Los caminos torcidos de los cambios

Por Marco Rascon / Fuente: La Jornada

Al buscar explicaciones y un método de las causas de los cambios históricos mediante rupturas, insurrecciones, revoluciones, se podría adoptar la tesis de que éstas surgen de “entre más mal esté todo, mejor para el cambio”.

Es decir, que entre más crisis, más pobreza, y el único camino que queda es el de la revolución. Ya antes Carlos Marx planteó el concepto de las condiciones “objetivas” y “subjetivas” para la revolución, entendiéndose como subjetivas las que se expresaron en la Segunda declaración de La Habana: “Las condiciones subjetivas de cada país, es decir, los factores conciencia, organización, dirección, pueden acelerar o retrasar la revolución, según su mayor o menor grado de desarrollo; pero tarde o temprano en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución se produce”.

En el México actual existe una amplia mayoría política y social que considera que las cosas están mal. México ha vivido bajo el concepto de crisis, prácticamente desde finales de 1976 en que terminó el “desarrollo estabilizador” o el llamado “milagro mexicano”. Bajo la caracterización de la crisis ya sea por el peso del pago de la deuda externa e interna, por la inflación, devaluaciones, las privatizaciones, la globalización y el neoliberalismo, México vive condiciones extremas de injusticia social, falta de oportunidades, desempleo, migración, hambre, enfermedades, degradación, violencia, descomposición social, estancamiento económico con recesión y una profunda parálisis política.

En este escenario económico y social, que podríamos considerar “condiciones objetivas” para la generación de “condiciones subjetivas” de un cambio general, hemos tenido dos realidades: la primera es que los cambios políticos, las reformas electorales hasta la llamada “alternancia en el poder”, que podría considerarse “democracia”, no han generado condiciones para el mejoramiento social y económico de la sociedad. La democracia electoral va por un camino y las condiciones sociales y económicas por otro, no en paralelo, sino hasta tomando distancia. Esto, a la vez que se ha agravado, ha hecho resurgir con fuerza formas del pasado inmediato como el clientelismo y el corporativismo. Todas las fuerzas políticas sin excepción, desde el nivel municipal al nacional, han reproducido estas formas y han utilizado los presupuestos públicos, para sostener sus posiciones políticas como reparto del territorio.

La segunda característica de la situación que vive México en crisis permanente es que la oligarquía local se ha beneficiado a lo largo de estos 32 años de crisis, pues lo mismo se benefició del estatismo y la economía mixta, de las devaluaciones, de las políticas de ajuste y la austeridad, de las nacionalizaciones y las privatizaciones que de la apertura comercial y la sustitución de importaciones, creando una fuerza autónoma aliada al exterior que dirige y controla los medios, al gobierno, los partidos y la política.

El resultado de este país gobernado desde la oligarquía sin reglas y bajo la discrecionalidad de sus intereses inmediatos es una nación sin perspectiva, donde la conciencia de la crisis y de que México está paralizado ha generado, más que una conciencia democrática avanzada y progresista, promotora de cambios, un resurgimiento y una nostalgia por el viejo régimen.

Los profundos errores estratégicos, programáticos e históricos de la campaña y la elección de 2006 han generado más que condiciones “subjetivas” para la necesidad de cambio, una disputa por las formas y nostalgia por el viejo régimen priísta. Desde ese año y como tercera fuerza, el PRI gana elecciones locales, controla la mayor parte del territorio, es el beneficiario directo de los excedentes petroleros, reparte obras y contratos, cambia petróleo por cemento y es el eje central de las reformas legislativas ante la posición claudicante de dejar tirado el campo de batalla político, opositor y legislativo frente al poder formal.

De poco ha servido la conciencia sobre la crisis económica crónica y ésta como autoría de quienes ejercen el poder, si desde el ámbito político progresista no existe un proyecto, programa, tesis, horizontes ni ideas más que las de convencerse a sí mismos de que “todo está mal” y de que sólo llegando al poder presidencial (ese viejo espantajo, símbolo del poder absoluto del viejo régimen) se podrán resolver los problemas de México.

No se desarrollan condiciones subjetivas para el cambio, porque, pese a la gravedad del país, no hay consecuencia entre lo que se dice y se hace, y porque se ha permitido que las fuerzas conservadoras, los viejos intereses, se hayan posicionado mejor no sólo para resistir, sino para conducir los cambios. Ésos son los caminos torcidos de la crisis.

PD. Para el entrañable Víctor Hugo y Alejandro Aura.

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Luis Hernández Navarro

La crisis del Partido del Trabajo

El conflicto larvado que durante varios años atravesó al Partido del Trabajo (PT) se hizo público la semana pasada. Una de las corrientes en pugna, la Unión Democrática Nacional (UDN), presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una demanda para que se declare nulo el séptimo congreso nacional de ese instituto político. Argumenta que no se reunió el número de delegados necesarios para su realización.

El pleito interno tiene una larga historia y responde a un problema de poder entre los grupos que forman el partido. Los integrantes de la UDN han sido desplazados de la mayoría de los órganos de dirección del instituto político y en los espacios que éste ocupa en el Poder Legislativo. Las diferencias nada tienen que ver con una posible injerencia del gobierno federal o con distintas posiciones acerca de la lucha contra la privatización del petróleo.

