra la salud, violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y Cohecho, luego de una serie de amparos y recursos legales. Desde esa detención hasta la actual de Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), por sus presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, no había sucedido un arraigo para un funcionario de ese nivel. Apenas en esta semana, por presuntos vínculos con el narcotráfico, el director general de Interpol México, Ricardo Gutiérrez Vargas, fue detenido el domingo pasado y arraigado 40 días, como parte de la Operación Limpieza iniciada en la PGR contra funcionarios que vendieron narcoplazas.
La cantidad de información que pasaba por la oficina en México de la máxima corporación policiaca es incalculable; sin embargo, Interpol se deslindó por los actos del funcionario y adujo que su designación había sido cuestión nacional. A finales del mes pasado, el 27 de octubre, quien sustituyó a Ramírez Mandujano, Marisela Morales Ibáñez, confirmó que mandos de la dependencia recibieron pagos del narcotráfico a cambio de información clasificada. La subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán están el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández. De acuerdo con la funcionaria, ambos recibieron pagos de hasta 450 mil dólares mensuales de la organización de los Beltrán Leyva.
La misma cantidad y el mismo cártel que se le imputa a Ramírez Mandujano. Estados Unidos solicitó la extradición de Colorado González; mientras que Rivera Hernández fue recluido en el penal de Puente Grande, en Jalisco. El 17 de noviembre Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, fue detenido por la policía federal y ahora se investigan supuestos sobornos. Sin embargo, tanto su hijo como él niegan que la detención tenga relación con la 'Operación Limpieza' que se realiza en la SIEDO. El ex mando denunció el 25 de febrero, en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, una serie de irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública federal, que encabeza Genaro García Luna, que incluía malos manejos, falta de preparación en los operativos contra el crimen organizado y la ausencia de labor de inteligencia. Tras sus denuncias se inició un procedimiento administrativo para darlo de baja de la corporación
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Serpientes y Escaleras
Editorial de Salvador García Soto
Fuente: El Universal
Sábado 22 de noviembre de 2008
Caro le está saliendo a Genaro García Luna el combate al narcotráfico. El secretario de Seguridad Pública se ha convertido en el blanco de ataques no sólo del crimen organizado que, a través de ejecuciones, narcomantas o denuncias de testigos protegidos, ha logrado eliminar o involucrar a sus colaboradores más cercanos, que son acusados y sujetos a investigación por vínculos con los narcos; también desde el propio gabinete de seguridad a García Luna buscan desactivarlo y presionan por su relevo.
La Operación Limpieza, exigida desde Washington al gobierno mexicano como parte de los acuerdos y apoyos pactados en el Plan Mérida, ha desatado una fuerte crisis en el gabinete de seguridad del presidente Calderón. La detección y desmantelamiento de la red de infiltrados que operaba al servicio de distintos cárteles de la droga —particularmente de los Hermanos Beltrán Leyva— se extiende cada vez más y sus ramificaciones no sólo están en la SIEDO, sino en la Interpol y en la misma Secretaría de Seguridad Pública federal. La crisis se agudiza en dos puntos neurálgicos: la SIEDO, cuyo ex titular más reciente, Noé Ramírez Mandujano, fue arraigado ayer, acusado por su ex jefe el procurador Eduardo Medina Mora de haber recibido sobornos del narco por 450 mil dólares a cambio de información, y la SSP federal.
A García Luna los narcos ya le habían diezmado a su equipo antidrogas. El 13 de septiembre de 2007 fue asesinado Omar Ramírez Aguilar, director de Atención a Fiscalías del Crimen Organizado. El 1 de mayo pasado Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado, fue asesinado afuera de su casa, y el 8 de mayo, Édgar Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, fue ejecutado en su domicilio con 11 impactos de bala.
Pero ahora, a raíz de la Operación Limpieza dirigida desde la PGR, las bajas continúan en el equipo del secretario, pero aquí con acusaciones directas de involucramiento y vínculos con el narcotráfico. Édgar Bayardo del Villar, inspector de Operaciones de la Policía Federal Preventiva, fue detenido por la PGR y acuasado de trabajar para Ismael El Mayo Zambada. Junto con él fueron consignados los agentes de la PFP Jorge Cruz Méndez y Fidel Hernández García.
