Editoriales

La Jornada: Violencia, información, escándalo

Para este diario convertir en su nota principal la información sobre el hallazgo, en Mérida, de más de una decena de decapitados constituye una decisión editorial difícil, que obliga a un examen minucioso de la frontera entre información socialmente útil y escándalo mercantilista. La consideración concluyente para hacerlo así es que la masacre y la manera particularmente atroz de presentar sus vestigios constituyen un mensaje inequívoco para las autoridades federales, estatales y municipales: los mutilados de Yucatán, sumados al ataque perpetrado antier en Guanajuato contra una instalación militar, por no hablar de las imparables y ya habituales ejecuciones diarias en diversos puntos del territorio nacional, subrayan la irrealidad del publicitado cónclave de alto nivel efectuado hace unos días en Palacio Nacional con el propósito de acordar medidas para frenar a la criminalidad y restablecer la seguridad pública en el país.

Esta violencia alarmante, mal definida como “guerra” en el discurso gubernamental, no es sólo una disputa de poder, sino también un intercambio de gestos de fuerza entre las autoridades formales y las organizaciones delictivas, por más que las fronteras entre unas y otras se han difuminado por efecto de la descomposición que experimentan las instituciones de procuración e impartición de justicia y las corporaciones de seguridad, por los viejos lazos entre policías y secuestradores, así como por la infiltración del narcotráfico en las esferas política, empresarial y mediática.

Aunque los mensajes bárbaros de los delincuentes resulten crípticos para el común de los ciudadanos y de los informadores, es claro que son, en muchos casos, algo más que ajustes de cuentas, venganzas o advertencias: buscan, además, crear impactos en la opinión pública; van cargados, por así decirlo, con una intención mediática.

En este contexto, el desempeño del oficio periodístico exige sensatez, mesura y responsabilidad para informar sin contribuir a la zozobra y para ceñirse a la verdad sin buscar el escándalo, por más que la verdad resulte escandalosa. El desafío consiste, por otra parte, en no volverse tribuna de los grupos de infractores que buscan publicidad, y en contar los hechos sin agravar la inseguridad o la tragedia de víctimas de la delincuencia y sus familiares. Las respuestas a estos difíciles equilibrios pueden encontrarse en el tratamiento editorial que se da a la información, en la prudencia para no divulgar datos que pudieran poner en peligro o someter a escarnio a inocentes, y en el discernimiento requerido para no ser caja de resonancia de los criminales.

Por desgracia, las dificultades para informar en forma equilibrada se multiplican por la irresponsabilidad de funcionarios y políticos que, en afán de notoriedad o por mera insensatez, agitan a la opinión pública con declaraciones desmesuradas, indiscretas o falsas. Tal es el caso del procurador general de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien hace unos días aseguró que la joven secuestrada Silvia Vargas “podría estar en el norte del país” y que su plagio “tiene que ver con la trata de blancas”; si eso fuera cierto, el empleado público pone en riesgo la investigación correspondiente; si es falso, constituye un deplorable manoseo del sufrimiento de la familia. En otro contexto, la diputada Ruth Zavaleta declaró ayer que sus compañeros de bancada habían introducido bombas molotov al recinto legislativo de San Lázaro en ocasión de la conflictiva y cuestionada toma de posesión del actual titular del Ejecutivo federal. Aunque horas después la legisladora se retractó y pidió disculpas por el disparate, el daño ya estaba hecho y sus palabras iniciales eran citadas en cadenas de correo electrónico como “prueba” del “salvajismo perredista”.

En la circunstancia presente, debiera ser tarea de los medios consignar los hechos sin sensacionalismos y acompañados de reflexión y de elementos de contexto. La Jornada optó por destacar la información de la más reciente masacre criminal porque, a su juicio, constituye, además de un reflejo de la barbarie desatada en el país, una señal espeluznante de la descomposición que impera en los aparatos estatales, reducidos a la impotencia por la falta de claridad y de previsión de quienes los encabezan e insisten, para encubrir su ineptitud o con un propósito peor, en que los hechos de violencia que padece el país son una “guerra”. No la hay. No está en juego la sobrevivencia nacional ni hay un enemigo a exterminar. Se padece, sí, una persistencia gravísima de la impunidad y de un consiguiente deterioro del estado de derecho y de la seguridad pública, pero no se trata de un conflicto bélico sino de descomposición de las instituciones nacionales.