En las elecciones federales de 2006 el PT se integró a la Coalición por el Bien de Todos. Como parte del acuerdo que selló la alianza se le reconoció el mejor resultado electoral de su historia: 6 por ciento de la votación. Gracias a ello obtuvo 15 diputaciones y dos senadurías. Al poco tiempo, dos de los diputados de Guerrero abandonaron las filas del partido y se integraron al de la Revolución Democrática (PRD) y a Convergencia, de manera que su grupo parlamentario se redujo a 13 legisladores. En la Cámara de Senadores, Andrés Manuel López Obrador presionó a sus correligionarios con el objetivo de que les prestaran tres legisladores para tener una fracción propia.

El PT se constituyó el 8 de diciembre de 1990 en el cine Ópera de la ciudad de México. Sus fundadores fueron militantes provenientes de diversas organizaciones sociales, básicamente del movimiento urbano popular y, en menor medida, del movimiento campesino y magisterial, todos vinculados a la lucha reivindicativa gremial: algunos pertenecientes a grupos con muchos años de lucha, y otros, miembros de membretes creados para la ocasión; casi todos localizados en el norte del país. Durante años, estas fuerzas habían despreciado la lucha electoral.

Políticamente, la mayoría de estos agrupamientos fueron promovidos por la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, pero en el nuevo proyecto se incorporó también el CDP de Chihuahua, núcleos organizados por la Línea Proletaria, el FMIN y la Coordinadora Proletaria.

El 22 de enero de 1991 el PT obtuvo su registro como partido condicionado. Casi siete meses después, durante las elecciones federales del 18 de agosto de ese mismo año, consiguió 263 mil 157 votos, esto es, 1.14 por ciento de la votación nacional. El porcentaje fue insuficiente para conservar su registro legal. El PT fue derrotado en su primera incursión electoral como partido nacional con registro. Tres años más tarde, impulsando la candidatura presidencial de Cecilia Soto, obtuvo su legalización plena.

En su nacimiento, el PT no fue una organización centralizada, sino una federación de varios partidos y organizaciones que se mantuvieron como tales al lado de los organismos internos del propio instituto político. Con el paso del tiempo, el poder fue pasando a las manos de Alberto Anaya, dirigente del Frente Popular Tierra y Libertad, de Monterrey, Nuevo León.

En la actualidad Anaya controla la dirección nacional del partido, su comisión coordinadora, su comisión ejecutiva, las finanzas, las coordinaciones parlamentarias en ambas Cámaras y la representación ante el Instituto Federal Electoral. Es el interlocutor principal del partido en las relaciones con otros agrupamiento políticos, con el gobierno federal y con personajes claves de la vida política nacional.

En la corriente que denuncia esta concentración de poder participan varios fundadores del partido. Representan entre 30 y 35 por ciento de sus afiliados y a estados tan importantes para la votación petista como Durango, Zacatecas, la mitad del estado de México y parte de Sonora, Hidalgo y San Luis Potosí.

La gota que derramó el vaso de las diferencias internas fue que –a decir de los disidentes– durante el séptimo congreso del partido, Anaya incrementó indiscriminadamente el número de comisionados políticos de la comisión ejecutiva, y aumentó a nueve los integrantes de la comisión coordinadora, nombrando en ella a personajes cercanos a él como el profesor chiapaneco Amadeo Espinoza, aliado de Elba Esther Gordillo. Simultáneamente dejó fuera de la coordinadora a líderes históricos como Marcos Cruz (de Durango) y Joaquín Vela (del estado de México).

Lo que hoy es la UDN tiene su origen en las elecciones de 2006. En aquel entonces sus integrantes buscaron impedir la alianza del PT con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), impulsada por Anaya con el argumento de que eso les garantizaba el registro mientras el PRD los excluía. El acuerdo no fructificó porque el tricolor no tenía posibilidad de hacerlo realidad, pues estaba coaligado con el Partido Verde y los gobernadores exigieron altas cuotas en las listas de candidatos.

Más allá de su discurso, desde su nacimiento el PT ha sido, fundamentalmente, una fuerza dedicada a la gestión de demandas sociales. A sus filas llegan regularmente prófugos de otras agrupaciones políticas en busca de espacios electorales. Ha ocupado, con mucho éxito, el espacio internacional que abandonó la izquierda comunista mexicana. Los seminarios que organiza con los partidos de la izquierda ortodoxa de todo el mundo son apreciados y reconocidos. Su compromiso con la lucha de López Obrador es, probablemente, mucho mayor que la del PRD. Su solidaridad hacia diversas luchas sociales es real.

El pleito dentro del PT es parte de la crisis y descomposición generalizada de nuestro actual sistema de partidos. La existencia de una legislación que garantiza el monopolio de la representación política en los partidos les asigna para su funcionamiento recursos millonarios, les hace innecesario rendir cuentas a sus votantes y ha hecho de todos los institutos políticos campo de batalla entre sus dirigentes.