Golpistas en Latinoamérica
Editoriales
Fuente: El Universal / Lunes 29 de junio de 2009


Cuando parecía que los golpes militares a gobiernos democráticamente electos eran cosa del pasado en América Latina, ayer sucedió uno más en Honduras. Esta regresión en el vecino, y naciones con rasgos similares en la región, nos recuerda que dos décadas de experimentos democráticos no son suficientes para desterrar de nuestros países la sombra de las dictaduras.

En una estrategia que incluyó la participación del Parlamento y el Ejército hondureños, así como el aval de la Iglesia católica, Manuel Zelaya, presidente constitucional, fue arrestado y llevado a la fuerza por militares hacia Costa Rica. Los golpistas arguyen que Zelaya renunció por “la situación política polarizada” y “problemas de salud”; sin embargo, ya todos los países del continente, desde Estados Unidos hasta Venezuela, condenaron el secuestro militar.

Hay que decir, para explicar el hecho, que Zelaya tiene su parte de responsabilidad. Llevó a su país a una crisis política por insistir en reelegirse, aun en contra de las disposiciones de la Corte Suprema, la Fiscalía General, el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría General hondureñas. El golpe militar, injustificable, desde luego, se da bajo este contexto.

Cuando un presidente busca perpetuarse indefinidamente en su función, los poderes fácticos —armados, religiosos o empresariales— adquieren el pretexto perfecto para adueñarse del mando civil a través de la fuerza. Es el mismo riesgo que, guardadas las debidas proporciones, ha tomado Hugo Chávez en Venezuela y que tienen también en puerta Evo Morales en Bolivia y Álvaro Uribe en Colombia.

La reelección en sí misma no es dañina, es parte de la democracia pues ratifica en el cargo a los buenos gobernantes, pero cuando el pacto entre los diversos actores de una democracia es violentado por empeños de perpetuación en el poder de uno de ellos, el frágil balance institucional se rompe. Y en el caos, es la fuerza de las armas la que tiene más posibilidades de imponerse.


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El golpe de Honduras
Día con día
Héctor Aguilar Camín
Fuente: Milenio / 2009-07-01

No hay sino repudiar el golpe hondureño como han hecho los gobiernos del mundo, por una cuestión simple de principios: las interrupciones de gobiernos democráticos son inaceptables.

Eso no quita que uno mueva escépticamente la cabeza viendo al ramillete de presidentes chavistas que encabezaron la protesta por el atentado contra la democracia hondureña de la mano de Raúl Castro, el demócrata sucesor del gobierno de Cuba.

Tampoco impide registrar el hecho de que todos esos gobernantes, como cortados por el mismo rasero o iluminados por el mismo proyecto, estén buscado con distinto éxito en sus países lo que Zelaya buscaba en el suyo: ampliar sus mandatos tanto como se pueda, mediante la reelección, hasta llegar a la cota marcada por el mismo Chávez: la reelección indefinida hasta los años del 2020.

Se diría que los demócratas chavistas han encontrado la más obvia de las rendijas democráticas para perpetuarse en el poder. Es la conocida fórmula de Porfirio Díaz: reelección primero, reelección indefinida después.

Díaz llegó al poder en 1877 encabezando una revuelta contra la reelección del entonces presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada.

Díaz gobernó los cuatro años que duraban las presidencias entonces y dejó en el puesto a su compadre Manuel González.

Siendo presidente González, Díaz fue a visitarlo una vez para convencerlo de la necesidad de restablecer la reelección, pues el país no estaba para aventuras y necesitaba continuidad.

Cuenta la leyenda que Díaz explicó a Manuel González que se trataba de una medida de emergencia para terminar de hacer los cambios que el país necesitaba y que después se retiraría a la vida privada.

A partir de cierto momento de la entrevista, Manuel Gonzalez empezó a buscar algo en su escritorio. Abría un cajón y luego otro, hasta que Díaz le preguntó: “¿Qué tanto busca usted, compadre?” Manuel González respondió:

“Busco al pendejo que le crea todo lo que me está diciendo, compadre”.

Díaz se reeligió en 1884. Estableció la reelección consecutiva, primero, y la reelección indefinida después. Se reeligió indefinidamente hasta 1910, en que lo tiró de la silla una rebelión antirreleccionista.

Busco en mis cajones, como Manuel González en los suyos, alguien que crea que lo que están defendiendo los gobernantes chavistas y Raúl Castro es la democracia hondureña.