************

La marcha es sólo el principio

Editorial de EL UNIVERSAL El Universal Viernes 29 de agosto de 2008

La marcha contra la delincuencia de este sábado no debe ser un fin en sí misma. Tendrá que ser el inicio de una presión sostenida hacia los tres poderes de la República que —tras 11 años de movilizaciones de la sociedad— apenas han dado un paso en la dirección correcta: sentarse en una misma mesa para hablar de seguridad. El sábado 29 de noviembre de 1997 se realizó la marcha para exigir poner fin a la ola de inseguridad que se vivía en todo el país. La respuesta del entonces presidente Ernesto Zedillo: el compromiso de “apresurar” la lucha frente al crimen. Marcharon Porfirio Muñoz Ledo, Santiago Creel, María de los Ángeles Moreno, Eduardo Bours, Felipe Calderón Hinojosa. Demandaron, desde sus trincheras, una solución duradera. Once años después ya no pueden ser parte de los indignados. En 2004 la marcha fue aún más cuantiosa. El presidente Vicente Fox Quesada anunció 10 acciones para combatir la delincuencia y se comprometió a entregar cuentas claras en un plazo de 60 días “para que México sea un país más seguro”. En un mensaje a la nación dijo que no habría “descanso, tregua, ni cuartel” para los delincuentes, toda vez que “el crimen no será más grande que la energía y la fuerza de la unión”. Pero sus medidas no tuvieron mayores efectos. Los gobernantes de los partidos opositores lo criticaron en Sonora, Chiapas y Distrito Federal, aunque ellos tampoco hicieron mucho en los territorios que gobernaban. Hoy, ningún encumbrado político de PAN, PRI o PRD puede decirse ya del lado de los demandantes. El crimen común y el organizado han ocupado los espacios que gobiernos federales, gobernadores y líderes parlamentarios de todos los partidos le han dejado disponibles. Peor aún, algunos de ellos buscan descalificar las demandas de seguridad como provenientes sólo de las clases más favorecidas mientras los esfuerzos hechos no han tenido mayor suerte. Es cierto que el detonante que obligó a los gobernantes a dar la cara fue el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de un empresario; sin embargo, ningún esfuerzo mediático pudo haber tenido tanto eco en el resto de los estratos si no fuera porque éstos han sufrido en carne propia similares tragedias. La manifestación del sábado, tan grande o numerosa como sea, no es sino una señal de que “la gente” —esa comunidad a la que con desprecio buscan convencer los políticos a punta de spots y medidas populistas— pide ahora acciones, protección, a cambio de votos e impuestos. Sin saberlo quizá y pese a la incompetencia demostrada desde hace cuando menos 11 años, los gobernantes tienen ya la respuesta frente a la exigencia de sus mandantes. Unidades de élite han sido creadas a nivel estatal y federal con resultados exitosos; millones de pesos se han erogado en capacitar a grupos antisecuestro con asesoría francesa, israelí y estadounidense. ¿Dónde quedaron esos esfuerzos? Se esfumaron al primer cambio de gobierno. La clave no está ahí. El sistema de justicia y el diseño institucional que permiten la impunidad sólo han sido remozados desde 1997 hasta la fecha porque los esfuerzos son aislados, esporádicos. Para erradicar la delincuencia es indispensable capacitar y vigilar al Ministerio Público, obligar a la transparencia al juez, coordinar a la policía municipal con la estatal y la federal, homologar códigos penales en la República, compartir información entre secretarías de Seguridad, limitar el control de los ejecutivos locales sobre sus procuradurías. Hacer todo eso es la única manera de ofrecer resultados duraderos. Para lograrlo, los poderes reunidos aquel día en Palacio Nacional deberán repetir el ejercicio cada año, ya no para trazar un plan, sino para dar seguimiento a sus resultados. *************** Hace 11 años, el primer ¡ya basta!, y nada pasó Alberto Cuenca Fuente: El Universal / Viernes 29 de agosto de 2008 Movilización de 1997 exigió al último gobierno priísta terminar con delincuencia Cero y van tres. De nuevo la sociedad saldrá mañana a la calle para exigir lo mismo por lo que ha clamado