La detención esta semana del director de la Interpol México, Ricardo Gutiérrez, rozó también por la oficina del secretario; era el encargado de designar a los mandos de la AFI que controlaban aduanas y aeropuertos en los estados. Otros agentes más de la AFI, creada y dirigida por García Luna el sexenio pasado, Jorge Alberto Zavala y Antonio Mejía, están detenidos y acusados de “delincuencia organizada” y delitos contra la salud, mientras Francisco Javier Jiménez y José Antonio Cueto están prófugos.
VELARDE: ¿TESTIGO PROTEGIDO?
El tiro más directo sobre la figura del titular de la SSP es el de Mario Velarde, ex secretario particular de García Luna. Aunque el procurador Medina Mora y sus voceros desmintieron ayer que Velarde, quien fuera secretario particular de Genaro el sexenio pasado en la AFI y hoy ocupa un cargo en la dirección antisecuestros de la SSP, esté siendo investigado o haya sido detenido, las imputaciones en su contra no fueron desmentidas por la PGR.
Por el contrario, una versión afirma que a Velarde se le intentó detener el jueves mediante un operativo de la SIEDO que llegó sigilosamente a las instalaciones de la SSP, pero el funcionario ya había huido. Otra versión que dan fuentes de inteligencia afirma que Velarde podría estar en proceso de convertirse en un “testigo protegido” dentro de la Operación Limpieza y por eso las negativas de la PGR para desmentir su captura o investigación.
La detención de Javier Herrera esta semana, enmarcada en la misma operación, también involucró al titular de seguridad federal. Herrera había hecho fuertes acusaciones de irregularidades en la PFP y señalado directamente a García Luna, al que incluso acusó de perseguir y acosar a su familia. Hay dos posibilidades sobre su detención: que haya sido por encargo del secretario y que Herrera realmente esté involucrado con el narco, como lo han acusado en principio, o que la PGR busque obtener de él información sobre la red de infiltración en la SSP.
García Luna se defiende de las presiones y acusaciones en su contra con el argumento de “todo es consecuencia del trabajo que la Policía Federal ha venido realizando en lo que va de la administración del presidente Calderón; tan sólo en 24 meses han sido detenidos en acciones de la Policía Federal 242 presuntos líderes de cárteles, lo que no sucedió en el sexenio pasado, cuando las cuentas daban cero”. Pero la presión política aumenta. En las cúpulas del PRI aprecian, y así lo afirman, “una crisis de gabinete en materia de seguridad”, a la que, dicen, el Presidente tendrá que buscarle una salida.
En Los Pinos, en cambio, se insiste en que Calderón mantiene su confianza y respaldo al secretario. “Es un hombre honesto, de eso no tenemos duda. Tiene serios problemas para comunicar, pero de su eficiencia y honestidad el Presidente no tiene duda”, dijo hace días a esta columna un cercano colaborador presidencial.
En otras áreas del gabinete se aprecia a un secretario de seguridad “desgastado y vulnerado” por las bajas de todo tipo en su equipo. Afirman que quien protegía a García Luna era Juan Camilo Mouriño, con quien trabajó muy de cerca en la campaña en el armado de aparatos de espionaje y contraespionaje, y que a la muerte del ex secretario de Gobernación, Genaro quedó vulnerable a los embates del Ejército y de la PGR, con quienes tiene conocidas y enconadas diferencias.
Por lo pronto, lo cierto es que Genaro García Luna y su equipo fueron puestos en la lupa por la Operación Limpieza. Si no es por acción, el secretario puede ser fuertemente cuestionado por omisión.
Aun cuando el Calderón decidiera mantenerlo en su actual cargo, las críticas y sospechas de que no se haya enterado de lo que hacían sus hombres cercanos se traducirán en un fuerte costo para el Presidente en medio de su guerra contra el narcotráfico. Viene en los próximos días la reunión de evaluación de los 100 días del Acuerdo Nacional de Seguridad, y muchos ven la fecha como clave para que se resuelva la crisis del gabinete de seguridad. En espera de lo que decida el Presidente, un colmilludo político priísta resumía así la situación de García Luna: “Es como el cuento de Pánfilo Ganso, que resultó que todos sus amigos gansos eran malandrines, pero él no”.
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