Lanzada del narco contra Calderon

Itinerario Político

Por Ricardo Alemán Fuente: El Universal / Jueves 28 de agosto de 2008

Acaso habrá que empezar a tomar en serio las advertencias que un día sí y otro también lanzan Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho y el propio Andrés Manuel López Obrador —verdadera labor de zapa—, para promover la caída del gobierno de Felipe Calderón. Como si fuera un mero juego de palabras —sin duda irresponsable—, los políticos en cuestión no sólo apuestan a la caída de Calderón, sino que aseguran que su gobierno no llegará a las posadas y menos “cargará los peregrinos”. Temeraria venganza política a la vista de todos —que exhibe que la masa de la que están hechos los opositores aludidos es de lo más cuestionable en la política— y en la que hasta se barajan potenciales sustitutos del Presidente. Pero del despropósito político promovido contra Calderón por Muñoz Ledo, Camacho y AMLO —respuesta locuaz e irresponsable, de odio elemental, que dan los aludidos a la derrota electoral—, ahora saltamos los peldaños de la guerra del narcotráfico y de la lucha de policías contra ladrones, para llegar a una inédita lanzada del narcotráfico nada menos que contra el presidente Felipe Calderón. Es decir, que el poder fáctico, ilegal y terrorista del narco ya dejó atrás la lucha de sicarios contra policías de barrio, contra comandantes y jefes estatales policiacos; dejó atrás la lucha interna entre cárteles, las amenazas a alcaldes, gobernadores, legisladores y juzgadores, para lanzar sus baterías hasta lo más alto; nada menos que contra el jefe de las instituciones. El martes se vivió un inédito en la feroz lucha del Estado contra el narcotráfico, cuando en el corredor del golfo de México que forman los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, aparecieron en sus capitales y ciudades de mayor importancia nada menos que 27 mensajes en narcomantas —en parques, jardines, avenidas principales—, en donde los hermanos Beltrán Leyva le hablan al presidente Calderón para acusarlo, junto con su gobierno, generales y políticos, de proteger al cártel de El Chapo Guzmán. Pero más allá de la interpretación que harán los genios de la seguridad nacional del fenómeno mediático y de la campaña contra el presidente Calderón —por un poderoso grupo criminal formado de la reciente alianza de Los Zetas y los hermanos Beltrán Leyva—, el mensaje que queda entre los ciudadanos de a pie no resulta alentador. ¿Por qué? Porque en el ánimo colectivo queda la sensación de que el poder del crimen organizado es infinito al grado de hablarse de tú a tú con el mismísimo Presidente. Y frente a esa realidad, el resto de los mortales quedamos a merced de los criminales. ¿Qué lectura se puede hacer de la revisión de los 27 mensajes en cinco estados de la República? Un mensaje que asusta. Para esa alianza criminal el gobierno de Felipe Calderón es un aliado del cártel “de El Chapo Guzmán”. ¿Y eso qué? Pues casi nada, que para Los Zetas y los Beltrán Leyva, el gobierno de Calderón, las instituciones que preside, no son vistos como los jefes del poder constituido, sino que ven al gobierno de Calderón como aliado de sus enemigos. En pocas palabras, que el gobierno y el Estado mexicanos, y su jefe, el presidente Calderón —y el resto de las instituciones—, no serían tratados como representantes del poder institucional y de la ley, sino como parte de otro cártel, del bando enemigo. La guerra de Los Zetas y los Beltrán Leyva no sólo se concentrará en el combate contra El Chapo Guzmán, sino contra el gobierno federal, contra el presidente Calderón, contra las instituciones del Estado. Pero además, la campaña mediática desplegada en todo el golfo de México por Los Zetas y los Beltrán Leyva, el contenido que los traficantes le imprimieron a los mensajes, y la definición del gobierno de Calderón, como aliado de El Chapo, nos deja ver no sólo logística, sino diseño estratégico y político, y que esa alianza entre Zetas y Beltrán estarían proponiendo la guerra directa y abierta contra el gobierno de Calderón y, al mismo tiempo, un señuelo de negociación. Queda claro, según la estrategia desplegada por la alianza