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Video: Con las manos en la masa, 40 millones sustraidos del banco central de Honduras




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Instituciones o golpismo
Por Ricardo Pascoe Pierce

El rompimiento del orden constitucional en Honduras contiene un fuerte mensaje para México y América Latina. De ahí la importancia de que el presidente Calderón acudiera a la reunión del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en Managua.

Como secretario pro témpore del Grupo de Río, Calderón buscó dar a este mecanismo notoria utilidad ante una crisis regional, además de devolver a México su lugar en el proceso latinoamericano, sobre un tema central en nuestros tiempos: la necesidad de que las instituciones democráticas se sostengan y se fortalezcan por encima de improntas golpistas o insurreccionales. La ausencia de Brasil llama la atención.

Sin necesariamente estar de acuerdo con lo que hacía el presidente Zelaya en su gestión (todo indica que su conducta llevó al país a un callejón de conflicto), lo inaceptable para todos es que los diferendos se solucionen a balazos y golpes de Estado por las fuerzas armadas. Honduras tiene, como todos los países democráticos de la región, instrumentos legales e institucionales para dirimir sus controversias internas sin recurrir a la violencia contra las instituciones.

Así, se pudo apreciar la imagen de Calderón acordando con Daniel Ortega (Nicaragua), Hugo Chávez (Venezuela) y Raúl Castro (Cuba), entre otros, para reencauzar el proceso hondureño. La coincidencia, más allá de las ideologías, es que las instituciones de cada país deben respetarse.

Para México, el mensaje no podría ser más claro. El PRI instauró un régimen “metaconstitucional”, según las palabras del ex presidente López Portillo, en el que el presidente podía decidir el destino de todos, más allá de la propia Constitución. La guerra sucia fue un ejemplo: en vez de procesar legalmente a quienes se levantaban en armas contra el gobierno, se les desaparecía. El control institucional permitía al sistema ejercer un poder arbitrario sin contrapesos ni fiscalización, menos rendición de cuentas. Este hecho ha lastimado a la sociedad mexicana. Pero también, por desgracia, fomentó una cultura de desobediencia y desacato a leyes e instituciones.

Detrás de este pensamiento de profundo arraigo priísta surge el fenómeno de López Obrador y sus “pensadores” priístas. La toma de Reforma era un intento de golpe de Estado fallido, pero fue eso. Por ello, resulta irónico escuchar a López Obrador condenar el golpe de Estado en Honduras, cuando es un promotor golpista en su propia patria. Para dar un golpe de Estado hay que condenar a las instituciones y declararse en rebeldía. En cierto modo, la misma contradicción envuelve a Chávez: de golpista pasa a ser defensor de “sus” instituciones. Pero ese es otro caso.

Después de su campamento en Reforma, el caso de Iztapalapa se ha vuelto emblemático del pensamiento que refiere la inutilidad de las instituciones y la necesidad de subvertirlas para imponer “un nuevo orden”. La condena que ha hecho López Obrador del TEPJF como uno entregado a las “mafias” es garantía de que piensa convertir a Iztapalapa en su nuevo objeto de odio, una vez que pierda su candidato a jefe delegacional. Es más, declarar la guerra al tribunal quiere decir que sabe que va a perder y se prepara para lo que viene: el desconocimiento de esa y otras instituciones para proceder con su estrategia de derrocar, vía movimiento popular, a Calderón y convocar a elecciones presidenciales extraordinarias, con nuevos órganos electorales, hechos a modo. ¿Fantasioso? Sí, pero así lo cree.

Los acontecimientos en Honduras se traducen en México en una disyuntiva inevitable: o resolvemos las cosas por medio de procesos democráticos e institucionales o tenderemos una ruptura del orden constitucional para luego transitar hacia instituciones para perpetuarse en el poder. Es decir, hacia un nuevo orden autoritario. Esa es la oferta real de López Obrador.

En cambio, el PRD institucional propone un proceso democrático. De ahí que después del 5 de julio sobrevendrá la escisión de la izquierda: los socialdemócratas institucionales, con ideología de izquierda democrática, y la izquierda antisistémica, una regresión al autoritarismo priísta con un disfraz popular. De ahí que los asesores de esta corriente son priístas y, en algunos pocos casos, ex priístas. El PRI entrará también en crisis. Una parte irá a la derecha, repudiando los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos, mientras otra irá a la socialdemocracia (una minoría) y otra más al autoritarismo popular priísta.

Con Honduras en mente, es importante recalcar la importancia que IFE y TEPJF han representado para la transición mexicana, además de confirmar no sólo la vigencia de estas instituciones, sino refrendar nuestra confianza en ellas y en su importancia para la democratización de México, incluso reconociendo que son perfectibles. Todos los partidos debieran expresarse en este tenor.