desde finales del siglo pasado: un rotundo ¡ya basta! contra la delincuencia. En 11 años, ésta será la tercera movilización convocada por grupos empresariales, organismos civiles y asociaciones vecinales. Pero a diferencia de la realizada en 2004 y la de mañana, la del 29 de noviembre de 1997, la marcha México Unido contra la Delincuencia —donde se exigió poner fin a la ola de inseguridad que padecía todo el país—, participaron personalidades de la política. De esa primera movilización surgió como respuesta de las autoridades promesas y discursos, compromisos para “apresurar” la lucha contra la delincuencia y el anuncio de iniciativas y reformas de ley que no tenían plazos ni metas específicas de ejecución. La inseguridad de esa época coincidía con una de las crisis económicas más severas del país. El robo a transeúnte, a casa-habitación y de auto eran la constante. El lapso de mayor incremento en la inseguridad en esa década fue de 1994 y 1997; la delincuencia creció 64% en promedio a nivel nacional, señala un informe el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del DF. “No existe precedente en el país de un incremento de esta magnitud para un periodo tan corto”, indica el documento. Como la de ahora, aquella movilización, que también partió del Ángel de la Independencia al Zócalo, fue silenciosa; los organizadores también pidieron a la gente vestir prendas de color blanco y, aunque había líderes de partidos políticos y legisladores mezclados en los contingentes de clase media y alta, se determinó que no habría oradores en el mitin final, para evitar protagonismos. Ahí estaban Porfirio Muñoz Ledo, Santiago Creel, la senadora priísta María de los Ángeles Moreno y Jorge González Torres, líder del PVEM. Al lado de los políticos marcharon intelectuales como Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis, así como hombres de negocios, entre ellos se encontraban Eduardo Bours, que en ese momento era presidente del Consejo Coordinador Empresarial; José Santos Asseo, dirigente de la Canaco, y Antonio del Valle, presidente de la Asociación de Banqueros de México. Aquella vez, en su calidad de presidente nacional del PAN, Felipe Calderón marchó al lado de su esposa, Margarita Zavala. El entonces líder partidista decía, durante las entrevistas que ofreció en el trayecto, que era necesario aplicar medidas más expeditas en la impartición de justicia, donde la población participara en forma relevante a través de un consejo ciudadano que estuviera conformado por figuras de probada solvencia moral. En respuesta a aquel ¡ya basta! de la ciudadanía, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se comprometía a “apresurar” la lucha contra la delincuencia. Subrayaba que compartía las inquietudes de los manifestantes “como ciudadano, como miembro de una de tantas familias mexicanas que en los pasados tres años ha sido objeto de repetidos agravios por hechos delictivos y como titular del Ejecutivo federal”, se leía en declaraciones del entonces gobernante reproducidas en un comunicado de la Presidencia. Terminó su sexenio y nada pasó. Y otra marcha vendría.... ********* Videos: Marcha contra la No Violencia, Ciudad de Mexico, 2008 *********

Renuncia por dignidad el primer ministro del Japon .... y Calderon cuando???

Notimex
El Universal
Tokio, Japón Lunes 01 de septiembre de 2008


El primer ministro de Japón, Yasuo Fukuda, anunció hoy la decisión de renunciar a su cargo debido a las dificultades que afronta para implementar políticas clave en el país, como la de resolver el lento crecimiento de la economía.

"Es necesario tratar de implementar medidas bajo un nuevo marco de trabajo (.) y pensé que ahora es el mejor momento (de renunciar) para evitar un vacío político", afirmó Fakuda en rueda de prensa.

Fukuda, quien también es presidente del gobernante Partido Democrático Liberal (PDL), dijo que instruyó al secretario general del PDL, Taro Aso, que se prepare para elegir al que será su sucesor, destacó la agencia de noticias Kyodo.

Fukuda, quien llegó al poder en septiembre del año pasado, negó tener problemas de salud al momento de anunciar su renuncia.