EU pone las reglas nosotros las vidas

Editoriales : El Universal / Viernes 19 de junio de 2009

Sin importar cuántos soldados combatan al crimen organizado, cuántas toneladas de droga sean incautadas, capos arrestados o muertos se acumulen en las calles, la guerra contra el narcotráfico en México será un callejón sin salida en tanto Estados Unidos sea el más grande cliente y proveedor de los cárteles. El vecino no sólo consume la mayoría de las drogas que circulan por México, sino que además abastece a los traficantes con armas de poder similar a las usadas por el Ejército. El resultado: la devastación de las instituciones y del estado de derecho en este país. Hasta hace muy poco Estados Unidos era insensible frente a esta obvia realidad; desde las épocas de la certificación hasta la Iniciativa Mérida los únicos responsables parecíamos ser nosotros. Incluso una vez admitida la necesidad de cooperación mutua, los prejuicios de siempre —unilateralismo y menosprecio— hicieron que el apoyo estadounidense fuera condicionado por el Congreso de ese país. Un reflejo de una sociedad contradictoria que persigue, infructuosamente, el consumo de drogas pero permite la venta indiscriminada de rifles. Por fortuna, cada vez son más quienes, desde las esferas del poder en Estados Unidos, dicen en voz alta: los fabricantes de la violencia en México somos nosotros. La Government Accountability Office, lo que para nosotros sería la Auditoría Superior de la Federación —órgano, allá sí, respetado por gobiernos y partidos—, reconoció esta responsabilidad en un informe oficial que critica la política de Barack Obama en materia de tráfico de armas. Esperemos, pues, que sociedad y clase política estadounidenses asuman la autoría de un laberinto que nos atrapa a todos los mexicanos y que guía a nuestras fuerzas del orden hacia una espiral de violencia interminable. Sólo nuestros vecinos pueden cambiar las reglas de este juego. Muchas vidas de mexicanos dependen de ello.

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Tráfico de armas en EU, tarea pendiente
Editoriales: La Jornada / Viernes 19 de Julio

La Oficina de Contraloría Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que depende del Legislativo de ese país, criticó ayer en duros términos la inacción del gobierno de Washington en materia del tráfico de armas hacia México, Centro y Sudamérica.

La omisión es, en efecto, escandalosa por cuanto el creciente poderío de la delincuencia organizada de nuestro país, que tanto preocupa al vecino, no podría explicarse sin el masivo flujo de armamento procedente del otro lado del río Bravo. Además, por mucho que se empeñen esfuerzos militares y policiales en el combate al narcotráfico y se organicen encuentros nacionales, bilaterales e internacionales para dilucidar el asunto, los gobiernos no podrán realizar avances sustanciales en este frente en tanto no se emprendan medidas concretas y eficaces contra el lavado de dinero, contra el trasiego de armamento y contra la corrupción en los distintos niveles gubernamentales, factores que explican en buena medida la capacidad de sobrevivencia y expansión de los cárteles y su intocada capacidad económica y bélica.

Ha de señalarse, sin embargo, que la responsabilidad principal por la persistencia del tráfico de armas estadunidenses a México corresponde a la administración de George W. Bush, la cual no hizo prácticamente nada por detener ese trasiego desde octubre de 2007, cuando firmó la Iniciativa Mérida con el gobierno de Felipe Calderón, hasta que entregó la presidencia a Barack Obama, en enero de este año. También cabe reprochar a las autoridades mexicanas haber signado ese acuerdo pese a que en él no se estipula nada concreto contra el abastecimiento de armamentos del país vecino a los grupos criminales del nuestro.

En contraste, la presidencia que encabeza Barack Obama incluyó en su estrategia para enfrentar la violencia y el poder de la delincuencia mexicana un apartado sobre el tema, el cual, sin embargo, fue considerado "insuficiente" por la GAO, ya que no especifica responsabilidades y funciones para las dependencias gubernamentales que deben enfrentar el problema: la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) y la de Inmigración y Aduanas (ICE), sin contar con que no se incluye a la DEA, que es la que tendría que tener el material de inteligencia sobre los cárteles y sus fuentes de abastecimiento de armas y municiones.

Más allá de la descoordinación, la buena voluntad que el gobierno de Obama empeñe en este asunto se verá obstaculizada por los intereses corporativos de la poderosísima industria de armamentos de su país, para la cual la delincuencia mexicana constituye un importante mercado de armas ligeras. Sería iluso suponer que ese sector empresarial va a aceptar sin resistencias un programa viable de combate al tráfico de armas de fuego; cabe esperar, por el contrario, que empeñe toda su capacidad para obstaculizar, tanto en el Congreso como en las instancias del Ejecutivo, una estrategia en este sentido.

En lo inmediato, los señalamientos de la GAO parecen ser indicativos, al menos, de un nuevo entorno de transparencia y de crítica en Washington, y eso ya es esperanzador. Pero la confrontación política central en torno al trasiego de armas aún no ha tenido lugar y no hay motivo, por ello, para echar las campanas al vuelo.

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Mejor que se les haya consignado; los inocentes saldrán libres: Godoy
Claro tinte político-electoral; sólo aquí hubo detenciones así, señala Cárdenas
Ernesto Martínez; Eduardo Ferrer y Antonio Aguilera
Fuente: La Jornada Michoacán

Morelia, Mich., 19 de junio. Leonel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán, dijo que es mejor que se haya consignado a siete de los 10 alcaldes y 20 ex funcionarios detenidos el pasado 26 de mayo, porque pronto se definirá su situación jurídica, con lo que los responsables de estar involucrados con el narcotráfico irán a la cárcel y los inocentes saldrán libres.

Después de concluir la ceremonia de aniversario del periódico La Voz de Michoacán, que se llevó a cabo en el teatro Melchor Ocampo de esta ciudad, el mandatario perredista dijo que el asunto de los arraigados ya está tomando su cauce constitucional: "los detenidos y sus defensores podrán presentar ya las pruebas que consideren pertinentes, y el Ministerio Público ofrecer las suyas".

En el acto se hizo un reconocimiento post mortem a Amalia Solórzano, viuda de Lázaro Cárdenas, por la labor social que desarrolló, mismo que fue recibido por su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien dijo que la captura de los alcaldes y ex funcionarios michoacanos "tiene ingredientes político-electorales", ya que sólo en esta entidad se han realizado detenciones de tal magnitud.

El objetivo –dijo– es desfavorecer al PRD y disminuir la administración de Godoy Rangel, por lo que consideró que se debe exigir al gobierno federal un manejo apegado a derecho y respeto a las garantías de los aprehendidos.

En tanto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, señaló que dichas capturas se dieron con un claro interés político, pero aseguró que los operativos del gobierno federal en Michoacán se le revirtieron al PAN, "porque en lugares donde no teníamos ninguna oportunidad de ganar, como en Morelia, hoy estamos arriba", según encuestas realizadas en el estado.

También en Morelia, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, negó que tales hechos tengan tintes políticos, porque entre los detenidos hay militantes de PAN, PRI y PRD.