Zetas-Beltrán, que ese poder fáctico ilegal, criminal y del narcotráfico intenta lo mismo que otro poder fáctico, político que se mueve en la frontera de la ilegalidad y que se alimenta sólo del odio —más que una doctrina política—, y que lideran AMLO, Muñoz Ledo y Camacho. Por descabellado que se antoje, las alianzas políticas del FAP, por un lado, y Zetas-Beltrán Leyva, por el otro, le apuestan a derribar al gobierno de Calderón. ¿Y dónde queda el interés general de la nación? AMLO, Muñoz Ledo y Camacho juegan con fuego. ************* Ricardo Rocha Detrás de la Noticia 28 de agosto de 2008 ¡Que se vayan todos! Supongo que usted se refiere al presidente. No, no, qué va. Los ministros, los gobernadores y los alcaldes Era el grito de los argentinos en 2002 en los tiempos de Menem y Duhalde. Hablé con ellos lo mismo en sus bellas avenidas que en los arrabales de Buenos Aires: ¡Que se vayan todos! Supongo que usted se refiere al presidente. No, no, qué va. ¡Que se vayan todos! Los ministros, los gobernadores y los alcaldes. ¿Y qué de los congresistas? ¡Que se vayan todos! Que se vayan también los magistrados de la Corte y los policías y los jueces. ¡Que se vayan todos! Ese era el reclamo de cientos de miles en toda Argentina. Lo mismo me dijeron intelectuales en un café, que mujeres de todas las condiciones o hasta los pibes de la clase alta que andaban despellejando las paredes de anuncios de cartón para conseguir algún dinero. Allá el estallido social se produjo por la madre de todas las crisis económicas. Acá, aunque la economía tampoco anda nada bien, la motivación principal del hartazgo es otra: la peor crisis de inseguridad, injusticia, impunidad y criminalidad de que los mexicanos tengamos memoria. Es probable que nunca lleguemos al extremo de exigir “¡Que se vayan todos!”. Pero también es posible que rebasemos ese límite. Por lo pronto la distancia se acorta y se sintetiza en la ya célebre exigencia de Alejandro Martí: “¡Si no pueden, renuncien!”, expresada en una apresurada sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública ante la descomposición del escenario social en la mayor parte del país. Por supuesto que la intención mediática fue la de una imagen de cohesión y fortaleza de 50 notables para combatir —ahora sí— la violencia generalizada. Un evento desprovisto del elemento toral de la credibilidad por la sencilla razón de que varios de sus protagonistas están severamente cuestionados por abusos, tráfico de influencias y hasta sospechas de nexos criminales. Hubo gobernadores ahí presentes en cuyos territorios se ha multiplicado la presencia del narcotráfico. No faltaron funcionarios que han encubierto investigaciones criminales o enriquecimientos inexplicables de sus antecesores. A ver: ¿hay alguna investigación oficial sobre la ostensible riqueza de Marta, Vicente y sus hijastros? ¿Se puede creer en un pacto firmado por el gobierno represor de Ulises Ruiz? ¿Es posible confiar en un compromiso de lucha contra el secuestro avalado por Mario Marín, el secuestrador de Lydia Cacho? Seamos claros: el gran obstáculo para la justicia en México es el abuso sistemático del poder de los tres niveles de gobierno que usan a sus policías como ejércitos particulares y a los ministerios públicos, jueces y magistrados como gestores de sus intereses personales y políticos. En sentido contrario, los hechos y declaraciones oficiales recientes confirman una realidad devastadora: en México hay una justicia para los ricos y los poderosos y otra para los pobres y los jodidos. Los gobiernos todos se movilizan por un secuestro notable y nadie mueve un dedo por el regadero de muertos entre los miserables. En cambio, se aplica la ley de modo inhumano y absolutamente desproporcionado en el caso de Ignacio del Valle, el de Atenco, a quien se le ha sentenciado oficialmente a 112 años de prisión por retener unas horas a funcionarios públicos, pero con la evidente venganza política por haberse opuesto a la construcción de un nuevo aeropuerto. Ni una palabra sobre la miseria, la polarización social o el desempleo. Tampoco sobre los grandes beneficiarios del crimen organizado. Solamente una foto. Pero también una frase.